PDI advierte por alza en delitos de trata de personas y tráfico de migrantes en Chile

Se trataba de una red internacional chileno-colombiana de trata de personas. Sus integrantes estaban desplegados en varias ciudades de Chile. Por ejemplo, en Santiago, Temuco, Osorno y Puerto Montt. Quienes manejaban este grupo mantenían un negocio que consistía en traer mujeres desde Colombia para que ejercieran la prostitución en Chile.

A ellas se les ofrecían muy buenas condiciones para venir. La investigación de este caso arrojó que los líderes de la red enviaban videos en donde se podía ver una muy buena casa, con hartas comodidades, una cocina grande, otras mujeres aparentemente contentas viviendo ahí, buenas condiciones de vida, un salario atractivo e incluso tiempo libre. La oferta, al menos a simple vista, se veía muy atractiva y las potenciales víctimas emprendían vuelo a Chile. Una vez que ingresaban al país, todas las promesas se derrumbaban.

La casa prometida nunca existió, el tiempo libre tampoco. De hecho, el panorama se reducía a una habitación en donde tenían que hacer todo, incluido atender a los clientes.

La red fue desbaratada en noviembre del año pasado, cuando la Brigada Investigadora de Trata de Personas (Bitrap) de la PDI consiguió detener a ocho personas, quienes actualmente están en prisión preventiva, y logró rescatar a 10 víctimas. Sin embargo, la indagatoria arrojó que, en un año y medio, este grupo acumuló un total de 50 víctimas, todas mujeres que eran traídas a Chile para ejercer la prostitución.

"Esta fue una de las operaciones más importantes por el delito de trata de personas durante 2019. A ellas las engañaban y se aprovechaban de su situación vulnerable, ya que no tenían redes y entraban como turistas, pero con el objetivo de ejercer la prostitución", dice el comisario Giordano Lanzarini, jefe de la Bitrap.

Este es solo uno de los casos por delito de trata de personas que investigó la Bitrap el año pasado y ejemplifica la forma en que se comete este ilícito, que según cifras de la PDI ha ido en aumento en los últimos tres años (ver infografía).

"La trata de personas es la esclavitud moderna. Significa doblegar la voluntad de una persona para ejercer algún tipo de actividad en favor de otras personas", explica el comisario Lanzarini. De acuerdo con los datos de la Bitrap, todas las víctimas por este ilícito son extranjeros y hay más casos de trata con fines de explotación sexual que con fines de explotación laboral. Por eso, dice Lanzarini, se explica que las víctimas de trata de personas en Chile, a diferencia de lo que ocurre en el resto del mundo, son más mujeres que hombres. Además, plantea que en las redes que se dedican a esto suele haber chilenos junto extranjeros y las víctimas son connacionales. Si en la banda hay un colombiano, las víctimas también serán de esa nacionalidad.

El detective dice que estos delitos tienen la complejidad de que "las víctimas no se reconocen a ellas como víctimas". También comenta que los medios más habituales para cometer estos ilícitos son el engaño y el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad que viven los migrantes. "Esto tiene que ver directamente con que son extranjeros que llegan a nuestro país, donde no tienen redes de apoyo ni familiares cercanos y en situaciones en que se suma, además, una desconfianza en la autoridad y hacia la policía", dice Lanzarini.

Para Bitrap, el aumento sostenido de este delito va asociado al incremento de la migración en el país. A eso se suma que, gracias al sistema de análisis que utiliza la PDI, han logrado crear un mecanismo para "levantar denuncias por iniciativa propia".

La Fundación Servicio Jesuita Migrante (SJM) -que ofrece ayuda y acompañamiento a migrantes y refugiados- ha sido testigo de esta situación. "Nos ha tocado ver casos en que las personas llegan engañadas y luego son víctimas de abusos y vulneración de sus derechos, siendo muy difícil que puedan escapar de esa situación", dice Juan Pablo Ramaciotti, director de Incidencia y Estudios de SJM.

Ramaciotti agrega que "es importante que se hagan esfuerzos por identificar los casos y las víctimas y que se les garantice protección durante el proceso, además de poder ser regularizada su situación migratoria".

Este trabajo, en general, ha sido realizado por las unidades de víctimas de las fiscalías, en coordinación con otras organizaciones que ofrecen casas de acogida, resguardo o visas temporales.

Si en 2017 hubo 27 víctimas por el delito de tráfico de migrantes, en 2019 esta cifra llegó a 376. En cuanto a los detenidos, la cantidad pasó de 11 a 32 en ese mismo periodo. Uno de los casos más famosos fue el que reveló una red de tráfico de chinos. El modus operandi consistía en que desde Chile se enviaba una carta de invitación al consulado chileno en China, en la cual se invitaba a supuestos empre- sarios para que vinieran a analizar posibilidades de negocio. Las misivas resultaron ser "ideológicamente falsas" y permitían a los chinos obtener una visa de turismo y con eso ingresar al país de manera ilegal.

Otra fórmula que detectó la PDI consistía en la llegada de personas por vía aérea, bajo la figura de un "tripulante naviero". Eso le permite a un extranjero ingresar a Chile con el único objetivo de dirigirse a un puerto para salir en una embarcación. Este mecanismo se empleó usando a Chile como un país de tránsito.

El tráfico ilícito de migrantes -que consiste en aquella persona que con ánimo de lucro facilita la entrada ilegal de un extranjero- suele ir variando según los flujos migratorios y lo complejo, de acuerdo a las investigaciones de Bitrap, es que una vez que se detecta un mecanismo luego es reemplazado por otro rápidamente, por lo que resulta complejo definir un solo patrón.

Desde SJM aseguran que a medida que se "obstaculiza el ingreso regular al país", aumenta la posibilidad de caer en bandas que se dedican a estos delitos. "Si ponemos barreras excesivas, sobre todo a personas que necesitan migrar por causas de crisis políticas o humanitarias, estamos poniéndolas en peligro de caer en estas redes. En eso un dato preocupante es que los últimos dos años se han multiplicado los ingresos por pasos no habilitados", dice Ramaciotti quien agrega que "las medidas administrativas no pueden estar por sobre los derechos humanos de las personas".

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