El Pleno de la Corte Suprema sesionará la tarde de este lunes para revisar la solicitud que hizo la Fiscalía de Antofagasta con la finalidad de desaforar a la diputada Catalina Pérez por su rol en el caso Democracia Viva.

El 10 de febrero, la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió la solicitud en forma unánime y el 20 del mismo mes dio a conocer la sentencia que indica que hay “plausibilidad” de participación de la diputada en los hechos que se investigan.

Ante la apelación de la defensa, el máximo tribunal debe decidir.

El Ministerio Público aspira a despojar a la legisladora de su inmunidad para formalizarla por la trama que involucra a su expareja, Daniel Andrade, y a sus excolaboradores Carlos Contreras y Paz Fuica.

Todos eran militantes del extinto partido Revolución Democrática (RD).

Pérez está siendo imputada de tres delitos consumados de fraude al fisco.

El Ministerio Público acusa a la diputada de “dirigir” la operación para que se concretaran los convenios por $426 millones que suscribió la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda de Antofagasta, siendo encabezada por Contreras, con Democracia Viva, entidad que lideraba Andrade.

Se cuestiona la asignación de fondos del Programa de Asentamientos Precarios del Minvu a una fundación que no tenía las competencias y no cumplía con los requisitos para la ejecución de tres convenios que fueron pactados entre septiembre y octubre de 2022.

Se alega que la diputada habría facilitado la asignación de los fondos a la fundación, violando el principio de prioridad administrativa y además participando en la manipulación de los convenios, de manera de beneficiar a la entidad que dirigía su expareja.

El fiscal Cristian Aguilar, jefe de la Fiscalía Local de Antofagasta, sostiene que en este caso hubo una maquinación para obtener recursos “con fines políticos”.

Si la Suprema confirma lo resuelto en Antofagasta, Pérez sería la cuarta diputada que es despojada de su fuero, desde marzo de 2022.

Con el desafuero ejecutoriado, Pérez quedará inhabilitada para votar y participar en sesiones de sala y de comisiones. Su escaño, además, deberá restarse del número total de legisladores para calcular las mayorías necesarias para la aprobación de leyes en la Cámara de Diputados. Igualmente, seguirá percibiendo su dieta parlamentaria.

“Creemos que no existen antecedentes serios para fundar un posible desafuero”, afirmó en entrevista con La Tercera el abogado de la parlamentaria, Gonzalo Medina, en la antesala de la audiencia de este lunes.