La crisis generada por los problemas de suministro en Osorno ha llevado a diversos actores a pedir el término de la concesión otorgada a la compañía.
Pero ¿es esto posible? Legalmente existe tal camino, pero las opciones son acotadas. Para ello, es el Presidente quien debe emitir un decreto supremo, que recoge la opinión técnica de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y que debe considerar el historial de cumplimiento, el tipo de infracción normativa y el detalle de las causales legales para declarar la caducidad de la concesión, entre otros.
Esta es la máxima sanción, y si bien no están estipuladas en la ley las causales, sí lo está en los contratos de cada operador. Lo usual es que estos establezcan la caducidad por quiebra o disolución del operador o por incumplimientos graves, los que deben estar lo suficientemente bien fundamentados.
Un prospecto comercial de la propia Essal enumera los escenarios de riesgo a los que está expuesto, siendo la caducidad de la concesión uno de ellos. Allí detalla qué debe pasar para que eso ocurra. "Una concesión puede ser caducada antes de su puesta en marcha, como después que haya comenzado, bajo diversas situaciones según lo establece la ley chilena (…). Una vez que la concesión ha sido caducada, es puesta en manos de un administrador provisional del servicio, quien tendrá todas las facultades del giro de la empresa cuya concesión ha sido caducada, que la ley o sus estatutos señalan al directorio y a sus gerentes, quien ejercerá sus funciones hasta que se designe un nuevo concesionario, conforme a la licitación pública que convoque la SISS para tal efecto", señala el documento de Essal.
Según el exdirector general de Aguas y socio de Puga Ortiz, Rodrigo Weisner, la situación actual derivará en una sanción severa, pero difícilmente en una caducidad del servicio. "Esto más bien lo veo como un episodio puntual, por lo menos es mi percepción, que va a traer aparejado una sanción, pero no lo veo como una sanción que incurra como causal de caducidad de la concesión, como ha ocurrido en otras ocasiones", agrega Weisner.
En tanto, el superintendente de Servicios Sanitarios (S) Jorge Rivas, explicó que la ley establece que "el Ministerio de Obras Públicas emite un informe de caducidad, que justifica por qué se debe caducar y, finalmente, el Presidente de la República es el que decide el inicio del proceso. El Presidente no decide, sino que es un antecedente que se va a la Contraloría y puede terminar en tribunales".
Rivas señaló que aún no hay una decisión respecto al fin del contrato: "Estamos en un proceso de investigación; estudiando las sanciones que ameritan este desastre que ha habido en Osorno. En esta carpeta investigativa se indicará si esto ameritaría seguir un proceso de caducidad. Primero, tenemos que terminar de investigar, para saber si se puede dar una caducidad". Entre los incumplimientos por los que podrían haber sanciones -que llegarían a los $ 600 millones- están faltas a la calidad del servicio y la información entregada a los usuarios.
Fondo presiona por venta de matriz
Agbar, la controladora de Aguas Andinas -y también de Essal- podría estar próximamente a la venta. Esto, si prospera una propuesta del fondo de inversión Amber Capital, accionista entre otras empresas de Prisa, que recomendó al dueño de Agbar, el grupo Suez, desprenderse del holding sanitario.
Según una nota dirigida a Suez, Amber Capital considera que "Agbar es el candidato ideal para iniciar un ciclo de rotación de acciones" y conseguir mayor liquidez.
"Suez necesita un reinicio estratégico: el nuevo equipo de administración de Suez ahora tiene una oportunidad convincente desde nuestro punto de vista para reposicionar a la compañía", dijo Amber Capital en un comunicado reproducido por el medio español Cincodías.
