“La nueva Constitución será el marco jurídico que nos permitirá avanzar a una sociedad más justa, igualitaria, soberana, basada en el respeto y garantía de los derechos humanos. Para ello, su reglamento debe generar las condiciones que permitan que la discusión constitucional se dirija a este objetivo”, son las primeras palabras de la propuesta de reglamento feminista entregada a la recién instalada mesa directiva de la Convención Constitucional.

El documento de 11 páginas llamado Por un reglamento feminista (desde la Articulación Territorial Feminista Elena Caffarena, al que han adherido algunas convencionales) abarca siete puntos: Una declaración de principios y lineamientos que preceden el reglamento, sobre la estructura orgánica, comisiones, quórums en comisiones y comités, comités de ética, de participación, y recursos para una participación efectiva y en igualdad de condiciones.

Respecto al primero punto, o sea, los principios, el documento propone, solo por nombrar algunos, la incorporación del enfoque de género en el trabajo de comisiones y comités; la conformación paritaria de las autoridades y las instancias orgánicas de la Convención (mesa, comisiones, comités, etc.); un lenguaje inclusivo, no sexista, respetuoso, no discriminatorio y en distintas lenguas (pueblos originarios, lengua de señas y braille); el reconocimiento de la diversidad de naciones y pueblos originarios y tribales; la adopción de medidas de anticorrupción, y una participación “amplia, incidente, ciudadana, inclusiva, con perspectiva de género y con pertinencia cultural”.

Se propone que la presidencia y vicepresidencia deben ser paritarias. “Abogamos por un número mayor de vicepresidencias establecidas en la ley para que represente la diversidad de sujetas y sujetos históricamente excluidos e invisibilizados”. Y detalla que cada vicepresidencia debiera, así dice la propuesta, “seguimiento, articulará y difundirá las distintas propuestas y artículos constitucionales sobre: mujeres, pueblos originarios, personas con discapacidad y diversidad sexogenéricas”.

Se agrega en cuanto a las eventuales comisiones que ellas “deben estar encabezadas por hombres y mujeres en un mismo número en caso de ser pares o un sexo, no puede superar al otro en más de uno en caso de ser impares (paridad transversal)”.

Respecto a las comisiones de ética, la propuesta feminista enumera algunas de las razones para recurrir a tal instancia: falta de probidad, conflictos de interés, violencia política de género, corrupción, racismo y/o discriminación, entre otros”. Y destaca: “Los comportamientos inadecuados, trascienden el espacio de la Convención, teniendo en cuenta los realizados dentro y fuera del espacio constituyente. Para estos efectos se aplicará un protocolo para prevenir y sancionar la violencia política de género durante el funcionamiento de la Convención”.

Proponen además crear un órgano receptor, “y promotor de la participación ciudadana, que reciba todas las iniciativas” y las sistematice y difunda.

En cuanto a los recursos, se destacan dos aspectos, recursos para la participación ciudadana, como viajes, e infraestructura “para reuniones en regiones, distritos y demás territorios”, y para las y los convencionales como la asignación de cuidado (hijas, hijos y personas dependientes); acceso a internet, y alojamiento y traslado a la Región Metropolitana.

La propuesta, se plantean mínimos de participación, como foros nacionales y regionales, cabildos y encuentros autoconvocados por la ciudadanía temáticos, locales o por pueblos originarios, audiencias públicas en comisiones temáticas o ad hoc, reguladas y registradas, y sesiones de rendición de cuentas territoriales de carácter periódico establecidas reglamentariamente.

También se proponen “días nacionales de discusión ciudadana sobre temas específicos”, y de forma excepcional, “se considera la realización de plebiscitos vinculantes”.