Durante esta jornada la Fiscalía de La Araucanía ordenó la realización del allanamiento de las oficinas del episcopado en las ciudades de Temuco y Villarica.

Esto en el marco de la indagatoria que el Ministerio Público abrió de oficio el pasado 19 de junio contra sacerdotes implicados en presuntos casos de abuso sexual impropio contra menores y que es liderada por el fiscal Ítalo Ortega. Una indagatoria desformalizada que involucra a los sacerdotes Pablo Isler Venegas, Juan Mercado Elgueta y José Bastías Ñanco; además del presbítero Belisario Valdebenito, además de un quinto nombre que se desconoce.

La diligencia, que comenzó cerca de las 16.10, fue llevada adelante por la fuerza de tarea de la la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI que fue creada para que se encargaran de estas indagatorias.

La decisión de realizar el allanamiento a las dependencias de la Diócesis de Temuco, y done funciona la Vicaría y el Archivo Judicial de Temuco, y del Obispado de Villarica, donde también se emplaza la Vicaría, se debió a la negativa que los Obispos de ambas ciudades tuvieron de entregar los antecedentes y documentos que fueron requeridos por la Fiscalía.

La documentación incautada corresponde a denuncias, investigaciones previas, indagatorias vigentes o afinadas. Además de aquellas que fueron puestas en conocimiento de la Congregación para la Doctrina de la Fe a partir del 2000 y que digan relación con delitos sexuales que hubiesen sido cometidos por los sacerdotes antes mencionados u otros.

El 22 de junio pasado el obispo de Temuco, Héctor Vargas, se reunió por una hora con el Fiscal Regional de La Araucanía, Cristián Paredes, para abordar estos casos. La reunión fue solicitada por Vargas y contó, además, con la presencia del vicario judicial de la diócesis y del fiscal preferente para estos casos, Italo Ortega.

"No hubo ningún problema en la realización de la diligencia"

Por su parte, en horas de esta tarde habló el fiscal vocero de Temuco, Roberto Garrido, quien dio cuenta del trámite del allanamiento. Explicó el por qué de la negativa inicial de la Iglesia a entregar los documentos. "Se solicitaron oportunamente,tanto a los obispados de Temuco como de Villarrica, se comunicó por parte de estas entidades que no se podían entregar esos antecedentes aludiendo a ciertas prohibiciones de carácter legal y de orden interno de la Iglesia. Como no hubo una entrega de forma voluntaria entonces solicitamos la autorización que correspondía al Juzgado de Garantía, hicimos exposición de los antecedentes y el Tribunal estimó que procedía la incautación".

Además, ratificó que son cinco los nombres identificados hasta el momento como acusados, pero que "no sabemos qué cantidad de casos podríamos encontrar a partir de esta documentación, si se va a acotar a estos cinco casos que ya fueron dados a conocer, tres casos en Temuco, uno en Angol y otro en Villarrica", añadió Garrido.

Respecto a lo que se va a realizar con este material incautado, el fiscal señaló que "tenemos qué indagar en torno a qué delito se pudo haber cometido, si hay reiteración respecto a esos ilícitos y qué cargos se pueden formular".

Consultado si hubo problemas para llevar a cabo la incautación, Garrido señaló que "para la entrega de antecedentes hubo total colaboración por parte de los personeros encargados. No hubo ningún problema en la realización de la diligencia"