Tras una audiencia suspendida el lunes, a la espera del traslado del imputado a Santiago, finalmente este viernes, en el Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago se dio inicio al juicio contra Juan Israel González Quezada, acusado como autor del homicidio del carabinero David Florido, ocurrido el 10 de junio de 2022 en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

La Fiscalía Metropolitana Sur, representada por el fiscal Christian Toledo, presentó los alegatos de apertura en un caso que ha generado gran expectación y que fue postergado en múltiples ocasiones.

Los hechos se remontan a aquella tarde de viernes, cuando el cabo Florido, de 31 años, acudió a un procedimiento policial en una barbería. Fue en ese lugar donde se produjo un enfrentamiento con un delincuente, resultando en la muerte del funcionario policial y en el homicidio frustrado del cabo Álvaro Sánchez.

González debió haber cumplido una condena de ocho años de cárcel en Colina I, que terminaba en 2024. En diciembre del 2021 la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de su defensa que le permitió acceder a libertad condicional. En junio de 2022, a una semana del crimen del carabinero que fue ascendido a suboficial mayor en forma póstuma, el sospechoso fue detenido en la autopista Los Libertadores, presumiblemente huyendo hacia Argentina.

Culpabilidad

El Ministerio Público ha solicitado la pena de presidio perpetuo calificado para González Quezada por el homicidio consumado de David Florido y 15 años de cárcel por el homicidio frustrado del cabo Sánchez.

Según detalló el fiscal Toledo, el lunes comenzará la presentación de pruebas con el objetivo de acreditar la participación directa del acusado en ambos delitos. “La pena que estamos pidiendo es de presidio perpetuo calificado”, informó el fiscal, asegurando que los antecedentes y peritajes recopilados durante la investigación sostienen la acusación.

Además se señala que los testigos que estaban presentes son cruciales, debido a que: “una persona que es la que denuncia este hecho, da las características físicas de esta persona e incluso de tatuajes que él mantenía ese día y del tipo de armamento”.

Agrega que también existen pruebas periciales “que va a poder posicionar a esta persona en el lugar donde efectuó el disparo”. Los análisis consideraron tanto la trayectoria como la velocidad del tiro que dio muerte al uniformado.

Defensa

Por su parte, el abogado defensor Cristián Medina Cuevas planteó serias dudas respecto a la solidez de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

En sus declaraciones, Medina advirtió que existe el riesgo de una condena injusta debido a posibles falencias en la investigación. “La prueba que va a aportar la Fiscalía es grande y amplia, pero no toda tiene relación directa con la participación de mi defendido”, afirmó el abogado.

Además, sostuvo que durante los hechos había más personas en el lugar y que esto no ha sido debidamente considerado.

“Como planteamos en un inicio, en el lugar de los hechos no estaba solo mi representado, había más personas y de aquello todavía no se ha dado cuenta”, sostuvo.

Medina destacó que González ha insistido en su inocencia desde el principio y dijo confía en que el tribunal considere las inconsistencias planteadas.

Hechos

Según la investigación, el funcionario fue abatido con disparos efectuados a corta distancia, lo que agravó la imputación.

Además, la Fiscalía subrayó la coincidencia balística y registros audiovisuales como pruebas clave para vincular a González Quezada con el crimen.

El fiscal señala que durante el suceso hubo dos personas, que fueron formalizadas y juzgadas por ser encubridoras. Una de ellas es Marcela Beatriz García Vásquez, funcionaria del Poder Judicial que era pareja de González y que fue condenada a cinco años de presidio y accedió a una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva.