Este viernes, se comunicó que el Presidente Gabriel Boric solicitó los antecedentes correspondientes para reevaluar la continuidad de la pensión de gracia de un falso denunciante de violaciones a los derechos humanos, en la Región de La Araucanía, en el contexto del estallido social de 2019.
El caso se conoció esta jornada, luego que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), retirara una querella por la presunta violación a los derechos fundamentales del denunciante. De acuerdo al organismo, los funcionarios del INDH de La Araucanía “tomaron conocimiento de nuevos antecedentes sobre una denuncia recibida durante la crisis social, que contiene inconsistencias con el testimonio original del 23 de octubre de 2019″.
“El testimonio original de la presunta víctima condujo a la presentación de una querella ante la justicia por el delito de apremios ilegítimos. Luego, por requerimiento del denunciante, el Consejo del INDH lo acreditó como víctima de violaciones a los derechos humanos para solicitar una pensión de gracia al gobierno. Esta solicitud la acogió en su momento la autoridad correspondiente y actualmente la persona recibe una pensión”, señaló el INDH a través de un comunicado, donde aseguraron que las lesiones del sujeto corresponden a un accidente de tránsito ocurrido días antes de la presentación de la denuncia, por lo que derivaron los antecedentes al Ministerio Público para determinar las responsabilidades del hecho.
En ese contexto, desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, aseguraron que “de confirmarse lo planteado por el INDH, se estaría vulnerando la fe pública y dando un uso abusivo a un beneficio concebido para reparar a víctimas de la acción del Estado”.
Por lo anterior, es que “el Presidente de la República solicitó todos los antecedentes disponibles para reevaluar inmediatamente la pensión de gracia”.
Asimismo, se informó que el gobierno solicitará al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que evalúe las acciones legales pertinentes “siendo éstas, al menos, la procedencia de presentar una querella por el delito sancionado en el artículo 470 N°8 del Código Penal, esto es, obtención fraudulenta de prestaciones del Estado”. Además, presentarán las acciones necesarias para la restitución de los dineros otorgados.
En ese sentido, la comunicación añade que el gobierno insistirá en las modificaciones legales presentadas en el Congreso para dar mayor “rigurosidad a la entrega de beneficios, tales como, las pensiones de gracia”.