Desde su origen, el 13 de julio pasado, el Pacto Mundial sobre Migración -acuerdo de Naciones Unidas que surgió "para ayudar a aprovechar los beneficios de la migración y proteger a los inmigrantes indocumentados"- ha provocado debate y controversia. Esto, porque el texto del pacto fue acordado en su momento por todos los países miembros de la ONU, con la excepción de Estados Unidos. Pero con el correr de los meses varios Estados decidieron restarse de la ratificación del pacto, que no es vinculante.
El acuerdo migratorio se estructura sobre 23 grandes objetivos, como "la cooperación para abordar las causas que motivan la migración o mejorar las vías de migración legal. Pero también hay compromisos concretos, como medidas contra la trata y el tráfico de personas, evitar la separación de las familias, usar la detención de migrantes solo como última opción o reconocer el derecho de los migrantes irregulares a recibir salud y educación en sus países de destino".
Aduciendo diversas justificaciones, además del EE.UU. de Donald Trump, otros 12 países -incluyendo Chile- se han desmarcado. Tal es el caso de Austria, Hungría, Italia, Polonia, Estonia, Bulgaria, República Checa, Suiza, Israel, Australia y República Dominicana. Algunas de estas naciones han justificado su nueva posición al considerar que el pacto migratorio es incompatible con su soberanía o que "podría tener un efecto de incitación de la inmigración ilegal". Incluso ayer, la coalición de gobierno de Bélgica se quebró, luego de que el primer ministro Charles Michel decidiera firmar el acuerdo.
La representante especial para la migración internacional, Louise Arbour, que presidirá la conferencia de Marrakech de hoy y mañana, dijo en su momento que "todos estos países estaban en la mesa cuando se adoptó el Pacto Mundial". Así, consideró que "el espíritu del multilateralismo se ve muy seriamente afectado". A su vez, el eslovaco Miroslav Lajčák, extitular de la Asamblea General de la ONU, ha dicho que la iniciativa no busca incentivar la migración ni impedirla. Amnistía Internacional Chile, por su parte, calificó de "alarmante" la decisión del gobierno chileno.
