"La Congregación de los Hermanos Maristas ha tenido como principio esencial creerles a quienes han señalado ser víctimas, antes de cualquier otra consideración. Por eso, esta denuncia, hecha llegar en 2015 por un exalumno adulto, que dio cuenta de una situación que le habría ocurrido cuando estaba en el colegio, no se puso en duda y se buscó ayudarle de inmediato en todo. También se le ofreció ayuda legal, para que hiciera sus denuncias ante los tribunales, lo que él y su familia rechazaron".
Esta fue la respuesta oficial, entregada por la entidad religiosa a La Tercera, sobre una situación compleja y que es analizada por el Ministerio Público: el pago de $ 50 millones a una presunta víctima de abusos sexuales por parte de un miembro de la orden.
La decisión fue explicada por la congregación en los siguientes términos: "El afectado señaló que había incurrido en importantes gastos para tratamientos de salud, que se habrían derivado de los hechos que relataba, y ante una estimación de esos montos, se le compensó sin investigar ni verificar el relato, actuando solo en base al principio sicológico de acoger a quien manifiesta un abuso en su infancia. Esto, sin poner en duda su relato".
Dineros
Los cuestionamientos a esta agrupación religiosa comenzaron en agosto del año pasado. Ese mes, la entidad, a cargo de 12 establecimientos educacionales, emitió un comunicado reconociendo el caso del hermano Abel Pérez, quien, según su propia confesión, habría abusado de exalumnos del Instituto Alonso de Ercilla y del Colegio Marcelino Champagnat. Hoy existen cerca de 15 exestudiantes que dicen ser víctimas, mientras que los nombres de ocho religiosos fueron denunciados al Ministerio Público por la propia orden.
En medio de esa vorágine, ya se ha dado a conocer el caso de un pago, por parte de la congregación, a Hernán Martínez por $ 75 millones, como una forma de indemnización respecto de lo que él habría sufrido como víctima de abusos de religiosos maristas.
Esta persona se presentó como vocero de otros afectados y habría asegurado que el dinero era para apoyar a ONG ligadas a la protección de los derechos de la niñez. La suma se entregó en 2017.
Sin embargo, según ha explicado la misma congregación, no se pudo constatar que esta persona efectivamente representara a quienes decía representar, ni que hubiera entregado el dinero a alguna ONG. Y se denunció el caso a la fiscalía.
Pero esa era la segunda entrega de dinero. La primera fue aquella de los $ 50 millones en 2015. Y ahora no solo genera un cuestionamiento respecto de con qué objetivo se le da una suma de dinero tan alta a una persona que acusa de abusos a un religioso. También habría gatillado que el fiscal que lleva la causa -aún desformalizada-, Guillermo Adasme, indague quiénes autorizaron esos pagos y firmaron los cheques, y quiénes están detrás de estas decisiones monetarias.
La Congregación de los Hermanos Maristas sostuvo que "indudablemente fue un error legal no haber informado de inmediato a la autoridad para iniciar investigaciones a fin de establecer la veracidad de los hechos. No obstante, en este caso, en particular, hubo una negativa expresa de la familia para hacerlo. Esa ayuda económica fue visada por el abogado de la congregación y en ese momento seguimos su consejo".
Se añadió que "no hemos hecho seguimiento a los fondos entregados, porque no correspondía, pues se trataba de restituir recursos a una persona y su familia para cubrir gastos en los cuales ya habían incurrido, y no una solicitud en nombre de supuestas víctimas (como fue el caso posterior)".
