Los parlamentarios de oposición valoraron la decisión de la Contraloría de la República que dictaminó que "no se ajusta a derecho" el protocolo de objeción de conciencia por la Ley de aborto en tres causales.

El senador José Miguel Insulza sostuvo que "hoy se ha reconocido que instituciones privadas que reciben recursos públicos están obligados a atenerse a la ley y no pueden firmar convenios que pasen a llevar a esa ley".

Para Felipe Harboe no es posible tener dos discursos "por un lado recibir recursos públicos y por otro no asumir las políticas públicas. Creemos que la Contraloría ha actuado correctamente" Añadió que ahora se abre otro debate, respecto a que si médicos que trabajan en servicios de salud del Estado pueden acogerse a la objeción de conciencia.

El senador Juan Pablo Letelier indicó que "hoy hay  mujeres que van a poder ejercer este derecho en situaciones extremas, no deseadas".

Mientras que  Guido Girardi señaló que citarán al ministro de Salud, Emilio Santelices, al parlamento la próxima semana "porque le exigiremos al ministerio de Salud que implemente la obligación en todos los hospitales". Y agregó que el gobierno "nuevamente se tendrá que disculpar, así como lo ha tenido que hacer el ministro de Hacienda, como el presidente de la República, esperamos que este sea un buen gobierno".

El senador Alejandro Guillier "el dictamen de Contraloría sobre el Protocolo de Objeción de Conciencia en es rotundo: ¡la salud pública y los centros privados que reciban aportes fiscales deben resguardar los derechos de las mujeres! El ministro Santelices le debe una explicación al país", según publicó en Twitter.

https://twitter.com/guillier/status/994320195526250498

Mientras que por parte del oficialismo, Francisco Chahuán informó que "pediremos una reposición a la Contraloría, entregaremos nuevos antecedentes, vamos a insistir en el punto y estamos absolutamente convencidos que la objeción de conciencia de todo el personal sanitario que interviene en una prestación medica que debe estar garantizada por el Estado puede realizar una objeción de conciencia".