La Nueva Educación Pública, también conocida como desmunicipalización, es una de las reformas más importantes del gobierno anterior. Traspasa los 5.195 colegios administrados por los municipios, a 70 Servicios Locales de Educación, buscando mejorar su calidad y presupuesto, luego de que en la última década el sector perdiera 322 mil escolares, equivalentes al 20% de su matrícula.
La norma también ordena crear una Estrategia Nacional de Educación Pública, que durará ocho años, y que será la "hoja de ruta" para salvar a estos colegios. De hecho, la ley dice que el plan debe tener "objetivos, metas y acciones" para ampliar la cobertura, retener a los escolares y mejorar el aprendizaje, con "los recursos que disponga el país y sus respectivos presupuestos".
Pero a dos años de promulgada la ley, la estrategia aún no existe. En junio, la Dirección de Educación Pública (DEP), servicio que implementa la ley, convocó a una comisión de 21 expertos que iba a orientar este plan, el que debía estar listo en diciembre. Pero ese mes estuvo marcado por la salida del director de la DEP, Rodrigo Egaña, y por el despido del secretario ejecutivo de la comisión, Rodrigo Roco, ambos ligados al bacheletismo.
Y tras eso, el trabajo se diluyó: la última sesión fue en enero y hoy los consejeros no saben qué pasará.
Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, integró el grupo y cuenta que uno de los problemas de la comisión es que no se estaba trabajando sobre metas concretas. "Se decía que había que aumentar la matrícula, pero no en cuánto había que aumentarla. Había que mejorar el aprendizaje, pero ¿cómo se va a medir? Hay que reducir la deserción, pero no se dijo a cuántos niños vamos a dejar de perder. Si estamos haciendo una estrategia, tiene que ser en base a algo concreto", explica.
Sylvia Eyzaguirre, investigadora del CEP, dice que su sensación "es que se avanzó muy poco, pero es fundamental contar con una estrategia y espero que la nueva directora de la DEP (María Francisca Johansen) asuma eso, porque se confundieron términos, metas con objetivos y acciones, y no logramos avanzar. Pero no podemos seguir esperando, hay que entregar una propuesta contundente pronto, no se puede postergar".
Y Gonzalo Muñoz, académico de la UDP y ex funcionario del Mineduc durante la administración de Bachelet, se suma a las críticas: "Existe una legítima preocupación por el avance y compromiso del Gobierno con la desmunicipalización. Esta estrategia es una buena oportunidad para dar un giro y priorizar la mejora de la educación pública, lo que demostraría la real voluntad de fortalecer este sector".
Al respecto, el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, dice que este es un tema prioritario para el Mineduc, "al que queremos dar continuidad y ejecutar con máxima celeridad" y anuncia que en abril presentarán la esperada estrategia. "Actualmente, un equipo de desarrollo integrado por miembros de la DEP, el Mineduc y el BID, se ha enfocado en sistematizar el trabajo realizado durante 2018 y 2019, estructurando en líneas de acción las recomendaciones de todas las instancias", agrega.
Las metas pendientes
¿Qué debiera contener esa estrategia? Susana Claro, académica de la UC e integrante de la comisión, dice que debe tener objetivos cualitativos, pero también metas concretas, porque "sin algo que se mida, es difícil saber si se está avanzando". Sin embargo, cree que no debería cifrar la matrícula que debe tener el sector en ocho años más, porque "debe tener más una mirada de trayectoria educacional".
Por su parte, Eyzaguirre cree que debe haber indicadores, por ejemplo, en deserción escolar, porque "no puede ser que tengamos 80 mil niños fuera del sistema, la educación pública debe asumir eso. También hay que enfocarse en los niños que están catalogados con aprendizaje insuficiente, por ejemplo, reduciendo eso a la mitad. Y también debe haber metas en gestión y para la educación parvularia y técnico profesional".
Rodríguez, en tanto, dice que se necesitan objetivos claros: "Si en ocho años no aumenta la matrícula, no mejoran los resultados Simce o no hay claridad de qué distingue a los colegios públicos de los particulares subvencionados, entonces esto será un fracaso".
