Presidente Boric ha cumplido el 31% de las promesas legislativas de su programa de gobierno

“Quiero pedirles, exigirles a todos y todas las presentes que los dos años que restan del gobierno no es para hacer promesas, es para cumplirlas”.

Esa fue la exigencia que el Presidente Gabriel Boric le hizo a su gabinete la mañana del 2 de marzo de cara al segundo tramo -y final- de su mandato, que este lunes 11 de marzo cumple su segundo aniversario.

Y luego les ahondó: “Nuestro pueblo tiene que notar las mejoras concretas que significa tener un gobierno progresista. Este año es clave para ellos, sabemos que los terceros años de los gobiernos son años de materializaciones, esta no va a ser la excepción”.

Pero, ¿qué tanto tiene que materializar el Ejecutivo? Al menos en cuanto a promesas legislativas contenidas en su programa, la realidad dice que a esta misma altura de sus mandatos, el del exdiputado está más atrás atrasado que sus antecesores: Piñera II mostraba 34% y Bachelet II 39% tras dos años de gobierno, mientras que el de Boric muestra un 31% hasta el viernes 8 de marzo de 2024.

Así lo determina el estudio ‘Del Dicho al Hecho’ realizado por Ciudadanía Inteligente, el que, además, zanjó que durante su segundo año en La Moneda el gobierno de Boric avanzó 13% de esa meta.

De un total de 216 promesas legislativas contenidas en su programa, 32 alcanzaron el 100% de cumplimiento (proyectos de ley promulgados), dos el 90% (con aprobación presidencial), 26 en un 70% (en segundo o tercer trámite, o Comisión Mixta), 36 el 40% (en primer trámite, con veto o insistencia) y 120 promesas tienen 0% (sin proyecto, retirados o rechazados).

En los sectores con mayor avance en la hoja del ruta del Ejecutivo se ubica en primer lugar Infancia y Juventud, con un 74%, donde de cinco promesas tres están completas, una en proceso y otra sin avances.

En detalle, el fondo estatal para el pago de pensiones alimenticias con el objetivo de “perseguir al deudor”; la Ley integral contra la Violencia a la Niñez para “una protección efectiva de los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de violencia”; y el fin al Servicio Nacional de Menores (Sename), que dio paso al Servicio Mejor Niñez, son las promesas que hasta el momento el gobierno ha cumplido en su totalidad.

A diferencia de aquello, el proyecto para entregar mayores facultades a la Defensoría de la Niñez no tiene avances y la reformulación de la ley de adopción para fortalecer el cuidado alternativo como “las familias de acogida” que ha avanzado al 70%, son los que no han sido cumplidos en su totalidad.

La segunda área con mayor avance en las promesas de gobierno es la Minería con un 67% de cumplimiento en dos promesas de tres, con una tercera sin progreso, que es la Empresa Nacional del Litio.

Por el contrario, el royalty a la gran minería del cobre para que “el Estado recupere una proporción significativa de las rentas económicas del mineral manteniendo los incentivos para invertir”, así como el fortalecimiento de las capacidades de fiscalización en la minería, sí vieron puerto.

La tercera área positiva para el gobierno es Trabajo y Previsión Social, con un avance de 52% en sus promesas: de 27, siete están completas, 10 en proceso y 10 sin avances.

¿Las exitosas? El alza escalonada del salario mínimo a $500 mil; impulsar la jornada laboral de 40 horas y el proyecto de ley para garantizar espacios de trabajo seguros para las mujeres, son parte de los proyectos más insignes que han sido cumplidos durante la administración, mientras que la normalización de las gratificaciones legales que busca “una repartición efectiva de utilidades entre los y las trabajadoras de la empresa” es uno de los proyectos aún en deuda en materia previsional. Con un 70% de avance, por su parte, figura el considerar el trabajo de cuidados no remunerados para subsidiar desempleos.

Son cuatro las áreas donde el estudio detectó 0% de avance en los compromisos legislativos: cultura, defensa, democracia y pueblos indígenas presentan el mayor déficit en cumplimiento.

En el ámbito cultural, la hoja de ruta comprometía tres promesas: modificación a los mecanismos de financiamiento en cultura, apuntando al aumento del “presupuesto del Ministerio de las Culturas y las Artes en un 1%”; una Ley de Artes Visuales; y una Ley de Archivos. Todas están en 0%.

En defensa la situación es similar: de siete promesas en esta materia, todas están sin progreso legislativo. Ahí figuran, por ejemplo, el control civil sobre gastos de las Fuerzas Armadas; la Agencia civil de compras militares; o terminar con el secreto de las juntas de selección y apelación de las Fuerzas Armadas”.

Al mirar lo referido a democracia, las promesas en este orden eran cinco y, como se ha dicho, no se presentan avances. No al menos en su trámite legislativo. Algunas de ellas son la idea de una ley de participación integral de niños, niñas y adolescentes; el refuerzo a la legislación sobre participación ciudadana en la gestión pública; y las mejoras a la ley de Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias.

¿Y pueblos indígenas? Cuatro eran las promesas explícitas sobre esta materia, ninguna de las cuales ha visto avances. Destacan la nueva institucionalidad de participación y consulta indígena; la salud intercultural para “incorporar las iniciativas autónomas de salud en el Sistema Nacional de Salud”; derechos de aguas de las comunidades indígenas; y la plurinacionalidad, que buscaría “comprometernos con la autodeterminación integridad, cultura y la lengua de todos los pueblos como un derecho”.

El programa del actual Mandatario incluía reformas y proyectos que plasmaban el sello de transformaciones profundas de la coalición. Sin embargo, el futuro de la mayoría de las propuestas hoy está en entredicho -entre ellas sus dos reformas principales; la previsional y la tributaria- y su viabilidad es incierta.

Pero hay, además, algunos proyectos insignes de la campaña presidencial que todavía no tienen un destino claro. En educación radican dos de ellos: la condonación del CAE y la Ley de educación sexual integral marcan un 0% de avance. Y, mientras la primera ha sufrido constante cambios de itinerario, la segunda pasó al final de la fila legislativa con la llega del ministro Nicolás Cataldo.

En Salud, el aborto legal, libre, seguro y gratuito, y la Ley de Acceso a Farmacias no presentan avances, mientras que la regulación de precios en toda la cadena de suministro farmacéutico alcanza el 70%.

Asimismo, en los lineamientos de Equidad de Género, el Sistema Nacional de Cuidado y el Cupo Laboral Trans, que busca garantizar su empleabilidad en al menos 1% del sector público, no tienen avances, a diferencia de la Ley Integral de Violencia de Género, que alcanza el 90%.

En Seguridad Ciudadana, una de las principales promesas del gobierno era una refundación de las policías de manera progresiva, discurso que se ha ido matizando y que al menos en lo legislativo no tiene avances.

Finalmente, en Justicia y DD.HH., la agenda sólo ha tenido avances en la amnistía de la revuelta social que buscaba el indulto a privados de libertad, además de quitar querellas presentadas durante el estallido social. Esta situación, aun con sus avances, le trajo más de un dolor de cabeza al gobierno debido al perfil de algunos de los indultados.

De lo que sí puede enorgullecerse el Presidente Boric en cuanto a su agenda legislativa son los 32 proyectos que ya han sido promulgados.

Ahí destacan, además de los ya mencionados, las condonaciones con motivo de la pandemia para pequeños y medianos empresarios; la profesionalización del fútbol femenino con la exigencia de un contrato entre clubes y jugadoras; la regulación de la leña como combustible; el fondo estatal para pago de pensiones alimenticias; la Ley CATI de tránsito; o el fin de la doble evaluación docente.

“El estudio es esencial para la rendición de cuentas, ya que mide la efectividad con la que los gobiernos cumplen sus promesas, abordando la desconfianza ciudadana hacia la política”, dice la coordinadora de Incidencia de Ciudadanía Inteligente, Josefina Correa, quien destaca “la importancia de contar con información clara, que permita conocer cómo los compromisos presentados durante campañas electorales se hacen realidad e impacten realmente en la calidad de vida de las personas”.