El pasado jueves 13 de octubre, a través de Twitter, se viralizó un video en el que repartidores de la Región de Tarapacá anunciaban un paro de sus funciones ante las reiteradas fiscalizaciones por parte de Carabineros: “La comunidad de acá de Iquique nos vamos a ver en la obligación de hacer un paro forzoso por lo que estamos pasando, las motos que tenemos detenidas, personas que tenemos licencias, otros que no tenemos documentación, pero igual estamos trabajando”, sentenciaba la mujer venezolana en el registro de 37 segundos.

En este contexto, el Presidente Gabriel Boric salió al paso de los reclamos y respaldó la gestión de las autoridades, advirtiendo que “Carabineros de Chile cuenta con todo nuestro respaldo para fiscalizar que la ley se cumpla. Y eso aplica para todos sin privilegios de ningún tipo. En Chile quien no cumple la ley debe responder ante la justicia, le guste o no”.

En cuatro años, la fiscalización de motociclistas ha aumentado en un 434% (periodo enero-septiembre), pasando de 3.867 controles en 2018 a 20.660 en 2022. Mientras que de los 5.718 vehículos retirados de circulación este año, 4.308 corresponden a automóviles y 1.002 a motocicletas; el resto (408) corresponde a otros vehículos motorizados. Óscar Carrasco (PPD, 49), quien asumió el 1 de agosto como secretario ejecutivo del Programa de Fiscalización del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), explicó que los esfuerzos se han centrado en este medio de transporte por su notable aumento e ilegalidad durante los últimos años.

El exsubsecretario de Prevención del Delito abordó los avances que busca desarrollar el programa en conjunto con los municipios y Carabineros, además de explicar el aumento del transporte ilegal en los últimos años y cómo la aprobación de la ley que busca la creación de un Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI) puede contribuir a la seguridad en el transporte de las calles de Santiago y el resto de las regiones.

¿Cuál es el enfoque que le quiere imprimir al programa de fiscalización?

Son cuatro. El primero es un marcado trabajo de fiscalización en el transporte público a través de condiciones de seguridad de las máquinas, uso del cinturón de seguridad, documentación correspondiente en las casi 5.000 máquinas de buses Red de la Región Metropolitana, como del parque de cerca de 4.000 buses interurbanos en Chile, transporte rural y en regiones; el segundo tiene que ver fundamentalmente con el correcto uso del espacio público; el tercero es sobre cómo aplicamos la fiscalización y, por último, el cuarto enfoque es la automatización, como el uso de cámaras, las que a la fecha han ayudado a identificar de forma minuciosa las infracciones.

¿El aumento de las motos se ha dado principalmente por el delivery?

Hay varios factores: el costo, la facilidad y el delivery. Pero el problema para nosotros no es tanto eso, sino que el objetivo que estamos abordando como programa tiene más bien que ver con que los conductores de las motos cuentan con serios problemas. Al fiscalizar hemos encontrado motocicletas no homologadas en el mercado, es decir, ilegales, sin la correspondiente documentación y en condiciones no adecuadas para funcionar en muchas calles.

¿Qué medidas se están tomando para fiscalizarlas?

El trabajo sistemático con los municipios permite tener más control. Por eso nuestro trabajo es estratégico con las municipalidades, porque tanto carabineros, inspectores municipales, como nosotros tenemos atribuciones similares en la materia. Por tanto, al trabajar en conjunto podemos cubrir mejor el territorio y hacer mejor la fiscalización en la vía pública.

¿Cómo funciona ese trabajo en conjunto?

Estamos desarrollando un piloto estos últimos 30 días con 27 municipios de la Región Metropolitana y sus inspectores municipales, ya sea de las direcciones de seguridad e inspección, de las direcciones de fiscalización o de las direcciones de tránsito. Es un trabajo integral a nivel de los territorios y si este piloto resulta como creemos, la idea es extenderlo a nivel de capitales regionales y provinciales. Porque la figura de los inspectores municipales no existe en forma homogénea en todo el país. Hay alguna comunas que tienen una mayor presencia de ellos, otras no tienen, pero a lo menos sí sabemos que a nivel metropolitano, capitales regionales y provinciales su presencia es notoria.

¿Cree que estas medidas de fiscalización se deberían haber implementado antes?

Esto viene del año 2015, 2016, 2017. Lo que pasa es que la Ley CATI ha tenido una tramitación lenta, lleva muchos años. A mí me correspondió como jefe de gabinete del ministro de Transportes Andrés Gómez-Lobo (2014-2017) apoyar la tramitación en el año 2015 y 2016 y lo que han señalado los especialistas en el área es que la clave es la automatización a través de este sistema electrónico, porque impacta fundamentalmente en una menor siniestralidad y en menos muertes. De hecho, para nosotros como programa es fundamental el avance de ese proyecto de ley, porque viene a abordar un fenómeno que es reconocido por todos, que es el exceso de velocidad en nuestro país. A nivel urbano, es necesaria, clave y útil la fiscalización de exceso de velocidad y así lo han demostrado países como Francia y España.

La evasión también es un tema delicado. ¿Cómo trabajan ese tema?

Nosotros desarrollamos la fiscalización en el sistema Red: vemos TNE (Tarjeta Nacional Estudiantil), tarifas de adulto mayor, subsidios. Pero sí, nosotros continuamos en la fiscalización de la evasión en el sistema Red de la región y es una línea de trabajo que se ha mantenido en los últimos años y sigue siendo un foco de atención de nuestro programa con toda la complejidad que pueda tener el desarrollarlo.

¿Y cómo se enfoca el programa para tratar de terminar con la evasión en el transporte público?

Más que terminar con la evasión, nuestros planes van a trabajar sobre expandir más nuestro trabajo de fiscalizaciones a la evasión. Queremos aumentar nuestra fiscalización, pero para poder desarrollarla necesitamos de la presencia de Carabineros y entendemos que hoy tiene focos prioritarios en orden público o en otras demandas que le requiere el Estado (...). Tenemos múltiples tareas y una de estas es la fiscalización de la evasión y vamos a seguir trabajando en ello. Son las orientaciones que nos ha dado la autoridad, tanto el ministro de Transportes como el subsecretario.

Se ha dicho que frente a la fiscalización de aplicaciones de delivery o transporte de pasajeros como Uber no se puede hacer mucho, pues existe un vacío legal...

Como programa de fiscalización ahí no hay un vacío legal, (ellos) son ilegales. Ese modo de transporte de estas aplicaciones es ilegal. Nosotros le denominamos informalidad y las trabajamos diariamente y estamos haciendo control de infracciones y, en los casos que amerite, retiro de estos vehículos.

A su juicio, ¿por qué cree que la informalidad en el transporte ha aumentado durante los últimos años?

Hay mayor acceso, hay un parque automotriz más grande, ya hubo mayor acceso a los vehículos y eso ha generado una mayor oferta de este tipo de servicio a nivel de Región Metropolitana y otras ciudades. No solo en la informalidad ha aumentado, en general es mucho más grande.

Entre los datos que manejan, ¿hay mayor fiscalización a extranjeros?

No hacemos esa distinción, sino que estamos orientados a la fiscalización de la Ley de Tránsito y Transporte, y ahí el conductor tendrá que contar con lo que nos interesa que es: licencia de conducir adecuada, homologables y con la documentación correspondiente del vehículo. Y ahí son varias, como el permiso de circulación, la revisión técnica y las condiciones de seguridad de la máquina de los pasajeros.