En entrevista con Desde La Redacción de La Tercera, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, se refirió a las medidas que se deberían tomar a nivel del Ministerio Público tras el bullado caso Audio, que tiene como principal imputado al abogado Luis Hermosilla, y en el que además de delitos como lavado de activos, soborno y fraude, se investigan posibles tráfico de influencias.
Esto, luego que se con conociera, entre otras aristas que incluyen a fiscales, la existencia de chats entre el penalista -actualmente en prisión preventiva- y el fiscal nacional, Ángel Valencia, así como con la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra.
Valencia conversó con Hermosilla cuando ambos ejercían como abogados privados. En el caso de Parra, el diálogo ocurrió en 2021, cuando era candidata al cargo que tiene en la actualidad.
Esta trama tuvo su génesis cuando Juan Pablo Hermosilla, quien ejerce la defensa de su hermano Luis Hermosilla deslizó la idea de “abrir entero” el celular del jurista investigado. Luego de que se decretara la prisión preventiva en contra del acusado declaró, en Radio Infinita, que “si uno va a abrir el teléfono de Luis Hermosilla y va a usarse para estas cosas que ustedes están señalando, ábranlo entero. Y veamos qué fiscales le pedían favores a Luis Hermosilla, veamos qué ministros le pedían favores a Luis Hermosilla”.
Inquirido por las medidas que se deberían tomar, Bravo señaló: “Debería estar regulado o derechamente prohibido”.
En ese sentido, planteó que de esa manera se establecería claramente que para las nominaciones “hay un mecanismo institucional de postulación y el mecanismo institucional es exclusivamente que usted se presenta al concurso mediante una presentación escrita y luego tiene la posibilidad de hacer una exposición ante el pleno y está absolutamente prohibido hacer cualquier otro tipo de gestiones directa o indirectamente”.
“Creo que esa sería una manera que probablemente no lo eviten un cien por ciento, pero al quedar claramente establecido de que eso está prohibido, después nadie podría decir ‘yo no sabía que no se podía hacer’”.
Además, dijo que de esta manera “si después se descubre que hay personas que no obedecieron ese mandato prohibitivo, eventualmente podría ser sometido a algún tipo de investigación administrativa o penal, si es que es un delito”.
