Paro Fenats y críticas del Colmed: el nuevo flanco que se le abre al Minsal por despidos ligados a la alerta sanitaria

Urgencias

La desvinculación de más de 6.300 funcionarios -anunciada por el ministerio tras el fin del decreto sanitario- da que hablar y promueve algunas movilizaciones. El argumento es casi el mismo: los trabajadores extras han ayudado a reducir las brechas en el sistema público y sin ellos las atenciones se verán perjudicadas.


Para el término de la alerta sanitaria por Covid-19, el 31 de agosto pasado, quedaban 12.417 personas contratadas bajo el concepto de honorarios Covid, pues la resolución que estaba vigente desde febrero de 2020 permitió la contratación de personal extra. Sin embargo, ahora que el decreto llegó a su fin, solo permanecerán 6.070 de ellos, pues de acuerdo al Ministerio de Salud están cumpliendo funciones que no pueden ser suspendidas, ya que implicaría dejar de realizar acciones que se consideran imprescindibles.

Así, los 6.347 trabajadores restantes son un motivo de preocupación para el resto del mundo sanitario, pues advierten que su desvinculación tiene un impacto negativo en el sistema de salud. De hecho, la misma ministra de Salud, Ximena Aguilera, afirmó la semana pasada que “era un momento complejo”, una situación “que tenemos que enfrentar”, ya que el fin de la alerta implica que se tienen menos recursos.

Las cifras dadas a conocer por Aguilera también generaron respuestas de los gremios. De hecho, la Confederación Fenats Nacional, gremio que agrupa a los trabajadores de la salud pública, definió la paralización de labores a nivel nacional para los días 12 y 13 de septiembre, “como una forma de expresar nuestra molestia y levantar nuestras demandas (incentivo al retiro y metas sanitarias, entre otras), además de buscar revertir la medida contra los compañeros y compañeras en proceso de despido”, señalaron en un comunicado.

“Nosotros reconocemos que desde el día uno se han instalado mesas de trabajo, pero aún no se ha materializado nada, ninguna mejora para los trabajadores de la salud, como la posibilidad de acceder a una carrera funcionaria o el incentivo al retiro”, afirma la presidenta de Fenats Nacional, Karen Palma. Agrega que “se suma que se despide a 6.500 trabajadores y trabajadoras de la salud, quienes fueron contratados para enfrentar el Covid-19 y que ahora están cumpliendo diversas funciones y eso genera una crisis al interior de los hospitales. Cuando teníamos una mejora, el Ministerio de Hacienda define cortar esos contratos y le da lo mismo la situación sanitaria”.

En su minuto, la titular de Salud señaló en la Comisión de Salud del Senado que para garantizar la continuidad de este personal hasta diciembre se le había solicitado al Ministerio de Hacienda la reasignación de 50 mil millones de pesos. Además, en la glosa presupuestaria de 2024 se incluyó la expansión de los mismos 6.070 cargos para que sean considerados de planta.

Sin embargo, este escenario no dejó tranquilos ni a los integrantes de la comisión ni a los gremios, quienes levantaron la voz señalando que los trabajadores con honorarios Covid se han convertido en piezas fundamentales para el sistema, pasando de combatir el virus a acortar las brechas que existían en la red.

Por eso, la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss) también planea movilizarse y están evaluando un paro nacional. El presidente del gremio, Aldo Santibáñez, sostiene que “hemos conversado con el Ministerio de Salud y hemos estado en las comisiones de salud, pero no entendemos la decisión del Presidente Boric de desvincular a estas personas porque además es contradictorio con sus compromisos de campaña de fortalecer la salud pública”.

Añade que hay otras formas de mantener a estos trabajadores: “Por lo que entendemos, el tema presupuestario no sería un problema, porque del propio presupuesto de salud se podría reasignar para mantener a las personas y seguir apoyando las labores que hoy son permanentes, pues estas personas ingresaron por la pandemia, pero ahora están atendiendo otras labores, áreas que no están priorizadas por el Minsal, pero que son fundamentales para la atención de la ciudadanía”. No obstante, el término de los contratos ya comenzó, según señalan algunos establecimientos de salud de la Región Metropolitana, y otros tienen fecha de caducidad: 30 de septiembre y 31 de octubre.

Otro actor que mira con preocupación el desarrollo de los hechos es el Colegio Médico, donde la doctora Francisca Crispi coincide en que “Salud no puede pagar el déficit presupuestario del gobierno”, y agrega que “los honorarios Covid vinieron a restituir un déficit de recursos humanos que hay en el sistema sanitario. Y el término de sus contratos no puede significar que se cierren camas que hoy son necesarias en la red”.

Además, la presidenta del Colegio Médico de Santiago relata los impactos negativos que podría tener esta medida en la red: “Hoy notificaron algunos hospitales el término de honorarios Covid y nos preocupa enormemente el Hospital del Sótero del Río, pues desvincularían a 200 funcionarios, lo que significaría el cierre de camas en un recinto donde todos los días se despierta con 70 pacientes hospitalizados en la urgencia”.

Ante las consultas de La Tercera, desde el Ministerio de Salud se limitaron a señalar que “nuestro principal objetivo es asegurar la continuidad de atención para las personas que lo requieran, y velaremos por resguardar el acceso a la salud de la población, lo que es prioritario”.

Desde la cartera han reconocido que la labor de los 12.000 funcionarios extras ha sido importante y aunque aún hay necesidades que satisfacer con urgencia, han acortado las brechas que existen especialmente en aquellos establecimientos que tenían menos recursos. También afirman que de todas formas existen alrededor de cuatro mil vacantes en la red y que incentivarán a los profesionales a ocuparlas.

La diputada Ana María Gazmuri, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, y otros parlamentarios solicitaron al Presidente de la República “realizar todos los esfuerzos para frenar los masivos despidos de funcionarios que fueron contratados durante la pandemia; de lo contrario, se puede generar un colapso en varios hospitales del país”.

En tanto, el presidente de la comisión del Senado, Juan Luis Castro, señaló este martes que “la comisión tomó un acuerdo unánime, el 28 de agosto, de rechazar todo despido de trabajadoras de la salud, en cualquier condición, producto de este recorte presupuestario, sin causal, sin una motivación ni una explicación a la gente en el país, que necesita mejor cobertura de atención, se le disminuye el personal de la salud”.

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