PDI detecta que 35 parlamentarios pagaron por informes con "contenido coincidente"

"Documentos con un mismo título, cuyo contenido es coincidente y que fueron elaborados por el mismo proveedor, pero destinado a diferentes requirientes". Ese fue el resultado de la investigación que realizaron durante meses detectives de la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef) de la PDI, en el caso por presunto fraude al Fisco por mal uso de asignaciones parlamentarias y que motivó la revisión de las asesorías externas a legisladores entre 2011 y 2016.

El documento policial N° 39, del 6 de marzo de 2019 y requerido por la Fiscalía Oriente el 7 de mayo de 2018, entrega los primeros resultados sobre cuántos informes pagados por congresistas durante ese periodo, tienen títulos y contenidos similares.

En total, se analizaron 421 informes, de los cuales 329 resultaron tener títulos asociados a más de un parlamentario o comité político.

Estas situaciones de multiplicidad de las asesorías con títulos similares se detectaron luego de que los policías analizaran los antecedentes aportados voluntariamente por seis centros de estudios ligados a partidos políticos que se dedican, entre otras tareas, a la venta de asesorías parlamentarias.

Se trata de la Fundación Jaime Guzmán, Instituto Igualdad, Instituto Libertad, Instituto de Capacitación y Formación para el Desarrollo Social (Icades), el Instituto Libertad, la Corporación de Estudios para Latinoamérica (Cieplan) y el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschultz (Ical).

En algunos casos, incluso, documentos con el mismo título fueron pagados hasta por 18 legisladores distintos en diferentes fechas. En otros, un solo congresista pagó por el mismo texto más de una vez. Por ejemplo, "el informe denominado 'Los desafíos del sistema nacional de capacitación y empleo', fue justificado como asesoría al requiriente Arturo Squella Ovalle (exdiputado UDI) en diferentes periodos de tiempo, específicamente noviembre-diciembre de 2012 y enero de 2013", dice el informe de la PDI.

Luego, la policía decidió "por la gran cantidad de antecedentes aportados", determinar "una muestra del 10% de títulos que estaban asociados a más de un requirente (parlamentario y/o comité)". De ese estudio, se determinó que 35 senadores y diputados requirieron 111 veces, un total de 38 informes distintos con "contenido coincidente", a los a centros de estudios por concepto de asesorías. Para realizar el análisis de contenido, la policía ocupó un página web llamada copyleaks.com.

Fue el fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, quien ordenó a la PDI, en mayo de 2018, tomarle declaración como testigos a los prestadores de las asesorías externas con el mayor número de informes contratados por la Cámara y el Senado, y que acompañaran los contratos y los informes realizados.

A casi un año de eso, la policía aún no ha podido recolectar la información completa de las asesorías solicitadas por Guerra. Esto, porque no todos los asesores externos han entregado lo requerido y porque quedan antecedentes entregados por 17 personas jurídicas y 20 naturales que asesoran a legisladores, que faltan por ser analizados.

Sin embargo, este informe policial que detectó los primeros "contenidos coincidentes" abre una fase fundamental para el caso que data desde 2016. Esto, porque se empieza a dilucidar la hipótesis de la fiscalía: que varios parlamentarios de la misma bancada contratan un determinado boletín informativo, siendo que podía haberlo contratado uno solo y pagarlo una sola vez. Así, el caso ya está entrando en su recta final.

La investigación nació a raíz de una autodenuncia de la exjefa de prensa de la UDI, Lily Zúñiga, por boletas que emitió a la exdiputada Claudia Nogueira y que, según Zúñiga, fueron pagadas por el Congreso sin haberse efectuado los servicios.

Luego, en septiembre de 2017, el caso dio un giro cuando una investigación de Radio Biobío reveló un presunto "copy-paste" en asesorías parlamentarias pagadas con las asignaciones del senador y excandidato presidencial, Alejandro Guillier, a la oficina Beltrán Asociados Spa, del abogado Omar Beltrán Valle, quien habría realizado trabajos verbales, telefónicos e informes.

En marzo de este año la fiscalía comunicó no perseveraría en la investigación contra Nogueira, apuntando a que no contaba con los antecedentes para imputarle un delito. Sin embargo, la indagatoria continua con el análisis sobre todas asesorías al Congreso en cinco años.

Según el oficio de la PDI, 35 parlamentarios requirieron 111 veces un total de 38 informes distintos con "contenido coincidente". En el caso de los documentos realizados por la Fundación Jaime Guzmán, ligada a la UDI, Arturo Squella (10), Romilio Gutiérrez (8) y María José Hoffmann (8), son quienes más informes solicitaron.

Al Instituto Igualdad, ligado al PS, se realizaron 42 solicitudes de asesorías: la bancada del partido Socialista registra cinco y sus parlamentarios hicieron 37 requerimientos. Entre ellos, Leonardo Soto (5), Luis Lemus (5), Luis Rocafull (4) y Daniel Melo (4).

Al Instituto Libertad, ligado a RN, se solicitaron 20 informes. Entre los legisladores que más pidieron están Manuel José Ossandón (5), el actual ministro de Minería Baldo Prokurica (4) y el exsenador Carlos Larraín (3).

A Cieplan, vinculado a la DC, se pidieron seis asesorías con contenido similar, en que Jorge Burgos, exministro del Interior, y el diputado Matías Walker son los únicos requirientes de estos informes.

Fundación Jaime Guzmán:

Jorge Andrés Jaraquemada, director Ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, aseguró que una de las labores de la entidad era "asistir y apoyar" a los parlamentarios a través de la entrega de "resúmenes a la Sala, reportes a la bancada e informes técnicos de políticas públicas". En su declaración ante la fiscalía, dijo que los parlamentarios -en especial de la UDI- pedían "nuestro trabajo normalmente de manera verbal, no obstante, por requerimiento del Congreso, esta solicitud debe formalizarse por escrito". Agregó que las asesorías parlamentarias representaban casi el 35% de los ingresos de la fundación.

Instituto Igualdad:

"Los productos obtenidos por las asesorías se reflejaban en documentos, preparación o participación en informes, minutas, correos electrónicos, trabajo en todo tipo de soportes u otro semejante", fue parte de lo que declaró Hugo Espinoza, quien fue director ejecutivo del Instituto Igualdad hasta 2017. En su declaración, aseguró que entre 2013 y 2016 recibieron mayores recursos debido a "la incorporación del aporte de cada parlamentario para contratar servicios de asesorías del Instituto Igualdad, en cifras que bordean los $ 400.000".

Instituto ICAL:

Luis César Espíndola, representante legal del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), declaró que los contratos con la Cámara, entre 2011 y 2016, se suscribían de forma mensual y semestral. Primero, dijo, se elaboraba una solicitud de asesorías, luego se confeccionaba el contrato y "posteriormente a ello se comenzaban las asesorías y la entrega de los respectivos informes. Los cheques por los pagos eran retirados por un funcionario del Instituto en la sede de la Cámara de Diputados en Santiago". En la indagatoria figura un informe elaborado para el PC.

Instituto Libertad:

Entre las fuentes de financiamiento del Instituto Libertad estaba las "asesorías y capacitaciones pagadas por los municipios, parlamentarios, empresas y el partido Renovación Nacional", aseguró a la fiscalía, Aldo Antonio Cassinelli, director Ejecutivo de este instituto. El directivo aseguró que "no necesariamente un pago significaba un informe, puesto que me da la impresión de que, a corporación agrupa pagos por contrato, es decir, si los informes se evacuan en el mismo mes se consolida en un sólo pago". Se indagan los informes entregados a RN.

Instituto Icades:

"Se confeccionaban informes diferentes para cada uno de los parlamentarios, ya que sus intereses eran diferentes, dejando de manifiesto que nunca se cobró dos veces por el mismo informe", declaró Ricardo Isla, el presidente del directorio de Icades. Según Isla, la entidad no realizaba asesorías verbales a parlamentarios -en especial del PS- ya que sus servicios "eran respaldados por nuestros informes". Según Isla, la entidad nunca transfirió "dinero o devolución en efectivo de dinero a parlamentarios, partidos políticos ni campañas políticas".

Corporación Cieplan:

Jorge Olave, gerente de administración y finanzas de Cieplan, aseguró durante su declaración que "no necesariamente un pago significaba un informe o minuta. En otras palabras el pago mensual correspondía a la asesoría general prestada mediante todas las gestiones ya mencionadas y no a la entrega de algún informe o documento en particular, por este motivo, los montos facturados a los Diputados y Senadores correspondían a cifras que por lo general se mantenían fijas durante el año". Descartó que la entidad hiciera devoluciones de dinero a parlamentarios.Se indagan los informes a la DC.