Cuando faltaba poco para la medianoche del viernes pasado, un grupo de encapuchados disparó contra un camión en La Araucanía. Una niña de nueve años resultó con una herida de bala en la espalda. Ese hecho, tras una serie de eventos violentos, fue el punto de partida para que la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), entidad que agrupa a 25 mil vehículos de ese tipo (de un universo de 210 mil, según un reporte del INE de 2018), anunciara un paro nacional, argumentando que no existen condiciones mínimas de seguridad para transitar por las carreteras del país.
Si bien durante la semana hubo conversaciones entre esta agrupación (una de las tres grandes federaciones del ramo en el país), el gobierno y algunos parlamentarios, los diálogos no llegaron a puerto y ayer se concretó la anunciada movilización.
Desde temprano en la mañana hubo camiones detenidos en las bermas, cortes de tránsito puntuales en algunos tramos y una concentración de vehículos que se manifestó en las principales rutas de las carreteras, entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos. En un reporte elaborado a media tarde, la Subsecretaría del Interior contabilizaba 2.186 camiones apostados en las rutas y un total de 43 puntos intervenidos. En su mayoría fueron bloqueos parciales.
La distribución de la protesta se concentró en las regiones de La Araucanía, Los Lagos, Valparaíso y Biobío. Y si bien se registraron algunos cortes puntuales, en general el tránsito no tuvo mayores complicaciones durante la jornada. Ninguna ruta colapsó. Tampoco se generaron bloqueos que hayan puesto en riesgo el abastecimiento de alguna determinada zona del país.
El ministro del Interior, Víctor Pérez, indicó que “estamos escuchando para resolver un conflicto que puede generar incomodidades, pero no ha generado hasta ahora bloqueos ni problemas en algo que es fundamental, como es el suministro”.
Detenido en La Araucanía
La protesta del gremio de los camiones no registró mayores incidentes violentos, salvo una situación en La Araucanía. Allí, en la comuna de Lautaro, un conductor no obedeció la instrucción de Carabineros de despejar la ruta, enfrentándose en una discusión con el policía, quien desenfundó su arma de servicio. El individuo quedó a disposición del Ministerio Público.
En la Región del Biobío, los camioneros del rubro forestal y de carretera se adhirieron al paro nacional con manifestaciones en los accesos a los principales puertos de la zona. Carlos Bretti, vicepresidente de Fedesur, indicó que el retraso que tendrán los camiones que distribuyen alimentos básicos, “que abastecen las ferias libres o supermercados, son menores, pero se encontrarán con un tráfico más lento, lo que puede generar la demora de distribución”.
En la Región de Valparaíso, el punto de protesta estuvo en la Ruta 68, a la altura de Lo Vásquez. Y si bien los camiones ocuparon toda la calzada, los vehículos pudieron transitar por la caletera. Esto generó tránsito lento en la zona, pero este no alcanzó a detenerse. Además, un grupo de transportistas llegó hasta el Puerto e instaló un camión quemado frente al Congreso.
Balance del gremio
Para los transportistas, la movilización arrojó resultados positivos. Sergio Pérez, presidente de la CNTC, anunció que las protestas continuarán hasta el lunes y emplazaron a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a buscar un acuerdo con los transportistas.
Pérez indicó que “la responsabilidad definitiva es de estos tres conductores que no están sabiendo llevar esta preciosa carga de 18 millones de chilenos, que se les está cayendo por el camino”.
Fuentes cercanas a las conversaciones entre el gremio, el gobierno y representantes del Congreso señalaron que una de las “salidas” a la movilización de los camioneros es generar una mesa de trabajo para poder establecer mecanismos que otorguen seguridad en las rutas de desplazamiento de los transportes de carga. Consultado Pérez, indicó que “la única posibilidad de que esta movilización indefinida se pueda bajar es que el Ejecutivo y el Legislativo nos entreguen una propuesta de cronograma con definiciones muy claras que incluyan las fechas en que se aprobarán los proyectos de ley y nuestro petitorio”.
Uno de los dirigentes del comité de crisis de la CNTC que está negociando con Interior es el secretario ejecutivo, Baldemar Higueras. El dirigente asegura que el único gremio que participó del paro fue la CNTC (tanto la CNDC como Chile Transporte no se sumaron a la movilización).
Respecto de la posibilidad de que el lunes se pueda bajar la protesta, Higueras comentó que “nuestra posición es que la propuesta que recibamos sea avalada por el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Estamos trabajando para que eso se pueda dar el lunes”
Cuestionamientos
El gobierno, que al menos en cuatro ocasiones se refirió al desarrollo de la movilización, descartó haber tenido un actuar “condescendiente” ante la movilización del gremio.
Víctor Pérez sostuvo que “el compromiso era hacerlo en términos pacíficos, sin cortar ni bloquear la cadena de suministro, de transportes y la cadena alimentaria. Podemos decir que en un 90% ese compromiso de los dirigentes de algunos de los gremios se ha ido cumpliendo. Tenemos una manifestación pacífica, por lo que instamos a los dirigentes a seguir cumpliendo esa palabra”.
Sin embargo, el senador PPD Felipe Harboe, miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Alta, sostuvo que “me parece francamente inconcebible que el gobierno mire para el techo al momento en que Chile se encuentra amenazado por un grupo de camioneros. Uno puede entender la molestia y el reclamo respecto de los temas de seguridad, pero eso se hace sobre la vía del diálogo”. Además, instó al Ejecutivo a invocar la Ley de Seguridad del Estado.
Pero, para el ministro del Interior, no hay posibilidad de invocar la Ley de Seguridad del Estado, y descartó que la movilización tenga un carácter delictual. En ese sentido, sostuvo que “llama profundamente la atención que quienes piden la aplicación de esas normas (Ley de Seguridad del Estado), cuando estuvieron en el gobierno no lo hicieron. Seamos siempre cautos en pedir aplicación de leyes estrictas, como la Ley de Seguridad del Estado, cuando en situaciones incluso peores, como la del año 2015-2016, cuando se impidió el acceso a Santiago, no se ocupó”.