A poco menos de siete horas para que se diera por iniciado el periodo de propaganda, a las 00.01 de este miércoles, el Congreso despachó a ley la reforma constitucional que regula el financiamiento de las campañas para el plebiscito del próximo 25 de octubre.

La normativa, que surgió de una moción de los socialistas Álvaro Elizalde y Alfonso de Urresti y que fue la base del acuerdo al que arribó el Senado el viernes pasado, fue aprobada con modificaciones durante la tarde por la Cámara de Diputados con 112 votos a favor, seis en contra y 28 abstenciones.

La sala aprobó así los cambios realizados el lunes por la Comisión de Constitución de esa corporación, donde una enmienda impulsada por la centroizquierda equiparó en 500 UF el máximo de los aportes individuales que podrán recibir los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil, elevando el monto de estas últimas en 300 UF. Asimismo, los diputados aprobaron que se fije un máximo de gasto por opción -apruebo, rechazo, convención constitucional y convención mixta constitucional- de alrededor de $ 2.100 millones.

Antes de que la sala ratificara el texto y lo enviara a un tercer trámite al Senado, donde fue despachado por 38 votos a favor y cuatro abstenciones, las dudas de que no se lograra el quórum de 3/5 que requería para su aprobación se instaló tanto en el oficialismo como en la oposición. Las miradas estaban puestas en la bancada de la UDI, desde donde -pese a que sus senadores fueron parte de la redacción de la norma- habían optado por rechazar o abstenerse. Con el paso de la sesión, esas dudas se extendieron a RN y Evópoli, bancadas en donde también había sectores críticos de cómo finalmente se legisló la materia.

Ante ese escenario, y en medio de críticas de la oposición por la “pasividad” con que el gobierno habría actuado en avanzar en una regulación para el referéndum, el ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, realizó gestiones para evitar que el proyecto se cayera y pasara inmediatamente a una comisión mixta, donde se habría complicado aún más el despacho oportuno de la norma. Finalmente, la iniciativa contó con 19 votos más de los que necesitaba para su aprobación.

Mientras en la Cámara Baja cuestionaron el texto del Senado, asegurando que se trataba de una normativa que les daba el “monopolio” a los partidos políticos para financiar sus campañas, en el Senado los legisladores cuestionaron los cambios realizados por los diputados. En ese sentido, aseguraron que equiparar los montos hacia arriba era un “error” y que podría, incluso, permitir que algunas organizaciones de la sociedad civil fueran usadas para ocultar intervención de grandes intereses económicos ante la falta de regulación vigente.

“Los partidos son poco más de 20 y son fiscalizados por el Servel, las organizaciones de la sociedad civil son miles y la norma aprobada dice que pueden recibir aportes ‘cualquiera sea su composición’, o sea, ni siquiera tienen que tener personalidad jurídica”, advirtió Elizalde, defendiendo la distinción de montos que se había hecho en un inicio.

Más allá de las recriminaciones cruzadas, tanto senadores como diputados reconocieron que se estaba legislando “contra la espada y la pared” y respecto de una norma que no era la mejor, aunque la mayoría prefirió eso antes que las campañas quedaran en un vacío.

“No será lo óptimo, pero lo que busca es fijar ciertos criterios”, dijo el ministro Monckeberg, defendiendo la moción.

Dentro de las principales críticas a la normativa estuvo lo elevado de los montos fijados y, de hecho, algunos plantearon la necesidad de corregir la normativa de cara al eventual plebiscito de salida. “Es un descaro establecer un monto de $ 14 millones cuando las ollas comunes piden donaciones en papas”, lanzó Alejandro Navarro (PRO).

Con todo, esta noche el gobierno hacía gestiones para promulgar y publicar la reforma antes de que a la noche partiera oficialmente el periodo de campaña. Para su plena entrada en vigencia, en todo caso, el Servel debe habilitar el registro de organizaciones sociales y comandos que podrán hacer propaganda.

Desde el organismo valoraron la aprobación de la ley y aseguraron que trabajarán con la mayor celeridad para su aplicación.

El presidente del consejo directivo del Servel, Patricio Santamaría, destacó que “en el mayor tiempo de la campaña” podrán vigilar los aportes y gastos realizados. “Desde el momento que sea promulgada esa norma, vamos a tener la posibilidad de fiscalizar”, afirmó.