Profesores rociados con combustible y ataques a Carabineros con bombas molotov son parte de las escenas que se han registrado al interior de algunos establecimientos educacionales en los últimos meses.

Con el objetivo de frenar estos hechos es que este jueves en el Museo de la Educación Gabriela Mistral, el Presidente Sebastián Piñera y la ministra de Educación, Marcela Cubillos, firmaron el proyecto de ley denominado "Aula Segura". Esta iniciativa pretende entregar más facultades a los directores de los colegios municipales y particulares subvencionados, para expulsar de una manera más rápida a los estudiantes que sean sorprendidos en delitos violentos.

En el proyecto están contemplados dos casos donde se deberá "aplicar un procedimiento simple e inmediato de expulsión y cancelación de matrícula". Estos son, por una parte, el uso, posesión, tenencia y almacenaje de ciertos tipos de armas definidas en la Ley de Control de Armas y artefactos incendiarios o explosivos que sean de características similares a las bombas molotov. La segunda causal de expulsión está relacionada con "agresiones físicas que produzcan lesiones a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos" en los establecimientos.

Asimismo, se contempla que se reducirá el plazo de apelación a las desvinculaciones, pasando de 15 a cinco días.

El Presidente indicó en la actividad que "vamos a perseguir con toda la fuerza de la ley a aquellos delincuentes y violentistas que, disfrazados de estudiantes, pretenden causar un clima de terror al interior de los establecimientos educacionales".

Por su parte, la ministra Cubillos señaló que no se desatenderá el derecho a la educación que tienen los estudiantes. Así, dijo que "por una parte está el hecho de usar bombas molotov, portar armas, rociar con bencina o parafina. Cosa muy distinta es ese estudiante que es expulsado de ese colegio. Su derecho a la educación nos impone a nosotros como Ministerio de Educación relocalizarlos si es que las sanciones penales así lo permiten". Agregó que "queremos que cualquier joven que es reubicado en otro establecimiento pueda contar con medidas de apoyo para que logre, ojalá, abandonar el camino de la violencia". La ministra espera que el proyecto ingrese con suma urgencia al Congreso.

Cuestionamientos

Desde la oposición cuestionaron el real impacto que tendría una iniciativa de esta naturaleza.

Camila Rojas, diputada del Frente Amplio, indicó que "no tiene sentido expulsar a los estudiantes del sistema educativo. Los actos de violencia están ya contemplados en la legislación penal y son los tribunales de justicia los que deben determinar la pena".

Por su parte, el alcalde de Lo Prado y presidente de la comisión de educación de la Asociación Chilena de Municipalidades, Maximiliano Ríos, estimó que "esta ley de Aulas Seguras es un poco violenta. En definitiva lo que se está haciendo con las expulsiones inmediatas es que el alumno, en este caso, no tendría derecho a apelación".

Además, el edil cuestionó que -según su criterio- no haya claridad sobre los planes de acompañamiento para reintegrar a estos estudiantes. "Debería existir algún equipo psicosocial que pudiera hacerse cargo en forma permanente de estos temas. Incluso de la prevención, porque nosotros apuntamos hacia allá. Más violencia es insuficiente para poder hacerse cargo de estos temas", señaló el jefe comunal.