A nueve meses de su entrada en vigencia, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (MMEG), a través de la ministra Antonia Orellana, presentó este miércoles ante la comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado el primer informe anual de implementación de la Ley 21.675, que establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres por razón de género.

El documento destaca avances clave en prevención, atención, acceso a la justicia y coordinación interinstitucional.

“Publicada en junio de 2024 y aprobada en marzo de 2024 es, a nuestra manera de ver, un hito en la respuesta estatal frente a la violencia de género que pasamos de tener leyes con enfoques fragmentados que fueron obtenidas gracias a los avances en distintos ámbitos hacia una mirada interinstitucional y con nuevos niveles de coordinación”, comenzó exponiendo la ministra.

Entre los hitos más relevantes figura la reorganización de la oferta de atención a víctimas por parte de SERNAMEG, con más de 143 mil orientaciones entregadas en todo el país y 116 mil atenciones psicosociales realizadas en 2024. Además, se quintuplicó el número de representaciones jurídicas en comparación al año anterior.

Transformación cultural y prevención

El informe destaca un esfuerzo inédito de capacitación institucional: más de 57 mil funcionarias/os públicos fueron formados en materias de género entre 2023 y 2024. El curso “Prevenir, cerrando brechas de género” fue clave en este proceso, así como el trabajo territorial con 554 organizaciones sociales y educativas en 139 comunas del país.

Asimismo, se reforzó la prevención en la educación, con campañas específicas y el desarrollo de protocolos de acogida en escuelas y jardines infantiles, así como orientaciones para prevenir el acoso y la violencia en instituciones de educación superior.

Justicia y persecución penal con enfoque de género

El Poder Judicial implementó materias específicas sobre violencia de género en causas civiles, penales y de familia, junto a una formación obligatoria para jueces/as. Se capacitaron 150 magistrados/as, y se introdujeron audiencias de supervisión judicial de medidas cautelares.

El Ministerio Público también dio un salto cualitativo: implementó un sistema de mensajes SMS para mantener informadas a las víctimas, capacitó a 1.611 funcionarias/os y desarrolló un modelo especial de atención para mujeres víctimas de violencia.

Carabineros, por su parte, capacitó a casi 7 mil efectivos policiales en enfoque de género y fortaleció el uso de herramientas como la Pauta Unificada Inicial de Riesgo (PUIR). Actualmente cuenta con 100 Salas de Familia y 104 Oficinas de VIF en el país.

Durante su presentación, la ministra Orellana destacó el avance logrado en la revisión y cumplimiento de medidas cautelares en casos de violencia de género. Y es que desde que se publicó la Ley N° 21.675, se han realizado 1.952 audiencias en tribunales penales relacionadas con medidas cautelares en casos que comenzaron en tribunales de familia, pero que fueron derivados por falta de competencia. Estos datos fueron obtenidos de los sistemas SIAGJ y UNIJUD, y consideran solo causas marcadas como violencia de género (VG) y que incluyeron medidas cautelares.

De ese total, 1.549 audiencias fueron para revisar las medidas cautelares y 403 para hacer seguimiento o supervisión judicial, tal como lo indica la nueva ley.

Lo anterior gracias a desarrollos informáticos para el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género (SIIVG) que permitió añadir nuevas herramientas de género en las causas de familia penal civil y laboral para una mejor reacción y derivación. Una de ellas, las audiencias de supervisión judicial y supervisión de las medidas cautelares para que estas tengan una mejor adhesión.

“Esa medida se creó a partir del análisis de los tribunales de garantía con mejor cumplimiento de cautelares que resultaron ser dos: uno de Tarapacá y otro de Santiago, que añadieron de modo propio esta figura que se incluyó en la ley para todos. Y esto es un hito que nos enorgullece porque es un mandato que estos poderes tenían desde hace más de 10 años, a propósito de la ley del banco unificado de datos, pero que ha avanzado significativamente gracias al empuje del equipo técnico de los tres organismos de la interconexión de sistemas en las sedes del Poder Judicial y Ministerio Público”, explicó Orellana.

Atención integral y reparación

En el ámbito de la atención, el rediseño de los programas de SERNAMEG trajo consigo cambios estructurales. El programa de Recuperación del Ejercicio de la Autonomía brindó atención especializada a 813 mujeres en residencias transitorias, y a través de 24 Centros de Atención Especializada se realizaron 20.009 atenciones psicosociales y 1.479 representaciones jurídicas, incluyendo 236 querellas.

El Ministerio de Salud integró la atención a víctimas de violencia sexual al sistema GES 86, garantizando atención en crisis dentro de las primeras 72 horas, seguimiento médico y acceso a fármacos preventivos. En total, 2.111 mujeres fueron atendidas durante 2024 bajo esta garantía.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también avanzó en atención a chilenas víctimas de violencia en el extranjero, a través de una dupla psicosocial que ya ha acompañado 122 casos en consulados.

Coordinación interinstitucional y gestión de datos

Otro punto destacado es el avance en la Comisión de Articulación Interinstitucional (CAI), cuya primera sesión se espera tras la aprobación del reglamento por la Contraloría. Este organismo coordinará a 13 instituciones del Estado.

En paralelo, se prepara el lanzamiento en junio de 2025 del Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género (SIIVG), que contará con datos de instituciones como SERNAMEG, Fiscalía, Carabineros, PJUD, entre otros. El sistema busca crear un expediente único por caso y facilitar el diseño de políticas públicas basadas en evidencia, con protección de datos garantizada.

Desafíos y próximos pasos

El informe identifica tres grandes desafíos: mejorar la coordinación entre instituciones, fortalecer las capacidades del Estado para aplicar la ley, y asegurar una gestión del cambio que involucre transformación cultural y administrativa.

Para el segundo semestre de 2025 se proyecta la publicación del reglamento del SIIVG, la expansión del modelo de atención especializada, la integración de nuevos actores al sistema y la consolidación del Plan Nacional por el Derecho a Vidas Libres de Violencia de Género 2022–2030, ya armonizado con la Ley Integral.