Por fallo de la Suprema sobre isapres: gobierno aclara que sentencia “habla claramente de excedentes” y que “nunca se ha ordenado devolver dinero”

Esta mañana continuó la discusión en la comisión de Salud del Senado sobre el proyecto de Ley Corta de Isapres, con la presencia de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y el titular de Justicia, Luis Cordero.

Ambas autoridades abordaron las declaraciones de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, que en entrevista con La Tercera aseguró que el fallo de la Tercera Sala del máximo tribunal de noviembre de 2022 obliga a las aseguradoras a restituir cobros en exceso por las tablas de factores solo a quienes realizaron presentaciones ante la justicia y no a toda la cartera de cotizantes.

Aguilera y Cordero coincidieron en plantear que esa restitución no corresponde a dineros para los afiliados.

“Nunca el Ejecutivo, ni el Ministerio, ni la Superintendencia ni nadie del Ejecutivo ha planteado la posibilidad de que a la gente se le vaya a pagar un cheque el día uno producto de los cobros excesivos que habla la sentencia”, explicó la ministra de Salud.

La autoridad sostuvo que “desde el día uno” desde Salud han expuesto que, en su sentencia, la Corte Suprema “habla claramente de excedentes”.

La ministra Aguilera señaló además que “el régimen de excedentes es algo que está regulado y que implica la posibilidad de tener coberturas adicionales de algunos productos, farmacias, coberturas para exámenes, etc. Y que una vez al año, si no se usan esas coberturas, implica un pago en efectivo”.

En esa misma línea, el ministro Cordero en su exposición ante la comisión, precisó que “la Corte Suprema nunca ha ordenado devolver dinero”, y que lo que ha dicho es que “se devuelven excedentes y esas son cuentas separadas”.

“Lo primero en materia de excedentes en prestaciones, si no se utiliza, es en dinero. Pero no es como que usted pueda ir a girar el dinero directamente de los excedentes”, planteó.

“En la actualidad Chile no está directamente demandado en el arbitraje internacional, a propósito de los acuerdos de protección de inversiones, sino que se ha abierto la etapa de conversaciones sobre este punto, pero formalmente hasta ahora esa demanda no se ha producido, en buena parte, nosotros entendemos, por lo que se está discutiendo en este Congreso”, afirmó, además, el ministro de Justicia, Luis Cordero, en relación a una consulta que le hizo el senador Juan Ignacio Latorre.

“Dos de las matrices que están acogidas a ese acuerdo de protección de inversiones, han abierto la etapa de consultas, que es la etapa de conversaciones previas para definir si demandan o no demandan al Estado de Chile en materia de arbitraje internacional, eso es lo que está ocurriendo”, detalló el secretario de Estado.

En su primera alocución, el titular de Justicia dijo que el razonamiento que la Corte Suprema aplicó en el fallo de noviembre responde a un “largo proceso judicial”, que comprende miles de recursos de protección presentados en contra de las isapres, donde suele suceder -dijo- que las sentencias “tengan efectos adicionales a las partes”.

Cordero fue enfático en señalar la naturaleza de los recursos: son una acción de tutela de derechos fundamentales y no una demanda civil, aclaró.

Y dio cifras. Desde el fallo del Tribunal Constitucional (2010), que declaró inconstitucional la aplicación de la tabla de factores, sólo entre 2013 y 2022 se contabilizan más de 2 millones 300 mil casos en Cortes de Apelaciones de todo el país. La mayoría se concentra el año pasado, cuando fueron presentadas más de 668 mil de estas acciones jurisdiccionales. En esa línea, el ministro destacó que la mayoría de los tribunales de alzada las ha acogido: “De 4 afiliados, 3 obtienen resultados favorables en Cortes de Apelaciones”, dijo, y que en la Corte Suprema dicha tasa “aumenta un poco más”.

Otro aspecto importante, para entender el fallo de la Suprema, agregó Cordero, es que en 2022 el 83% de los casos que resolvió el máximo tribunal fueron solo recursos contra las isapres, lo que implica “consecuencias complejas de congestión judicial” y que esta “distorsión dentro del sistema judicial” había sido advertida por distintos ministros -Sergio Muñoz, Haroldo Brito y Guillermo Silva, entre otros-, desde 2015 en adelante.

“¿Cuál ha sido el propósito perseguido por la jurisprudencia de la Corte Suprema?”, preguntó, retóricamente, Cordero: “Tratar de definir un criterio común para reducir la judicialización”, respondió.

“Las cifras que he mostrado lo único que hacen es acreditar que lo que tenemos es un sistema que es insostenible desde el punto de vista de la litigación. Si este proyecto (Ley Corta de Isapres) no se cierra adecuadamente (...) terminaríamos en una paradoja, que tratar de contener la judicialización termine generando un incentivo a la inversa, aumentándola”, advirtió.

Respecto de los dichos de la magistrada Vivanco, el ministro retomó su primera idea planteada en la Comisión: “Yo entiendo la entrevista a la ministra, en el entendido de tratar de responder a los críticos de la sentencia, yo creo que la idea, incluso la crítica a la sentencia de la Corte, no se compadece con la redacción de la sentencia, pero, en segundo lugar, no se compadece y pasa por alto que este ha sido un debate que se ha concentrado en recursos de protección”.