Hasta el edificio Bicentenario del Ejército, ubicado en el centro de Santiago, llegaron ayer efectivos de la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef) de la PDI a practicar distintas diligencias ordenadas por la ministra en visita, Romy Rutherford.
La jueza, quien investiga el fraude en el Ejército, pidió a los funcionarios requisar algunos documentos y realizar distintos trabajos de prueba en los computadores de la institución, en las distintas aristas del caso, pero principalmente la relativa a la misión militar en Washington, donde se indagan las compras en dólares de la institución en Estados Unidos.
La instrucción fue ejecutada por los detectives, quienes practicaron diligencias en el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF) y también en la Tesorería del Ejército, donde hicieron algunas "pruebas" de los sistemas de pagos de la institución en Washington.
Según explicaron distintas fuentes consultadas, la misión militar del Ejército tiene un presupuesto de US$ 110 mil anuales en gastos reservados, los que se habrían usado en viajes y en la compra de artículos que no estarían bajo la norma que regula el uso de estos dineros.
Esta unidad es una de las más importantes y prestigiosas de la institución castrense, pues solo los oficiales mejor evaluados en el Ejército son destinados en esa jefatura. Por ejemplo, los excomandantes en jefe del Ejército, general (R) Juan Miguel Fuente-Alba (entre 2006 y 2007) y el general (R) Humberto Oviedo (2011-2012), fueron jefes de esta misión antes de ser los número uno de la entidad.
Sin embargo, la diligencia también abordó otras aristas y se recabaron antecedentes relativos a las causas del Ejército y sus otras más de 20 aristas.
Esta vez la ministra Rutherford no concurrió a la diligencia y la situación fue distinta a lo ocurrido el 22 de abril. En esa oportunidad, la propia magistrada se constituyó en el edificio Bicentenario para incautar documentación sobre la arista "empresas de turismo", la cual había sido requerida en distintas ocasiones en los últimos seis meses.
