A un recinto carcelario en Colina se trasladaron cerca del mediodía de este miércoles la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Tania Sironvalle, y funcionarios de la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef) de la PDI. El objetivo de la diligencia fue incautar una serie de antecedentes, en el marco de la investigación de presuntos pagos millonarios a funcionarios de la entidad penitenciaria por parte de gendarmes que fueron dados de baja y que buscaban ser reintegrados a la institución mediante gestiones irregulares.
De acuerdo a fuentes ligadas a la indagatoria, este tipo de actuaciones podrían configurar el delito de cohecho, y entre las personas investigadas está una exalta autoridad de Gendarmería y un coronel activo.
Esta causa se abrió a raíz de una denuncia que presentó la directora de la entidad penitenciaria, Claudia Bendeck, la que, además, incluía un pendrive con cuatro audios. En estos se reproducen escuchas telefónicas entre un exfuncionario y un presunto coronel de la institución. Los diálogos revelan el proceder del grupo dedicado a la supuesta actividad delictual denunciada e involucran a una presunta funcionaria de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca).
Además, circularon entre funcionarios de Gendarmería cuatro recibos que corresponderían a los pagos que se habrían realizado para concentrar las gestiones irregulares y que, en total, suman $ 4,5 millones.
Al respecto, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, dijo que "hace dos días la directora de Gendarmería, Claudia Bendeck, tuvo información sobre esta situación de posible mal uso de traslados o de otro tipo de reintegros con recursos que son indebidos, que son ilegales".
Agregó que "tan pronto se tuvo este conocimiento, se puso esto en manos del Ministerio Público, para que realice las investigaciones y sancione a todos los que sean responsables si estos hechos se confirman, y se va a poner en conocimiento de la Contraloría, para que investigue y haga los sumarios correspondientes".
El secretario de Estado también dijo que "por ese motivo, el subsecretario de Justicia, junto a la directora de Gendarmería, hace pocos días se reunieron con Contraloría con el propósito de que nos ayude a revisar nuestra situación interna a través de un convenio".
Desde la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) indicaron que estudian presentar una querella en contra de los supuestos responsables de los audios. "Pone en riesgo la seguridad en los funcionarios de los recintos penales, ya que es un mal ejemplo y enloda la imagen y el trabajo de los trabajadores del sistema penitenciario", dijo Patricio Baquedano, presidente del gremio.
Por su parte, la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (Anop) anunció una querella contra todos quienes resulten responsables por un supuesto montaje, pues creen que podría existir manipulación de algunos antecedentes.
En tanto, desde Dipreca descartaron tener información sobre el hecho, por lo que no han decidido iniciar investigaciones internas.
