Un total de 1.917 "presentaciones" a nivel país recibió el Ministerio de Bienes Nacionales durante 2019, de usuarios que denunciaron haber registrado problemas de acceso a diferentes playas de lagos, ríos o mar.
Se trata de zonas donde hay personas cobrando o bien prohibiendo el ingreso, pese a que estos lugares son considerados como bienes nacionales de uso público, por lo cual no se puede restringir ni prohibir el paso.
Las presentaciones fueron realizadas en su mayoría en las regiones del Biobío, Coquimbo y Valparaíso.
El ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, explicó que esta semana se iniciará una campaña para que las personas den a conocer problemas de este tipo a través de una aplicación (app) que se puede descargar en teléfonos móviles, denominada "playapp". En ella, los usuarios podrán buscar el punto exacto donde se ubica la playa y, al registrarse, denunciar qué problema existe, como por ejemplo cobros ilegales, cierre o control de acceso, distancia excesiva u otros.
"Con esta información se puede acudir a fiscalizar, y si el sector está cerrado, junto a las intendencias se puede abrir el paso con el auxilio de la fuerza pública", precisó.
Además, en el caso de que se compruebe que no se dejó entrar a una playa de manera arbitraria, la persona o empresa responsable puede ser multada con entre 10 y 100 Unidades Tributarias Mensuales ($ 4,9 millones).
Nuevas medidas
La mayor cantidad de denuncias las concentraron las playas Punta de Parra, en Tomé, en la Región del Biobío; Playa Blanca, en Coquimbo, y La Virgen, en Atacama. Al respecto, el ministro Isamit explicó que en cada zona se han tomado medidas diferentes.
En Punta Parra, por ejemplo, existe un libre acceso para los peatones, pero la cartera pidió a la intendencia del Biobío que se fije un ingreso para vehículos, pues se debe llegar a la playa tras caminar cuatro kilómetros, lo que resulta dificultoso, especialmente para personas de la tercera edad o con problemas de movilidad.
Agregó que una situación similar se da en la Playa Blanca, donde se puede ingresar caminando alrededor de un kilómetro, por lo que también se pidió a la autoridad regional determinar un ingreso más expedito para automóviles.
La alcaldesa de Caldera, Brunilda González, destacó que interpuso un recurso de protección el año pasado en contra de una sociedad que obstaculiza el ingreso a la Playa La Virgen, el cual fue rechazado por la Corte de Apelaciones y ahora será visto en la Corte Suprema. "El acceso a las playas debe ser democrático. Lo que sucede en este lugar también ha afectado a personas que trabajan en recolección en ese borde costero; es muy injusto que deban caminar largos kilómetros para llegar", indicó la jefa comunal.
Otros lugares que tuvieron alta cantidad de denuncias fueron Huentelauquén, en Coquimbo; la desembocadura del río Biobío y la Playa Las Escaleras, ambas en el sector de Hualpén. A estos se suman Las Salinas, en El Tabo; Las Tacas, en Coquimbo, y Pingueral, en Tomé.
