La Contraloría Interna del Poder Judicial implementó, a contar de este 28 de mayo, un nuevo canal para recibir denuncias por faltas disciplinarias, administrativas y en contra de la probidad en la institución.

La Contraloría Interna del Poder Judicial evaluará la admisibilidad de cada denuncia en un plazo de cinco días hábiles. Si es aceptada, se elaborará un informe para el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que podrá decidir entre archivar, derivar o iniciar una investigación disciplinaria.

El nuevo canal se encuentra habilitado en el sitio web institucional www.pjud.cl.

Este espacio permite que cualquier persona—funcionaria o externa—pueda denunciar situaciones y/o hechos que puedan ser considerados como irregularidades en procesos de compras públicas, administración de contratos o actuaciones que comprometan principios como la probidad o la correcta administración de recursos públicos del Poder Judicial.

Eso con exclusión de hechos relacionados con funciones jurisdiccionales, como sentencias o actuaciones propias de tribunales, los cuales serán derivados a las Cortes de Apelaciones correspondientes.

No será aplicable a situaciones de carácter jurisdiccional, de acceso a información pública ni denuncias relativas a acoso laboral o sexual, ni violencia en el trabajo, ya que existen otro tipo de canales para ello, precisan.

El canal cuenta con un reglamento, que establece estrictos estándares de confidencialidad y protección al denunciante, incluyendo medidas preventivas para evitar represalias.

Se contempla además la posibilidad de mantener en reserva la identidad del denunciante y se garantiza un seguimiento institucional a cada caso ingresado.

Las denuncias deben cumplir con requisitos para ser admitidas, como la identificación del denunciante a través de Clave Única, una descripción detallada de los hechos y, de ser posible, la identificación de los implicados.

Desde el Poder Judicial advierten, asimismo, que las denuncias maliciosas o sin fundamento pueden generar responsabilidades penales y disciplinarias.