Más de 27 mil estudiantes de la educación superior perdieron la gratuidad este año por atrasarse en sus carreras. Es una condición del beneficio incluida en la ley, pero contraria a la realidad del sistema, pues, según datos oficiales, las carreras en Chile se extienden 29% más respecto de su duración formal. Y es por esto que distintos parlamentarios plantean que hay que revisar la normativa.
Uno de ellos es Diego Schalper (RN), quien afirma que es necesario prolongar los plazos de esta ayuda estudiantil: "Vamos a estudiar el tema junto a otros parlamentarios, porque considero que debiese financiarse al menos un 20% de sobreduración de la carrera. Estoy abierto a estudiar las modificaciones legales que se necesiten para que los estudiantes vulnerables terminen sus estudios".
Su voz no es la única dentro de Chile Vamos. El diputado Luis Pardo (RN), dice que hay que revisar la ley, pero no solo en lo que respecta a los plazos de la gratuidad, sino "hacer una evaluación integral, abarcando también el desfinanciamiento de las instituciones".
En otros sectores políticos son más categóricos. El senador Juan Ignacio Latorre (RD) explica que "hay que revisar la gratuidad en términos de alargar la cobertura y no empujar a los estudiantes a un endeudamiento privado y que abandonen sus estudios".
Y el diputado Gonzalo Winter (MA) sostiene que la gratuidad "debe ser tratada como un derecho y no como un premio, que es cuando te lo doy y te lo quito según tu resultado", por lo que es necesario analizar los alcances de la regulación.
La diputada Cristina Girardi (PPD), por su parte, recuerda que el exministro de Educación Gerardo Varela, comprometió el envío de una ley corta para modificar el financiamiento en la educación superior, lo que no ocurrió, pues el proyecto que presentó el Mineduc para este sector solo hacía referencia a los años de acreditación. "Se están dejando temas fuera y no se incorporó nada de los plazos de la gratuidad. El gobierno tiene una agenda para un país distinto al país en que vivimos", critica Girardi.
Consultada por el tema, la titular de Educación, Marcela Cubillos, respondió que "la ley quedó zanjada en el gobierno anterior, fue aprobada por el Congreso y los rectores; al adscribir a la gratuidad, la suscribieron con estas condiciones", y añadió que la regulación "establece que a esos estudiantes se les puede cobrar la mitad del arancel y que eso lo pueden cubrir con las distintas ayudas estudiantiles que hoy existen, distintas a la gratuidad".
Además, Cubillos recordó que existe un consejo asesor de rectores que está funcionando desde enero, "el que hemos convocado para trabajar temas como la Superintendencia de Educación Superior y la equidad de género, pero también el financiamiento y el Sistema de Financiamiento Solidario".
Ajustes e incentivos
Con los 27 mil alumnos que perdieron la gratuidad este año, ya son 67 mil los que han pasado por esta situación desde que el beneficio comenzó a funcionar, en 2016. Este año, las instituciones más afectadas fueron Duoc UC e Inacap, los planteles más grandes entre los adscritos a esta política.
Ricardo Carbone, director de Aprendizaje Institucional de la U. Alberto Hurtado, donde hay 316 casos, dice que esta restricción "es inadecuada, inoportuna e ineficiente, porque el sistema educacional funciona con otros plazos, no se da tiempo para que las universidades hagan los ajustes que faciliten esta implementación, y no pone los incentivos donde corresponde, porque no logra que el estudiante termine su carrera a tiempo".
Pero Magdalena Vergara, investigadora de Acción Educar, cree que no es conveniente extender el plazo del beneficio. "Que la gratuidad solo cubra la duración formal de la carrera responde a que debe tener un tope. Por lo tanto, ampliar la duración de la gratuidad es un incentivo negativo y solo pospone el problema. En ese sentido, urge contar con un sistema robusto de créditos subsidiados".
