A casi un año de su puesta en marcha, el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, plataforma online monitoreada por el Registro Civil y que individualiza a las personas deudoras o morosas de una o más deudas de alimentos, ha superado las 154 mil inscripciones vigentes y registra 147.439 mil deudores. Es más, según el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (MinMujeryEG), la cifra sufrió un incremento en cerca de 50 mil causas de junio a la fecha.

“Hoy contamos con 154 mil causas y 147.439 mil deudores, ya que hay personas que tienen más de una causa. Estas cifras primero demuestran un crecimiento importante en la cantidad de deudores que ingresaron al registro los últimos tres meses y segundo reflejan la necesidad que tenía el país de regular lo que ocurre cuando se incumple de manera reiterada con la obligación de entregar los recursos para el desarrollo óptimo de los niños, niñas y adolescentes”, sostuvo la ministra Antonia Orellana.

De las más de 147 mil personas que se encuentran en el registro nacional, 8.798 cuentan con más de una causa y 3.533 son reincidentes, es decir, pagan para salir del registro y luego vuelven a ingresar por no pago. Además, 4.762 son mujeres (3,23%). En total, hasta el 21 de septiembre las personas inscritas sumaban una deuda que supera los $98 mil millones.

Desde su entrada en vigencia el pasado 18 de octubre de 2022, al Registro Nacional de Deudores ingresan personas que tengan una causa por pensión de alimentos ante los Tribunales de Justicia, los cuales son los encargados de evaluar los antecedentes para determinar si existe deuda o no.

Los alimentarios deben solicitar al tribunal correspondiente la liquidación de la deuda, que será puesta en conocimiento del alimentante. Si éste tiene una deuda de tres meses continuos y/o cinco discontinuos y no hace el pago una vez realizada la liquidación, el tribunal enviará los antecedentes al Servicio de Registro de Identificación, para que éste inscriba al alimentario deudor en el Registro Nacional de Deudores.

Este mecanismo es un sistema electrónico remoto, gratuito e inmediato, y puede ser consultado por cualquier persona o institución que tenga la obligación legal de hacerlo, tales como deudores, demandantes, representantes legales, tribunales, bancos, notarías, municipalidades, entre otras instituciones públicas y privadas.

Dentro de las consecuencias de ingresar al Registro Nacional de Deudores se encuentran: la retención de las devoluciones de impuestos en la operación renta de cada año, la imposibilidad de obtener o renovar la licencia de conducir y/o el pasaporte y la retención de operaciones de crédito (desde 50 UF o más alcanzará un 50%), entre otras medidas.

A este registro se suma la entrada en vigor en mayo pasado de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos, “que permite que los tribunales que dictaron la resolución en donde consta la deuda, ordene el pago de la misma a través de los fondos que el deudor tenga en sus cuentas bancarias, instrumentos de inversión y financieros, y en las cuentas de ahorro previsional voluntario”, dijo la ministra Orellana, quien agregó que ambas leyes “se complementan para no dejar nunca más solas a las mujeres del país en donde el Estado se hace cargo de perseguir a los deudores de pensiones de alimentos”.