A fines de 2023, Patricio Ignacio Cooper Monti, se desempeñaba como jefe de la Fiscalía Local Santiago Poniente en la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.

Entonces, fue seleccionado por Ángel Valencia para encabezar la Fiscalía Regional de Coquimbo, asumiendo sus funciones formalmente 6 de febrero de 2024.

Compitió en la terna con dos letrados que “jugaban de local”: Claudio Correa, fiscal jefe de la Fiscalía Local de Coquimbo y Gabriela del Campo, jefa de la Unidad de Gestión e Informática de la Fiscalía Regional de Coquimbo.

Ingresó al Ministerio Público hace un cuarto de siglo

Cooper nació en Temuco, en 1968 y luego emigró a la capital. En 1985 salió de cuarto medio del Santiago College, antes de que el exclusivo establecimiento emigrara a la zona oriente.

Es abogado de la Universidad Diego Portales y previo a su ingreso al Ministerio Público, hace un cuarto de siglo, trabajó en el ámbito privado.

Su carrera profesional la inició en el desaparecido Banco de Santiago, trabajando primero en el área hipotecaria y después en el área sociedades. También se desempeñó en la consultora tributaria internacional Deloitte, en temas de inversión extranjera.

En cuanto a formación, cursó postítulos en Justicia Criminal y en Habilidades Directivas.

Como académico, ejerció la docencia en el área de justicia penal.

Su padre es Patrick Cooper, excampeón de rodeo y criador de caballos.

Al órgano persecutor ingresó antes de que comenzara a regir la Reforma Procesal Penal en todo el país, el 2000, y ha pasado por varias jurisdicciones, incluyendo Loncoche en su región natal, Viña del Mar, Independencia y Recoleta.

Entre 2004 a 2010 fue fiscal especializado en delitos sexuales y violentos de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, asumiendo posteriormente casos de alto perfil en delitos contra la propiedad.

De Rojas Vade a casa de Allende

Abordó algunos casos vinculados a hechos de violencia en el llamado estallido social y fue el fiscal que lideró la investigación contra el exconvencional de la Lista del Pueblo Rodrigo Rojas Vade por un delito de estafa residual, condenándolo en un procedimiento simplificado.

Con ese caso, inició su figuración en indagatorias vinculadas a la política.

Antes de ser designado en Coquimbo, a inicios del 2023 comenzó a indagar eventuales delitos en el marco de la compra de la exclínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago.

Ese es el caso que originó la incautación del teléfono de la diputada Karol Cariola, en el día que dio a luz a su primer hijo.

El episodio detonó un requerimiento que ingresaron 10 diputados -del PC, PS y FA- para removerlo.

Pese a que Cooper mandó un escrito pidiendo a la Suprema que no lo declarara admisible, el máximo tribunal le dio luz verde para pasar al fondo e ignoró su petición, dejando el periodo de prueba en manos de la ministra Mireya López.

En las próximas dos semanas debería tener lugar la audiencia para rendir prueba y, posteriormente, el Pleno del máximo tribunal tendrá que zanjar.

La remoción debe ser aprobada por cuatro séptimos de los miembros de la corte.

Cooper también es el fiscal a cargo de la investigación por otro caso de una compraventa fallida: la de la casa de la familia Allende en calle Guardia Vieja.

Su trabajo allí se cruza con la indagatoria por los convenios de la fundación ProCultura, otro caso en que figuras de gobierno se han visto envuelta.

Por ese otro caso fue autorizado a interceptar el teléfono de Miguel Crispi, que hasta el 10 de marzo se desempeñaba como jefe de asesores del Presidente Gabriel Boric.

El contenido de uno de los diálogos de Crispi determinó que se investigara en el ámbito penal la fallida compra por parte del gobierno de la casa del expresidente Salvador Allende.

En años recientes, la Suprema ya rechazó peticiones de remoción que hicieron legisladores en contra del fiscal Xavier Armendáriz, desechada por unanimidad en agosto de 2024, y respecto a Marcela Cartagena, declarada inadmisible en mayo de 2023.