El Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible el requerimiento interpuesto en febrero por la familia Jaramillo en contra del Estado de Chile y su representante, el Presidente Sebastián Piñera y el Ministerio de Bienes Nacionales, ante la Corte de Apelaciones de Rancagua, debido al ingreso que realizó en febrero la subsecretaria de dicha cartera, Alejandra Bravo, junto a Carabineros, al Fundo Mónaco de Centinela en Pichilemu.
En la ocasión, se rompieron los candados de los accesos con el fin de entregar al dueño del fundo la primera notificación de multa por limitar el libre acceso a la playa, que estipula el decreto ley publicado en el Diario Oficial el 14 de febrero.
El recurso de la familia, que además aludía a las autoridades presentes en el hecho, indicaba que el ingreso a la propiedad ocurrió por una vía que no se encontraba destinada al efecto. "Ingresaron, rompiendo el primer candado, por puerta de Los Patos, Hijuela o Lote 8, la que no corresponde a la entrada a la vía de acceso fijada por Resolución N° 5 de 2 de julio de 1984. O sea, propiedad privada".
El documento señalaba también que "las actuaciones arbitrarias e ilegales realizadas por representantes y órganos del Estado de Chile" privaron y amenazaron el ejercicio de los derechos de la familia. Sin embargo, esto fue descartado por el TC.
Según el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, la determinación del TC "se trata de un triunfo para la campaña "Que no te falte playa" que hemos impulsado como ministerio, porque respalda nuestra postura de que no existen playas privadas". El secretario de Estado agregó que seguirán recibiendo denuncias y fiscalizando este tipo de infracciones durante todo el año.
Sin embargo, la familia Jaramillo no pierde la esperanza de que la Corte de Apelaciones de Rancagua acoja el recurso.
De acuerdo a Marcos Jaramillo, uno de los dueños del fundo, "desgraciadamente el fallo del TC parece evadir el analizar el fondo de nuestra presentación". Según explicó, la subsecretaria Bravo, al ingresa al predio, "actúo con fractura de candados de nuestro portón de ingreso, dejando sin protección a nuestros bienes, como son los animales, los bosques y las casas (..) Esto, en un acto populista, no acorde con la legalidad y sobriedad con que debe actuar la autoridad".
