Alcaldesa de Las Condes instruye sumario por licitación por $60 millones que se adjudicó pariente de funcionario municipal

Luego de que un reportaje de Ciper revelara que en febrero de 2022 la Municipalidad de Las Condes adjudicó un contrato por $60 millones a una empresa de propiedad del suegro del jefe de informática del municipio, la alcaldesa Daniela Peñaloza envió un mensaje a los concejales de la comuna en el cual afirma que instruyó un sumario para descartar posibles irregularidades, aunque explica que la firma “cumplió con las bases licitadas por el municipio”.

De acuerdo con el informe de Ciper, los registros de una licitación para adquirir equipos destinados al salón plenario del municipio indican que el “responsable de contrato” fue el jefe de informática, Francisco Aguayo, y que la empresa que se adjudicó el proyecto fue Volte Chile, propiedad de Patricio Camilla, suegro de Aguayo.

En este sentido, la alcaldesa parte su mensaje destacando la necesidad de que todos los funcionarios del municipio tengan por entendido que la función pública se debe medir con una vara más alta y que “más allá de lo que la ley y el estatuto administrativo permiten, debe actuarse siempre en base a consideraciones éticas claras”.

“En razón de lo anterior, de acuerdo a las únicas facultades que nos entrega la ley para estos casos, he solicitado iniciar un sumario administrativo, con el objetivo de despejar toda interrogante al respecto y, en el caso de detectar irregularidades, sean sancionadas”, afirma.

La alcaldesa Peñaloza agrega que”sin perjuicio” de lo señalado, la empresa Volte Chile registra cuatro pagos por un total de $69.938.487, realizados entre 2019 y 2023, cifra que se desglosa en facturas de $3.927.000, $3.280.433, $60.243.554 y $1.487.500.

Agrega que sobre la licitación para la adquisición e instalación de equipos audiovisuales para el salón plenario del municipio, participaron cuatro empresas, dos de las cuales fueron rechazadas inicialmente por no cumplir con lo solicitado en las bases.

Respecto de las dos firmas que continuaron en carrera, la alcaldesa indica que “la pauta de evaluación finalmente arrojó que la empresa Volte Chile Spa obtuvo un mejor puntaje, principalmente porque hizo la oferta económica más conveniente para la Municipalidad”.

Aún más, agregó que “al momento de presentarse a la licitación, Volte Chile Spa acompañó una declaración jurada referida a no encontrarse afecta a las inhabilidades contempladas en el Art. 4 de la ley 19.886″ sobre compras públicas.

Sobre la aseveración del informe de Ciper de que Francisco Aguayo habría sido el “responsable de contrato” cuestionado, la jefa comunal sostuvo que este participó de una primera instancia de la licitación, que correspondió a una visita a terreno, pero que decidió marginarse del resto del proceso para garantizar su imparcialidad. En este sentido, la alcaldesa Peñaloza afirmó que “la revisión de antecedentes, ofertas técnicas y económicas estuvieron a cargo de una comisión integrada por otros tres funcionarios del departamento de informática”.

En este sentido, destaca que “la empresa cumplió con las bases licitadas por el municipio, contando con la recepción conforme al servicio solicitado por su supervisor a cargo, que fue la Secretaría Comunal de Planificación”.

Las presuntas irregularidades en este caso se suman a las graves falencias que detectó la Contraloría General de la República en gestiones realizadas por la Municipalidad de Las Condes para la adquisición de un terreno para -según se había informado- la posterior construcción del tercer Centro de Salud Familiar (Cesfam).

Y es que tras recibir una denuncia de concejales de la misma comuna, la entidad dirigida por Jorge Bermúdez alertó sobre complejas inconsistencias y faltas a la probidad. Entre ellas, incluso, que no fue posible comprobar la existencia de un proyecto propiamente tal.

De acuerdo con lo reportado por la Dirección de Obras Municipales (DOM) de la comuna -se señala en la indagación- al 23 de agosto no se habían ingresado solicitudes referidas a fusión de lotes, anteproyectos o permisos de edificación para la ubicación de la requerida unidad.

Asimismo, como se indica en el informe de 36 carillas que emitió en los primeros días de este mes el ente fiscalizador, se constató que en medio de las tratativas para la compra de los inmuebles, Las Condes no se ajustó “a los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, control y eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública”.