Por caso de Margarita Osorio: Contraloría reitera prohibición de apostar en casinos a funcionarios que custodien fondos públicos

Por medio de un pronunciamiento, la Contraloría General de la República (CGR) reiteró la prohibición que tienen de efectuar apuestas en casinos de juego los funcionarios a cargo de la custodia de fondos.

La norma tiene el objetivo de prevenir un eventual perjuicio patrimonial del Estado.

Lo señalado por el organismo se relaciona con el proceso sancionatorio que lleva adelante la Superintendencia de Casinos de Juego, en contra de la exalcaldesa de Nogales, Margarita de las Mercedes Osorio Pizarro, por infringir las normas que establecen las Bases Generales para Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de Casinos de Juego.

Lo anterior, considerando que la exautoridad -en sus correspondientes descargos- habría señalado que el ejercicio de su función no requería custodia de fondos públicos, sino solo de su administración.

Así, en su documento E30528 de 2025, la CGR precisa que administrar consiste en “ordenar, disponer y organizar, en especial la hacienda o los bienes”, por lo que resulta evidente que el deber de administrar un bien conlleva su custodia e impone no solo la obligación de preservarlo, sino también la de emplearlo o ejecutarlo conforme a su naturaleza.

La Contraloría concluye que la exalcaldesa, mientras ejerció el cargo durante sus periodos alcaldicios 2016-2021 y 2021-2024, efectivamente le correspondía la custodia de los recursos del patrimonio municipal y afectó a la prohibición de efectuar apuestas en juegos de azar desarrollados en casinos.

Igualmente, se recordó el dictamen CGR N° E33653 de 2020, que indicó que la normativa aplica a todos aquellos empleados que tienen a su cargo la conservación de los bienes y recursos que se encuentren bajo su esfera de protección.

El 30 de junio de 2022, la exalcaldesa fue formalizada en el Juzgado de Garantía de La Ligua imputada por la Fiscalía de Valparaíso como autora del delito consumado y reiterado de estafa. Ilícito que habría perpetrado entre octubre de 2015 y diciembre de 2019, en las comunas de Nogales y Cabildo.