En completo sigilo, los últimos días de febrero pasado el fiscal adjunto de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Coquimbo, Ricardo Soto Molina, se dirigió al Séptimo Juzgado de Garantía para requerir una medida inédita: incautar al mismo tiempo el teléfono de tres altas autoridades en ejercicio involucradas en la fallida compra de la casa que perteneció al expresidente Salvador Allende.

Por esos días, la senadora Isabel Allende (PS); la ministra de Defensa, Maya Fernández -ambas dueñas de un porcentaje de la propiedad- (PS), y el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi (FA), todavía estaban en pleno ejercicio de sus cargos. Días más tarde, Fernández y Crispi renunciarían a sus funciones, y el 6 de abril la senadora Allende sería destituida por el Tribunal Constitucional por el mismo caso.

En el requerimiento el persecutor acusó a Allende y a Fernández de estar “infringiendo la prohibición constitucional y legal de contratar con el Estado en virtud de sus cargos”, y detalló una serie de antecedentes de la investigación.

Entre ellos, el “pinchazo” telefónico realizado a Miguel Crispi en en marco del caso ProCultura -revelado el viernes por La Tercera- y que fue autorizado en noviembre pasado por el Juzgado de Garantía de Antofagasta.

“Es revelador lo indicado por Miguel Crispi a su interlocutora a quien le señala textualmente refiriéndose a la senadora: “Si bueno, ella tiene mucha responsabilidad en esto, mucha”, preguntando su interlocutora: “¿Ella lo pidió?”, respondiendo: “O sea, llamó hasta al portero del Ministerio Webiando, webiando, webiando, que se haga, que se haga, que se haga, que se haga así, que se haga así, tiene mucha responsabilidad y el abogado de la familia Allende”, transcribió el persecutor en su requerimiento.

Además, el fiscal presentó declaraciones de funcionarios de gobierno que detallaron “la premura” por firmar los decretos para ejecutar la compraventa desde el Ministerio de Bienes Nacionales, y los contactos que se establecieron con el abogado representante de la familia Allende, Felipe Vio; y con la pareja de la hija de la senadora Allende, el arquitecto Genaro Cuadros.

Y también sobre los intercambios que ocurrieron para hacer que el precio que pagaría el Fisco por la vivienda pasara de $ 828 millones a $ 922 millones en sólo dos semanas.

Todo ello, a juicio del fiscal Soto en su solicitud, “cobra especial relevancia” si se considera “la clara existencia de vínculos o afinidades políticas entre los funcionarios que participan en el proceso de gestación del Decreto Supremo respectivo las personas que forman parte de la comunidad vendedora”.

El rechazo del juez

Pero días más tarde, el 27 de febrero, el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Cristián Azócar Carmona, rechazó autorizar la diligencia intrusiva. Pero además, Azócar rebatió uno a uno los argumentos planteados por el fiscal en su requerimiento.

“Con los antecedentes invocados por el Ministerio Público no se avizora por este sentenciador que haya existido algún tipo de influencia por parte de los encartados que dé cuenta de algún tipo de aprovechamiento o prevalimiento de su función, relación jerárquica o personal con el empleado que debe adoptar la decisión, en este caso, S.E. el Presidente de la República”, dictaminó el magistrado.

Además, Azócar argumentó que de los antecedentes presentados por el fiscal se puede concluir que “la decisión de acelerar el proceso y la alteración de la partida presupuestaria hacia el Ministerio de Bienes Nacionales se produce por instrucción del Jefe de Estado en cuanto a fin primordial de su mandato”.

Sobre el rol específico de Allende y Fernández, Azócar argumentó que “no existen antecedentes suficientes que den cuenta de particular intervención en el hecho”.

Por último, el juez sostuvo en su resolución que no se puede configurar el delito de tráfico de influencias “cuando la intervención de estas mismas resulta inevitable respecto de la orden presidencial por ser las comuneras de la comunidad hereditaria del Presidente Salvador Allende Gossens”.

Azócar también descartó que los “vínculos de afinidad política” entre los involucrados en el proceso hagan presumible su participación en algún delito.

Reacciones al “pinchazo” a Crispi

Tras revelarse los dichos de Crispi en la escucha telefónica, donde acusa a la exsenadora Isabel Allende de presionar para apurar la compraventa, Allende expresó en un breve comunicado que “lo dicho por el Sr. Crispi en ese llamado es falso y constituyen una falta de respeto a mi familia".

Además, la exlegisladora reiteró que “no intervine de ninguna manera en la venta de la casa de mi padre. Como hemos reiterado, seguimos las instrucciones del gobierno. Que el Sr. Crispi explique sus dichos a la brevedad”.

Por otra parte, la abanderada presidencial de la UDI, RN y Evópoli, Evelyn Matthei (UDI), declaró en un video en X que “lo que hemos conocido sobre un posible tráfico de influencia en cuanto a la compra de la casa del expresidente Allende es gravísimo, es inaceptable".

En ese sentido, la abanderada de Chile Vamos instó a que la Fiscalía debe investigar el hecho “hasta las últimas consecuencias”, agregando que “los chilenos tienen que saber exactamente qué es lo que sucedió”.

Mientras que José Antonio Kast, candidato presidencial de Republicanos, aseveró que “como lo dijimos desde un principio, Isabel Allende estaba detrás de la operación política-comercial para que el Estado comprara la casa de Allende y en La Moneda fueron cómplices de todo. Esto es muy grave. Llegó la hora de que el Presidente Boric hable y asuma su responsabilidad”.