El coronavirus es un peligro para varios grupos de riesgo de la población, entre ellos, los pacientes que viven con VIH/Sida. Por eso, el Colegio Médico propuso en mayo que la red de salud entregue “el tratamiento antirretroviral por al menos tres meses por adelantado”, como recomienda el Programa de la ONU para el VIH/Sida (Onusida)

Pero varios pacientes advierten que el tratamiento sigue siendo para un mes. Uno de ellos es Víctor Hugo Robles, quien a inicios de mes presentó un recurso de protección contra el Ministerio de Salud, ya que el 20 de mayo el Hospital San José le entregó el tratamiento solo por un mes, lo que le obligaba a acudir más veces al recinto, exponiéndose a contagios.

El 19 de junio, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la orden de no innovar y ordenó que el ministerio “haga entrega al recurrente, en una única entrega, de su terapia de medicamentos para el VIH por los próximos tres meses, en atención a la actual situación sanitaria del país”, lo que ocurrió esta semana.

Esto destapó otros casos de pacientes que tampoco estaban recibiendo el medicamento por el tiempo recomendado. Uno de ellos es Carlos Monsalve, de Concepción, quien también acudió a la justicia luego de que se le entregara el medicamento por un mes. “En mi condición de persona VIH positiva, soy doblemente vulnerable a las complicaciones clínicas del coronavirus, exponiéndome incluso a la muerte”, dice.

El martes, la Corte de Apelaciones de Concepción también ordenó que el ministerio adopte “las providencias necesarias para garantizar la entrega de terapia para el VIH, por un plazo mínimo de dos meses”.

La misma acción judicial interpuso Felipe Díaz, de Iquique, quien dice que los últimos tres meses acudió al hospital regional “para retirar los medicamentos necesarios para mi tratamiento VIH, y en todas las ocasiones se me ha entregado la cantidad necesaria para solamente un mes”, por lo que pide que se sigan las recomendaciones internacionales.

En marzo, la Central Nacional de Abastecimientos (Cenabast) realizó un chequeo en los laboratorios para asegurar los medicamentos por al menos tres meses para los enfermos crónicos, adultos mayores, beneficiarios de la Ley Ricarte Soto, del Programa GES y pacientes de VIH. De esta forma, las personas podrían retirar todos los fármacos y evitarían exponerse.

Robles, el paciente que obtuvo el tratamiento trimestral a través de la justicia, dice que “al parecer Chile no estaba preparado para aplicar esta recomendación de Onusida. El tratamiento es caro, pero es ilógico tener que ir todos los meses a buscarlo y exponerse”.

En el caso judicial de Robles, la Subsecretaría de Salud Pública emitió el martes un informe, a petición de la Corte de Apelaciones de Santiago, con los argumentos por los cuales consideraba que se debía rechazar el recurso de protección del paciente.

El documento explica que la Subsecretaría de Redes Asistenciales instruyó el 7 de abril la entrega trimestral de medicamentos, lo que “debe realizarse de acuerdo a la disponibilidad de stock, frecuencia de reposición, capacidad de almacenamiento en las redes” y que “podría ejecutarse mediante el adelanto de las entregas de medicamentos”.

Además, el informe plantea que “una interpretación extensiva de la parte recurrente (el paciente), y de las Cortes de Apelaciones, en cuanto a conceder la acción constitucional, traería consigo no solo una desigualdad respecto de otros pacientes que se encuentran en una misma situación de riesgo, es decir que padecen VIH, sino también respecto de otros enfermos crónicos”.

Las autoridades también han sido consultadas por el tema. El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió el domingo a la orden judicial que ordenó la entrega trimestral de fármacos y dijo que se reunió con el director de la Cenabast, quien le informó “que no hay quiebre de stock, que se están entregando los medicamentos contra el VIH de forma correcta, pero vamos a chequear, es un tema muy importante”.