PDI abre sumario a escoltas de Monsalve y evalúa continuidad de jefa de Inteligencia

“No estaban los escoltas y los desplazamientos que tengo entendidos son motivos de la investigación, no era en un vehículo fiscal”.

Así respondía, el viernes pasado, el director general de la PDI, Eduardo Cerna, a una de las principales interrogantes que han surgido luego que se conociera de la denuncia por violación estampada contra el exsubsecretario de Interior, Manuel Monsalve.

La víctima, quien es funcionaria de Gobierno, refiere a que el domingo 22 de septiembre se juntó cerca de las 18:00 horas con su jefe a cenar en un céntrico restaurante peruano y tras beber varios vasos de alcohol despertó al día siguiente en la habitación del hotel en el que la autoridad residía en Santiago. Ella asegura haber estado sin ropa y con signos de un ataque sexual. La denuncia se presentó este lunes 14 de octubre y terminó con la salida de Monsalve y una crisis que impacta a La Moneda.

A la luz de los hechos, no pocos se preguntan qué pasó con los escoltas del entonces exsubsecretario. Esto, entre otras cosas, por que su rol es vital -justamente-, en el ámbito de la lucha contra la delincuencia. En estricto rigor, y en base al relato de la víctima, qué hacía Monsalve la noche de un domingo solo, en el centro de Santiago, bajo los efectos de importante consumo de alcohol y trasladándose en un taxi, como refiere la denuncia.

Esto último, ya que la funcionaria detalla una conversación que tuvo con su jefe antes de abandonar el hotel, el lunes 23 de septiembre al mediodía, en que él le señala que también tenía una laguna mental y que si se acordaba de un episodio con un taxista, cuando ella había querido bajarse del auto y que él y el chofer la habían retenido.

Conocedores de lo que ocurrió ese fin de semana, sostienen que fue el propio Monsalve quien el sábado 21 de septiembre durante la noche despachó a sus escoltas que lo dejaron el el Hotel Panamericano. Les habría dicho que volvieran a hablar el lunes a primera hora, ya que ese domingo iba a descansar.

El sumario entonces, comentan fuentes de la PDI, es justamente para establecer si se cumplieron los protocolos y si los detectives podían imponerse y no hacer caso a la autoridad que explícitamente les pidió no seguirlo.

Desde el retorno a la democracia, en 1990, que la PDI creó la Brigada Presidencial que tiene como base el Palacio de La Moneda, funciona a sólo unas cuadras del hotel en que pernoctaba Monsalve.

El objetivo de esta escolta -según la web de la policía civil-, es “funciones de enlace y coordinación entre la institución y el Poder Ejecutivo, en especial con el gabinete presidencial, ministro del Interior y Seguridad Pública y subsecretario del Interior, además de otros ministerios”.

Junto con ello, se señala, “es responsable de la seguridad directa del subsecretario del Interior, contando para éste fin con un grupo selecto de funcionarios con entrenamiento y vasta experiencia en materias de seguridad personal y escolta”. Todo esto, depende de la Jefatura Nacional de Asuntos Estratégicos.

Por lo anterior es vital, sostienen en el Gobierno, que sea la propia policía que establezca si se siguieron los protocolos y se cumplió con la función de esta brigada. Sobre todo, explican, porque días antes de que se estampara la denuncia contra Monsalve, este -cuando aún era subsecretario-, invocó la Ley de Inteligencia para enviar a un grupo de la PDI a incautar y revisar las cámaras de su hotel. Esto, según reveló el viernes pasado La Tercera (y que fue confirmado por el propio Presidente Gabriel Boric), con el propósito de revisar las imágenes.

Desde el entorno de Monsalve la versión que dan del porqué ordenó a la policía ir a buscar las cámaras de seguridad de su hotel, era que como no recordaba lo que pasó la noche del 22 de septiembre, tenía miedo de haber sido drogado en el restaurante o ser blanco de extorsiones, en su calidad de jefe de las policías.

Todo esto, la presunta violación y la eventual infracción a la Ley de Inteligencia son hoy materia de una investigación penal que lleva adelante el fiscal regional Xavier Armendáriz y un equipo.

Lo cierto, dicen quienes conocen del funcionamiento de los escoltas asignados a Monsalve, es que tras ser despachada la seguridad el sábado 21, fue el lunes 23 a las 6:00 AM cuando el dispositivo de seguridad se contactó con la autoridad, quien le dijo que no iría a una actividad agendada para ese día y que sólo volvieron a saber de él a eso del mediodía cuando les pidió ir a buscarlo.

El viernes hasta pasadas las 21:00 horas estuvo declarando en dependencias de la Fiscalía Centro Norte la prefecta inspectora de la PDI Cristina Vilches. La detective es actualmente la jefa de Inteligencia de la policía civil y habría sido a quien Monsalve contactó para que efectivos de esa rama acudieran al restaurante y al hotel y así registrar las cámaras de la tarde-noche del 22 de septiembre.

Quienes conocen a la alta oficial sostienen que es una mujer de confianza de la anterior administración que corresponde al hoy imputado exdirector general Sergio Muñoz. Este último fue formalizado por entregar información de causas reservadas al penalista Luis Hermosilla, hoy preso por delitos de corrupción.

¿Por qué Vilches habría accedido a las diligencias? La respuesta que entregan cercanos a la alta oficial sostienen que fue porque Monsalve activó mecanismos de inteligencia en los que ella no podía entregar antecedente alguno, ni siquiera a su jefe el director Eduardo Cerna.

Fue sólo el martes 15 de octubre, cuando personal de otra brigada enviada por el fiscal Armendáriz al hotel, cuando se reveló que las imágenes ya habían sido incautadas con anterioridad a la denuncia estampada el 14 de noviembre.

Ahí fue el propio Cerna quien le comunicó a la ministra del Interior de lo que estaba ocurriendo. Sin entrar en detalles, le dijo que el subsecretario, y jefe policial, era blanco de una investigación por delitos sexuales y -además-, que había invocado la Ley de Inteligencia para revisar cámaras. Esto último, el director general de la PDI no lo supo hasta esta semana.

De aquí a noviembre Cerna debe conformar un nuevo alto mando y proponerlo al Presidente Boric. La situación que hoy impacta a efectivos de Inteligencia de la institución, dicen conocedores de estos procesos, determinaría la salida de Vilches, debido a su vinculación con el caso.

La mujer que denunció al ex subsecretario Manuel Monsalve (PS) por el delito de violación ya tiene representación legal. En paralelo a la protección que le ha brindado la Fiscalía Centro Norte, su familia fichó al abogado Roberto Ávila (también militante socialista) para representarla.

A través de una querella, presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía, se pide que se indague los hechos que fueron denunciados por la otrora funcionaria de la Subsecretaría de Interior el día 14 de octubre pasado.

El libelo refuerza lo que la víctima ya denunció ante la PDI, aunque enfatiza en que el día de los hechos, el 22 de septiembre, ella fue invitada por su entonces jefe a comer y que “no pudo negarse”. Asimismo, la querella plantea que fue Monsalve quien la forzó a tomar “una enorme cantidad” de pisco sour en el restaurante peruano donde la citó ese día.

Tras esto, se describe el ataque sexual del que fue víctima y pide que se indaguen los hechos ocurridos.

El abogado Roberto Ávila, en conversación con La Tercera, explica que “el hecho es sumamente grave”. Junto con esto, asegura que Monsalve conoce hace años a la familia de la denunciante.

El profesional, militante socialista al igual que el querellado, asegura que “esperamos que se formalice, acuse y condene y que esto no termine en clases de ética”. Esto último en alusión a criticados términos judiciales en causas que han involucrado al financiamiento ilegal de la política.

“Hasta aquí el Ministerio Público ha actuado con prontitud y eficacia. Esta denuncia no tiene móviles políticos, la víctima, su familia e incluso su abogado votamos por este gobierno. Esto es muy triste”, sentenció.