Ruido generó en el entorno judicial que la Asociación Nacional de Magistrados solicitara a empresas privadas que aportaran con fondos para financiar la Convención Internacional de Jueces, que se realizó en Viña del Mar en noviembre de 2017. El tono de los cuestionamientos subieron cuando se supo que una de las compañías entregó dinero de manera reservada.
Ante esto, el presidente del organismo, Álvaro Flores, aseguró a La Tercera que a raíz de esta situación se efectuará una reevaluación de los procedimientos internos. Además, explicó que fue la empresa la que pidió no aparecer y que los jueces fueron informados del nombre de la misma y los montos que iba a aportar.
¿Por qué se solicitó dinero a empresas privadas de manera confidencial?
La Asamblea Anual de la Unión Internacional de Magistrados, que se realizó en Santiago, en noviembre de 2017, demandó un gran esfuerzo organizativo para nuestra asociación, por tratarse de un evento inédito y de gran alcance en que se recibieron a casi 300 delegados de todo el mundo. La enfrentamos con fondos propios de la asociación y aportes que aprobó unánimemente el Consejo Superior del Poder Judicial. La decisión de suscribir un contrato de auspicio privado fue aprobada unánimemente por el directorio, informada a los asociados en septiembre de 2017 y aprobada por nuestra comisión revisora de cuentas, pues se ajusta a la gestión de nuestros fines estatutarios como organización gremial.
¿Cree que fue prudente la solicitud?
Nosotros no pedimos confidencialidad, sino que, una vez que se ofreció a la empresa la posibilidad de ser auspiciante, ella misma sugirió suscribir un contrato tipo en que señalaba que no le interesaba tener presencia corporativa en el evento, renunciando a sus derechos de imagen en el mismo. Ese es el alcance único y acotado, a nuestro juicio malentendido en la información, pues nuestros jueces fueron informados tanto del auspicio como de su monto en septiembre de 2017. Estimamos que no hay ningún compromiso con la imparcialidad de la función judicial, desde que la propia UIM (que es un órgano asesor de Naciones Unidas en materia de independencia judicial) valida esta forma de financiamiento y por cuanto se aplicó expresamente a los fines del evento, en el marco de lo que es propio de la acción gremial, no advertimos el problema. Con todo, ciertamente la experiencia, será reevaluada internamente en nuestra próxima convención y estaremos a lo que decida la Asamblea General, pues cualquier proceso puede ser perfeccionado.
¿La petición pone en riesgo la imparcialidad de los magistrados?
No. Si bien no podemos estar conformes con el ruido y la inquietud que el tema ha causado en algunos sectores, particularmente porque hemos sido muy celosos en la defensa de la independencia de la función judicial, creemos que esto se origina en buena parte en la incomprensión de lo que es la gestión de intereses gremiales en el marco de cometidos lícitos y claramente separados de la función jurisdiccional, la que no queda comprometida. Fue un contrato de auspicio, cuyo objeto se cumplió.
¿Requiere la asociación de más recursos?
La excepcionalidad del evento inédito explica la necesidad episódica; pues normalmente nuestra asociación organiza sus eventos con su patrimonio, obtenido de las cuotas de los asociados. Por otra parte, el auspicio no alcanzó a representar el 10% de lo invertido en el evento, que dejó muy bien posicionada a nuestra asociación a nivel internacional.
¿Cuántas veces se ha solicitado este tipo de aportes confidenciales?
Ya he explicado el alcance de la cláusula. Es primera vez y a petición de la empresa.
¿Se requiere un cambio de estatutos?
No hubo infracción estatutaria. Sin perjuicio de estar abiertos a revisar y eventualmente modificar estándares.
¿Qué le parecen las declaraciones del presidente de la Suprema, Haroldo Brito, que considera que no hay vinculación entre la petición y la independencia judicial?
Las comparto, conforme a lo señalado.
