Mientras en el Congreso sigue en debate la reforma al sistema de notarios y conservadores —que busca modernizarlo y hacerlo más transparente—, el Poder Judicial ha debido revisar denuncias por posibles faltas cometidas por titulares de notarías en distintas partes del país.

Y es que no solo la Corte Suprema avanzó este lunes en la destitución de Félix Jara Cadot tras acreditar que autorizó escrituras con firmas falsas, pues la Corte de Apelaciones de Santiago ha hecho lo propio respecto de Álvaro González Salinas, titular de la 42a. Notaría de Santiago.

Según antecedentes a los que tuvo acceso este medio, a comienzos de abril y tras un sumario encabezado por el fiscal judicial del tribunal de alzada capitalino, el pleno de la misma instancia ordenó la apertura de un cuaderno de remoción a su respecto.

Esto, luego de constatar que el mencionado notario visó una serie de escrituras públicas falsificadas. Por lo mismo, junto con dar curso al proceso que podría terminar con su destitución, la Corte dictó su inmediata suspensión.

González Salinas intentó frenar el proceso de remoción apelando ante la Corte Suprema. Sin embargo, el máximo tribunal confirmó la medida y dio curso a la determinación.

En medio de la revisión que ahora deberán hacer los magistrados, podrán solicitar una serie de antecedentes y la defensa del aludido pedir alegados. Y si se zanja su salida del cargo, podrá apelar nuevamente ante la Corte Suprema, instancia que tiene la última palabra.

La lupa del CDE

El actuar de Álvaro González Salinas no solo es analizado desde la perspectiva disciplinaria en la Corte. A fines de 2024 una serie de antecedentes también se pusieron en conocimiento del 7° Juzgado de Garantía de Santiago por vía de una querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Por medio de dicha acción, se responsabilizó al abogado como autor del delito de falsificación documental de los notarios. En concreto, se expusieron cinco casos donde no actuó conforme lo exige la norma.

El organismo liderado por Raúl Letelier, como se precisa en el texto de la querella, determinó que el aludido “no acreditó la identidad en la forma prevista en la ley y pormenorizada en el Auto Acordado N°1.148 de la Corte de Apelaciones de Santiago, faltando con ello a sus deberes funcionarios que revisten de autenticidad a los instrumentos otorgados en el ejercicio de su función, configurando de ese modo la infracción de deber que fundamenta la figura típica".

Aquello dio pie a que terceros intentaran usurpar ilegalmente las propiedades de los afectados por la falsificación.

Casos que no avanzaron

Si bien en los casos de Jara Cadot y González Salinas las medidas disciplinarias han ido avanzando en las respectivas cortes, distintos abogados exponen que en otros casos simplemente se ha permitido que se mantengan ciertas irregularidades.

Cuestionan, por ejemplo, lo sucedido en la Corte de Apelaciones hace pocos días respecto del notario Francisco Leiva Carvajal, quien fue sobreseído en la investigación interna que se inició en su contra por filtrar antecedentes reservados al exministro de ese tribunal de alzada Juan Poblete Méndez.

Según publicó el medio Biobío, en ese caso la indagatoria se cerró sin que el fiscal judicial consiguiera probar o descartar los hechos.

En el mismo sentido, abogados entendidos en la materia también recuerdan un caso analizado a partir de 2019 y de características similares al de Jara Cadot. En esa oportunidad el 29° Juzgado Civil de Santiago rechazó una demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra de Roberto Cifuentes Allel, a quien se le responsabilizaba de la inscripción irregular de la compraventa de un inmueble.

Se advertía suplantación de identidad, uso de documentación falsa y otras irregularidades, pero el juzgado determinó que el notario había obrado diligentemente, lo que fue ratificado por la Corte de Apelaciones en enero de 2021 y luego por la Corte Suprema en septiembre del mismo año.

De acuerdo con la resolución del máximo tribunal, correspondía confirmar lo dictaminado por el tribunal de alzada, que concluyó “que no existe conducta dolosa o culposa imputable al demandado”.

Nuevo sistema

¿Por qué ha costado tanto modernizar el sistema a fin de evitar casos como estos y que no se fijen responsabilidades y sanciones? Según el economista Claudio Agostini, hay principalmente dos razones.

La primera, asegura, porque “es muy buen negocio ser notario y, por eso mismo, los notarios van a defender sus rentas haciendo todo el lobby posible y presionando para que no tengan más competencia y sus rentas disminuyan. La segunda, es que hay demasiados vínculos entre los notarios, los ministros de las cortes de Apelaciones que los nombran y los parlamentarios. Hay parlamentarios que tienen parientes que son notarios y no se inhiben de participar y votar en la discusión legislativa, a pesar del evidente conflicto de interés”.

Y agrega: “no es transparente ni tenemos información respecto a si los notarios financian las campañas de algunos parlamentarios, así que puede haber más conflictos de interés que los que sabemos”.

De acuerdo con datos de la Fundación América Transparente de 2021, el 40% de los notarios tiene algún grado de parentesco con miembros del Poder Judicial o del Congreso, por lo que se insiste en que el sistema debe ser reformado cuanto antes.