“Por cada minuto del día, dos robos. Es terrible en lo que se ha convertido Plaza de Armas; nos cambiaron Santiago”, relata Miguel Cortes (61), dueño de un pequeño carrito ubicado a un costado de la sede central de Correos de Chile, en el casco histórico de Santiago.
A lo largo de los 45 años que lleva instalado en el lugar, ofreciendo sobres y estampillas a los transeúntes, Cortes ha sido testigo de los múltiples cambios que ha tenido la plaza. Desde 2019 a la fecha, dice el comerciante y otros que, como él, viven a su alrededor, la delincuencia se ha multiplicado y la prostitución, reaparecido.
Esta situación ha motivado a los vecinos y locatarios a manifestarse en las puertas del Municipio de Santiago -ubicado en plena la Plaza de Armas- por mayor control y seguridad policial.
Sobre todo luego de que la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), anunciara en mayo de este año el Plan de Recuperación de Espacios Públicos en conjunto con la Delegación Presidencial Metropolitana, medida que comenzó con una intervención policial en barrio Meiggs para despejar vías públicas del comercio ambulante, lo que terminó con el desalojo de decenas de vendedores ilegales en las calles Enrique Meiggs, San Alfonso, Unión Latinoamericana y Bascuñán Guerreo.
La delegada presidencial, Constanza Martínez, comenta que desde mayo a noviembre, la delegación ha desplegado una serie de intervenciones en las comunas de la capital, “que han permitido avanzar en la recuperación de los espacios públicos de nuestra región (...) Carabineros, por su parte, en el último año, ha desarrollado más de 52 mil controles de identidad y otros 12.800 vehiculares en la comuna”.
Si bien desde el municipio festejaron el éxito de la medida, vecinos de Plaza de Armas distan de tener la misma opinión.
“Hemos notado cómo el comercio ilegal y la delincuencia se han trasladado desde Estación Central a nuestro sector. A los transeúntes los asaltan a plena luz del día y los comerciantes ilegales te venden droga como si fuera un ‘Super 8′. Además del mal olor que dejan las cocinillas y puestos ilegales de comida. Esto se ha convertido en un pueblo sin ley, todos hacen lo que quieren, ya no existe respeto por nada ni nadie”, relata Miguel Benavides (60) suplementero del kiosco ubicado en la intersección entre Paseo Puente y Catedral.
“La municipalidad debe dar una señal”
Junto al comercio ilegal que inunda a la zona y a sus locatarios, los vecinos han alertado en torno a la prostitución y comercio sexual que ha proliferado en diversos puntos de Santiago, siendo la Plaza de Armas una de sus vitrinas. Las restricciones de la pandemia y la mayor fiscalización en el sector habían erradicado el fenómeno en la zona, pero el relajamiento de estas medidas trajo a las trabajadoras sexuales de vuelta.
“En mis tiempos, visitar la plaza era un evento en sí mismo. Uno se arreglaba casi de traje para visitar el Paseo Ahumada y la Catedral. Hoy, en cambio, el único escenario que uno ve al pasar por acá es el comercio sexual en plena vía pública, tráfico de personas y proxenetas dando vueltas”, sostiene Cortes.
Según Kevin Díaz, director de la Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria de la Municipalidad de Santiago, el alza de estas situaciones no es algo reciente, sino que ha venido en aumento desde 2019 preestallido social. En este sentido, asegura que la dirección ha mantenido un trabajo permanente de fiscalización con Carabineros dentro de los principales puntos críticos de la zona: Paseo Puente, calle Ahumada y Plaza de Armas.
En los últimos dos meses, la dirección ha realizado 13 operativos con la Policía de Investigaciones (PDI) y la jefatura nacional de migraciones para abordar las situaciones de comercio sexual y tráfico de personas migrantes, “especialmente en el portal Fernández Concha, uno de los lugares en donde hemos intervenido de forma reiterada debido al aumento de denuncias de prostitución y violencia. Pero erradicar estas situaciones no es fácil, pues muchas veces hay mafias detrás que requieren de mayor investigación y acción. No es un trabajo de un día pata otro”.
No obstante, Benavides sostiene que estas medidas no se han reflejado en el sector de Calle Puente y Plaza de Armas, donde él trabaja hace más de 50 años. “En el último mes sostuvimos una reunión con kiosqueros de Paseo Puente y el director de Seguridad del Municipio, quien nos prometió mayor dotación de Carabineros y fiscalización en la zona, pero nada de eso se ha cumplido. No hemos tenido respuesta de ellos. ¿Dónde está el control?”, sostiene.
Un comentario que Rosario Carvajal (IND), concejala y vicepresidenta de la comunidad de seguridad e integrante del Concejo de Seguridad Pública de la Municipalidad de Santiago, comparte. Según dice, pese a que las demandas de los vecinos y preocupaciones se han extendido hacia Hassler, “estas no han sido tomadas en cuenta”.
“Mi oficina queda frente a Plaza de Armas y puedo constatar que existe una inseguridad desbordada. Uno transita todos los días por ahí y observamos el tráfico de personas, la contaminación acústica, la prostitución y el tráfico de drogas. Vemos que ya es una plaza tomada”.
Y agrega: “¿Qué posibilidad existe en abordar la situación de inseguridad en el resto de los barrios más alejados de Santiago si la institución no es capaz de abordar su entorno más inmediato? Se necesita un plan de inteligencia para abordar todos los circuitos que están alrededor de la Plaza de Armas. Sobre todo teniendo en cuenta que este sector es muy visitado por extranjeros y turistas, es una vergüenza”.
¿Una sensación de seguridad?
Otra de las medidas que ha adoptado el municipio de Santiago, junto a la Dirección de Seguridad, ha sido la fiscalización diaria con más de 20 inspectores municipales y 20 carabineros, desde inicios de 2022, quienes en rondas por la mañana y la tarde se encargan de efectuar controles de identidad a transeúntes; despejar los paseos de comerciantes sin patentes municipales, además de limpiar las calles con camiones municipales.
Sin embargo, para Francisco Vidal (65), comerciante que se ubica a las afueras de la Catedral de Santiago, la presencia de los fiscalizadores solo es una “falsa sensación de seguridad”.
“Vemos cómo los carabineros quitan a migrantes de la vereda, le sacan sus toldos y se los llevan a la comisaría, pero luego de media hora todos salen libres y se vuelve a lo mismo. Entonces vemos que el control no existe. Y si uno trata de sacarlos por su cuenta, se enojan y lo atacan”, recalca.
Frente a estos reclamos, desde la Delegación Presidencial sostienen que se seguirá insistiendo en mayor coordinación con policías y el municipio de Santiago para continuar “reforzando fiscalizaciones, controles y una labor en la comuna”.
La Tercera pidió una versión a la alcaldesa Hassler, sin embargo no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.
