Otro golpe para ProCultura: Minvu pone fin a convenios suscritos en Antofagasta por $ 500 millones

ProCultura sigue sumando reproches en el marco del denominado caso líos de platas. A la querella interpuesta en su contra por parte del Gobierno Regional de Antofagasta por apropiación indebida -por la no restitución de más de $ 370 millones- ahora se suma un nuevo flanco: la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda, de la misma ciudad también, determinó poner término anticipado a convenios suscritos con ellos y la devolución de los dineros involucrados.

Según datos recabados por La Tercera, fue el pasado 2 de noviembre que la citada repartición regional dictó las cuatro resoluciones que finiquitaron todos los convenios de transferencias que se tenían en la zona con la ONG encabezada por Alberto Larraín, y que en suma alcanzan los $500 millones.

De acuerdo con el detalle, las determinaciones ponen fin de inmediato a los contratos que la cartera había suscrito con la fundación el 21 de septiembre de 2022, para la “implementación y ejecución de una intervención socio territorial para las familias de asentamientos precarios (…) para mejorar el estándar de habitabilidad en un corto tiempo”.

La decisión, como informaron desde el Minvu, se basa en que la fundación en cuestión incurrió en una serie de incumplimientos. Entre ellos, precisaron, se constató atraso y ausencia en la entrega de rendiciones financieras, actividades pendientes de la primera etapa del proyecto y el arriendo de oficinas, lo cuales excedieron “con creces el valor de mercado de los inmuebles del sector”.

De hecho, agregaron desde la Seremi, hace semanas que exigieron la restitución de $ 54 millones que la entidad privada supuestamente había destinado al ítem arriendo, aunque a la fecha eso no se ha materializado. De esta forma, invocando los mismos términos dispuestos en los convenios suscritos, la repartición decidió no seguir adelante con ellos.

Consultado al respecto, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, indicó que “esta acción es parte del conjunto de medidas que hemos llevado adelante en el Ministerio para regularizar la relación con las fundaciones y que se concentran en la Agenda de Modernización, Probidad y Transparencia que presentamos a principios de agosto”.

En el mismo sentido, recalcó: “lo hemos dicho, lo hemos hecho y esto lo comprueba, vamos a tomar todas las acciones para corregir las distorsiones de un mal sistema como los incumplimientos de algunos convenios”.

Ahora, la repartición tiene un plazo de 10 días para emitir la liquidación de los tratos e informar si la fundación liderada por Larraín tendrá que devolver parcial o totalmente los recursos.

Además del caso particular de Antofagasta, ProCultura es blanco de indagaciones del Ministerio Público en otras regiones del país, dado que desde 2010 ha suscrito una serie de convenios con entidades gubernamentales: gobiernos regionales, subsecretarías, seremías, municipios y otros. Y también, por lo demás, es foco de pesquisas que, en paralelo, está llevando a cabo el Ministerio de Justicia, que revisa si han cumplido con su objetivo social y si funcionan o no como institución sin fines de lucro

De acuerdo con el Registro de Colaboradores del Estado, la mencionada fundación ha recibido 79 transferencias de organismos gubernamentales por casi $ 5 mil millones.

De todas maneras, en diferentes oportunidades la entidad ha salido a defender sus labores y a remarcar su trayectoria. De hecho, ha sido de las pocas entidades que han tomado acciones en medio del caso. Primero interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de Antofagasta por presunto “engaño” de los organismos, y más tarde, a fines de agosto, presentaron un recurso de protección en contra del Gobierno Regional de Aysén por supuesto freno en la entrega de fondos comprometidos.