El ingreso a un terreno en Pichilemu protagonizado por la subsecretaria de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo, junto a personal de Carabineros y con ruptura de candados, no solo fue otro capítulo de las polémicas en torno al acceso a las playas en Chile. Derivó en un conflicto judicial en el que denunciantes recurrieron contra el Estado y el propio Presidente Sebastián Piñera.

El recurso de protección fue presentado en febrero pasado ante la Corte de Apelaciones de Rancagua por los hermanos Elisa y Marcos Jaramillo, propietarios de los sitios 8 y 10 del Fundo Mónaco, ubicado en Pichilemu. En el texto, afirman que la acción realizada por la entonces ministra (s) el 19 de febrero, con el fin de concretar una notificación de multa por supuestamente haber limitado el libre paso a la playa, vulneró su derecho a la propiedad privada, dignidad y honra.

En ese marco, el tribunal de alzada solicitó al Presidente un informe. Lo respondió en su nombre Gonzalo Blumel, ministro secretario general de la Presidencia, quien argumentó que la acción de protección interpuesta por los propietarios de los terrenos "carece de todo fundamento plausible", ya que no existió hecho ilegal o arbitrario alguno por parte del Presidente, del Ministerio de Bienes Nacionales o de otra autoridad.

No obstante, el abogado de los hermanos, Daniel Campos, asegura que ellos nunca fueron notificados formalmente sobre el supuesto incumplimiento. Añade que pidieron al tribunal que se solicite un informe respecto a las reglas que rigen en esta materia en el parque Tantauco, en Chiloé, administrado por Fundación Futuro, creada por el Presidente Piñera. "Es una solicitud para que el parque informe a la Corte respecto de cuáles son las reglas en lo que entiendo es un parque privado", señalael profesional.

Añade que sus defendidos estudian elevar un requerimiento al Tribunal Constitucional para que se declare inaplicable, por "inconstitucional" la normativa aprobada en febrero pasado sobre acceso a playas.