"Lo que está claro es que en el Hospital Parroquial nunca haremos abortos y, en última instancia, aplicaremos la objeción individual, que ya existe en el recinto, pero no dejaremos los convenios", advirtió ayer el obispo y patrono del Hospital Parroquial de San Bernardo, Juan Ignacio González, quien advirtió que la institución esta dispuesta a impugnar los límites que ponga el gobierno en esta materia.
Esto, tras la resolución de la Contraloría conocida ayer, que establece que los centros privados que tengan vigente un convenio con el Estado mediante el Decreto con Fuerza de Ley N° 36 (DFL-36) para realizar prestaciones ginecoobstetras, no podrán ser objetoras de conciencia institucional.
Según el dictamen, al existir este acuerdo, las instituciones privadas que lo adscriben pasan a sustituir las funciones de los servicios de salud, con recursos públicos, por lo cual "no pueden adoptar una posición que les impida realizar las prestaciones de salud a las que se encuentra obligado el Estado".
La Contraloría sostuvo, además, que en el caso de aquellas prestaciones de la ley de aborto, requeridas para interrumpir el embarazo en las tres causales definidas, la institución en convenio "no puede acogerse a la objeción de conciencia institucional, en tanto se encuentre vigente la respectiva convención, pues si bien se trata de una entidad de carácter privado, tiene el deber de dar cumplimiento a una función pública -a la que voluntariamente se ha comprometido- y para cuyos efectos le han sido entregados recursos públicos".
El hospital de San Bernardo -que tiene a su cargo cerca de 290 mil pacientes del sector público y atiende los partos de una red de seis consultorios de la zona sur de Santiago- mantiene vigente un convenio mediante el DFL-36 con el Estado, por lo que no podría declararse objetor de conciencia institucional. Al respecto, González, explicó que la resolución de Contraloría "es un pronunciamiento administrativo, tiene su valor, pero no es lo definitivo", aludiendo el reglamento que el gobierno anunció para suplir el cuestionado protocolo.
Además, sostuvo que "hay que ver cómo procede el Ministerio de Salud en la dictación del reglamento, donde se respete verdaderamente el caso de instituciones que tienen convenios con el
Estado y quieren hacer objeción institucional. De no ser así, impugnaremos el reglamento. Todavía queda camino por seguir", indicó, precisando que la postura de la institución que representa responde a sus principios idearios, al pertenecer a la Iglesia Católica.
Afectados
La resolución deja en foja cero la situación de otras instituciones privadas que se han manifestado en contra del aborto y que mantienen vigente el convenio DFL-36.
Si bien hasta agosto pasado eran 10 los hospitales privados que habían suscrito este acuerdo con el Estado, no todos son de alta complejidad o incluyen prestaciones ginecoobstétricas, por lo cual solo un grupo se vería directamente afectado.
Hasta ahora, se ha conocido que junto al caso del Parroquial de San Bernardo, otras instituciones que podrían quedar en la misma situación son los hospitales de Panguipulli, San José de Puerto Varas y el de Pucón.
En el caso de Panguipulli, de la Región de Los Ríos, en cuyo directorio está representada la Congregación de Hermanas de la Santa Cruz, su directora administrativa, Tilly Rivas, aclaró que tras los protocolos del Minsal y sus posteriores modificaciones, el recinto hospitalario - que recibe 25 mil consultas al año y el 90% de sus pacientes son beneficiarios Fonasa-, decidió terminar el convenio con Salud en las prestaciones ginecológicas.
"Se dejó de entregar servicios en estas prestaciones, una de ellas el legrado (vaciamiento de útero)", indicó, agregando que, de todos modos, su equipo médico es objetor de conciencia en forma individual y que su condición de recinto de mediana complejidad no les permite realizar mayores intervenciones que están incluidas en la ley de aborto.
Por otro lado, en un incierto escenario quedarán las instituciones que ya fueron oficializadas como objetoras de conciencia institucionales por el Minsal, la Clínica Indisa y el Hospital Clínico de la U. de los Andes. Eso, pues desde el gobierno ya anunciaron que crearán un reglamento -normativa que recomendó la Contraloría en su dictamen- para darle operatividad a la objeción de conciencia individual e institucional dispuestas por la ley.
Hasta la fecha y tras siete meses de promulgada la ley, se han realizado 193 abortos en la red pública. De estos, 99 corresponden a la primera causal, de riesgo de vida de la madre, y 57 a la segunda, que aplica cuando existe inviabilidad fetal. Otros 37 son por violación, de los cuales 14 se han practicado a menores de edad.
Cabe señalar que, según el Ministerio de Salud, un tercio de los médicos se han declarado objetores de conciencia para practicar abortos, especialmente en la última causal.
