La aprobación del artículo nueve de la Ley de Migración que se discute actualmente en el Congreso, aprobada el martes por siete votos a seis por los diputados de oposición que integran la Comisión de Gobierno Interior, Nacio- nalidad, Ciudadanía y Regionalización, inició una fuerte disputa entre el Ejecutivo y el bloque de parlamentarios compuesto por la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio.

El artículo se refiere al denominado "principio de no devolución", el cual señala: "Ningún extranjero podrá ser expulsado o devuelto, donde su derecho a la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulnerados en razón de su raza, nacionalidad, religión, condición social u opinión política, en conformidad a los tratados internacionales ratificados por Chile".

El miércoles, el Ejecutivo, a través del ministro del Interior, Andrés Chadwick, había criticado el cambio. Sin embargo, hoy entró al debate el Presidente Sebastián Piñera, quien reforzó la disconformidad de La Moneda. "Vi que el Congreso aprobó la indicación que pretende prohibir que nuestro país pueda expulsar a los inmigrantes que ingresan de forma ilegal, que cometen delitos o que tienen antecedentes policiales, creo que eso es un error", señaló el Mandatario.

La diputada Daniela Cicardini (PS), presidenta de la comisión, señaló que el Estado es soberano, "por lo tanto, puede expulsar a quien infrinja la ley. Si el gobierno entiende lo contrario, es porque no entiende lo que estamos legislando". Además, aclaró que el principio de no devolución tiene carácter internacional que implica "la revisión, caso a caso, de todos los antecedentes de los inmigrantes que ingresan al país".

El diputado Andrés Molina (Evópoli) precisó el rechazo del oficialismo y aseguró que esta indicación crea una "zona gris" que podría ser aprovechada por algunos migrantes, para solicitar refugio, argumentando, de manera no fidedigna, que su vida corre peligro en las naciones de donde provienen.

En tanto, el diputado Renzo Trissoti (UDI) anticipó que "vamos a reponer en la sala la indicación que establece esa misma protección únicamente para refugiados".

Por su parte, la diputada Andrea Parra (PPD) señaló que no han cerrado la puerta a las expulsiones y aseguró que "esos juicios solo son acusaciones mañosas de la derecha".