El 17 de febrero de 2021 desapareció Tomás Bravo en el sector de Caripilún, en la ruta que une Lebu con Arauco, en la Región del Biobío. Luego de nueve días de intensa búsqueda, el menor de tres años fue encontrado sin vida. A un año de aquello, hasta ahora sólo existe un imputado en esta causa: Jorge Escobar, tío abuelo del niño.

Osvaldo Pizarro es el defensor regional del Biobío y quien asumió los alegatos de Escobar, quien fue detenido el mismo día del hallazgo del cuerpo de Tomás Bravo y, posteriormente, formalizado ante su presunta participación en la muerte del menor. Actualmente, Escobar se encuentra en libertad y sin medidas cautelares luego de que la Corte de Apelaciones de Concepción revocara su prisión preventiva.

Tras un año de indagatorias, la investigación aún no concluye. Esto, incluso llevó a que la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, hiciera un mea culpa desde el Ministerio Público. En entrevista con La Tercera, Pizarro, quien pertenece a la Defensoría Penal Pública, asegura que su cliente ha vivido “injustificadamente un escarnio público”.

La desaparición y muerte de Tomás Bravo continúa siendo investigada. El plazo para las indagatorias, según la defensa de la familia, podría extenderse debido a nuevas pericias que se realizarían en el caso.

Ha pasado un año desde el comienzo de la investigación, pero hasta ahora su cliente, Jorge Escobar, sigue en calidad de imputado a pesar de estar en libertad y alegando inocencia desde el comienzo de la investigación. A su juicio, ¿por qué mantiene esa calidad?, ¿qué esperan que ocurra para revertirla?

La condición y permanencia en calidad de imputado del señor Escobar, está dada por ser la única persona contra la cual se formalizó e imputó responsabilidad en esta investigación criminal. La misma cesará cuando se ponga término a esta investigación: ya sea por sobreseimiento definitivo o por sentencia absolutoria. Pero aún más relevante es que durante todo el tiempo que esta investigación se mantenga vinculada al imputado, se respete la presunción de inocencia. No sólo por el Ministerio Publico o la judicatura, sino también por toda persona, institución, medio de comunicación y órgano del Estado.

A comienzos de diciembre, Escobar se sometió a una toma de muestra capilar. Ustedes, como defensa, previamente interpusieron un recurso de amparo. ¿Por qué se opusieron a esta pericia?

Desde el primer día que asumimos este caso hemos sostenido, fundadamente, los problemas vinculados a la prueba pericial. Hemos destacado dos situaciones: la primera es el uso de un conjunto de pruebas periciales de baja confiabilidad, especialmente por estar fundadas en disciplinas de escaso rigor metodológico o científico. Un ejemplo de ello fue la determinación de data de muerte a través de pruebas entomológicas, lo que el propio Ministerio Publico estimó como poco confiable.

¿Cuál fue el segundo problema que detectaron?

El testimonio pericial inválido o extralimitado, donde peritos que ejercen disciplinas que no presentan problemas de confiabilidad importante, tienen la tendencia a realizar afirmaciones y entregar conclusiones que no cuentan con apoyo empírico en su respectiva disciplina. Es precisamente esta la hipótesis de este caso, que ocurre con el denominado “morfológico de pelo”. Por ello hemos demostrado que los comparativos morfológicos de pelo están limitados desde el año 2019 en la comunidad científica internacional, pues solo permiten afirmar si un pelo es humano o no, si fue cortado o no, si está teñido o dañado. Pero jamás para generar algún tipo de identificación. Esa identificación es única y exclusiva de los comparativos de ADN y fue por eso que probanzas indiciarias de estas características nos exigían oponernos. Debíamos evitar su realización por ser arbitraria y por carecer de razonabilidad y justificación.

¿Por qué terminaron accediendo?

Luego que el Ministerio Publico, en la instancia judicial respectiva, informó que esas muestras serían sometidas a exámenes de ADN, y que con el mérito de ello la Corte de Apelaciones de Concepción ordenó la realización de esta diligencia, la defensa cumplió lo mandatado inmediatamente, dejando siempre a salvo la posibilidad de volver a debatir respecto de la fiabilidad científica de este comparativo de pelo en las próximas etapas procesales que vengan. Las garantías de un debido proceso y exigir una investigación racional, nos exige en todo momento controlar la calidad de información que emana de los peritos y otros medios probatorios.

Ahora que ya está realizado dicho examen, ¿qué esperan de la investigación?

Esperamos prontamente que la etapa de recolección probatoria concluya, para luego cerrar esta investigación respecto de don Jorge y lograr un sobreseimiento definitivo, o una sentencia absolutoria para que con ese resultado pueda iniciar un camino de reconstrucción de su vida personal, familiar y laboral, luego de haber vivido injustificadamente un escarnio público.

La fiscal regional hizo un mea culpa durante su cuenta pública y reconoció errores en la investigación. ¿Cómo califica el trabajo del Ministerio Público hasta ahora y luego de un año de comenzado el caso?

Es indudable que esta investigación criminal tiene características complejas y que parte de dichas complejidades surgen precisamente por problemas derivados de la falta de confiabilidad en la información que derivó de ciertas diligencias investigativas policiales, como otras de carácter pericial. Por lo mismo, el hecho que la fiscalía reconociera estos errores es un avance y que la pesquisa de los mismos permitirá generar, en su momento, correcciones importantes a los protocolos y procedimientos policiales y periciales, que son trascendentales para el buen funcionamiento de nuestro sistema de justicia criminal. Pero, además de ello, esperamos que la develación de la información que hoy se encuentra reservada, o los resultados de las pericias pendientes, o nuevas, que se realicen necesariamente, cumplan con altos estándares de calidad científica y metodologías internacionalmente validadas, para permitir extraer de ellos conclusiones fiables que confirmen la inocencia del imputado.

Ella aseguró que los errores fueron al comienzo de la investigación. Según usted, ¿aquello incluye la supuesta culpabilidad y detención de su cliente?

Detener, incriminar y privar de libertad a una persona inocente, siempre será un error. Esa premisa, aplicada a este caso, nos lleva a la misma conclusión. Toda vez que al señor Escobar se le imputó la comisión de uno de los delitos más graves que la legislación sanciona. Habiéndose pedido su prisión preventiva, la misma fue desestimada por tribunales por ausencia de medios probatorios para sustentarla. Y que, al día de hoy, lo mantienen sin ninguna medida cautelar. Por lo mismo esperamos que estos errores no se repitan y que cualquier imputación se sostenga siempre en evidencia científica seria, confiable, acreditada e irrefutable.

Según la misma persecutora regional, hay seis pericias por realizar todavía. ¿Alguna de esas indagatorias involucra a su cliente?

Desde el momento en que la única persona que tiene la condición de imputada en la investigación es el señor Escobar, sumado a que desde el inicio de la investigación se ha recurrido al secreto de determinadas piezas investigativas, que nos impiden conocer su contenido, solo nos queda creer que, en cumplimiento del deber de objetividad de la fiscalía, dichas diligencias están dirigidas a investigar todas las variables posibles en este caso. Lo importante y trascendental para la defensa, y para cualquier persona, es que la investigación no se centre en buscar ratificar la imputación inicial. Si no más bien en determinar, científicamente, la verdad de lo ocurrido como lo exige el mandato legal de racionalidad y justicia.

La mamá del menor asegura que la investigación está en nada. ¿Comparten esa apreciación?

Comprendemos y lamentamos el dolor que doña Estefanía y el que toda su familia tiene y siente al día de hoy por la incertidumbre de no tener una respuesta jurídica al caso. Y, en especial, a un responsable de todo. Pero nuestro deber constitucional, y legal, es velar por los intereses de nuestro cliente. Ello nos impide hacer cualquier apreciación en ese sentido.