Fueron tres páginas que prácticamente nadie esperaba. Cerca de las 11.00 de este jueves comenzó a circular una declaración pública emitida por los ministros de la Tercera Sala de la Corte Suprema que el lunes emitieron el fallo que señalaba que el máximo tribunal del país sí podía revisar las actuaciones del Tribunal Constitucional (TC), a través de recursos de protección. Esto generó que, en un hecho inédito, esta última instancia realizara un punto de prensa para señalar que la Suprema buscaba rediseñar las competencias constitucionales.

La declaración, junto con reafirmar que la autonomía del TC no los excluye de la revisión judicial, tomó por sorpresa al Tribunal Constitucional, al gobierno y a la misma Corte Suprema. Especialmente, porque se esperaba que con la declaración pública realizada el miércoles por el presidente de la judicatura, Haroldo Brito, ya no existirían pronunciamientos formales sobre esta materia.

El texto fue firmado por los dos supremos que participaron del polémico fallo, Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, y dejó en evidencia una pugna interna al interior del máximo tribunal del país.

En el mencionado documento, Muñoz y Vivanco aseguraron que ante "miradas jurídicas distintas de lo que debe ser la aplicación de la Constitución y la ley, son otros los órganos estatales los competentes para decidir lo pertinente con carácter general, en ningún caso el Tribunal Constitucional y tampoco la Corte Suprema".

No obstante, en el sexto de los 10 puntos del comunicado, se refuerza que "la autonomía constitucional del referido tribunal (el TC) no excluye la revisión judicial posterior por medio de la acción constitucional de garantía de derechos fundamentales que la carta política contempla, puesto que no ampara aquellas que se han realizado al margen de las atribuciones confiadas por la Constitución o la ley".

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La escalada de la confrontación gatilló que un nuevo personaje entrara a escena: el Presidente Sebastián Piñera. La disputa entre la Corte Suprema y el TC llamó la atención de inmediato del Mandatario. De hecho, el miércoles en la mañana citó a una reunión de emergencia en La Moneda, en que encargó al ministro de Justicia, Hernán Larraín, transmitir a la opinión pública la postura del Ejecutivo.

Así, el secretario de Estado indicó que la contienda era considerada como algo "grave", hizo un llamado a ambas instituciones a solucionar el enfrentamiento y advirtió que si no se llegaba a entendimiento, el gobierno podría intervenir de forma normativa.

No obstante, y ante los nuevos antecedentes, fue el propio Piñera quien abordó la contienda y endureció el tono con que el Ejecutivo mira esta situación. Desde Perú, el Presidente indicó: "Por supuesto que preocupa cuando hay dos interpretaciones que se contrastan. La que ha planteado la Tercera Sala de la Corte Suprema y la que ha planteado el TC. Por eso, la posición del gobierno es buscar los caminos para que esas diferencias de opinión se resuelvan".

Añadió que "cuando hay diferencias de opinión, se pone en cuestión, se debilita el estado de derecho y hemos dicho que si fuera necesario vamos a recurrir a la capacidad de normar a través de la ley, de reformas a la ley orgánica o a través de reformas a la propia Constitución, para que la institucionalidad en Chile sea clara, acordada y respetada por todos".

Piñera también fue consultado sobre las declaraciones del canciller Teodoro Ribera (miembro del TC entre 2006 y 2009), quien el miércoles en la noche en CNN indicó que la resolución de la Suprema "genera una situación nueva de gran incerteza jurídica".

Al respecto, el Mandatario dijo que "nuestro gobierno toma parte por fortalecer la institucionalidad, por el respeto de la autonomía y las atribuciones de cada poder del Estado. Una parte esencial de la democracia sólida y un estado de derecho sólido es que los poderes respeten la autonomía de los demás poderes del Estado. Y esperamos que esto se pueda resolver directamente entre las partes, de lo contrario, estamos preparados para modificar leyes, leyes orgánicas e, incluso, la propia Constitución para evitar que estas discrepancias entre el TC y la Corte Suprema se repitan".

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Tensión suprema

Pese a que la versión oficial que circula al interior del Palacio de Tribunales dice que la declaración de los jueces Muñoz y Vivanco intentó precisar aún más lo manifestado en el controvertido fallo, no son pocas las voces que asumen un golpe al liderazgo de Haroldo Brito.

El martes, el presidente de la Corte Suprema intentó descomprimir el conflicto y señaló que "el problema consiste en una resolución de una de las salas de esta corte y eso es todo lo que hay. No significa que la corte como tribunal, comprometiéndose completamente en el tema, haya tomado una decisión que afecte al Tribunal Constitucional".

Estas palabras no fueron bien recibidas en la Tercera Sala, principalmente en los ministros Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, ambos firmantes del texto difundido este jueves. Un cercano a uno de estos jueces indicó que se habrían sentido con poco respaldo.

Esto explicaría el último párrafo de la declaración, de solo tres líneas, en que habrían tomado distancia de los asegurado por Brito.

"Conforme lo regula el Código Orgánico de Tribunales, para el ejercicio de sus funciones la Corte Suprema se encuentra dividida en salas y cada una de ellas representa a la corte", señala el texto.

Según fuentes en la Corte Suprema, se cuestionó que Brito emitiera una declaración sin consultar con otros supremos, menos aún con los miembros de la Tercera Sala. La respuesta de Muñoz y Vivanco regresó de la misma forma. La declaración de este jueves fue enviada por Muñoz para su difusión al Departamento de Comunicaciones del Poder Judicial. Y recién pocos minutos antes de ser publicada fue entregada por asesores al presidente de la corte, a quien no se le dio alternativa para intervenir.

La tensión entre Brito y Muñoz no es nueva. Muchos reconocen en el otrora presidente de la Suprema una fuerza importante entre los miembros del pleno. En este sentido, existe historial de desencuentros entre ambos magistrados. Uno de ellos dice relación con la propuesta del gobierno por modificar el sistema de nombramiento de jueces. Mientras Brito se mostró más abierto al proyecto, el presidente de la Tercera Sala se manifestó contrario a que el Ejecutivo interviniera en el tema.