Primer paso para el fin de los delegados presidenciales: Ejecutivo y gobernadores firman acuerdo que establece plazos para indicaciones

Hasta la Región de Antofagasta llegaron este jueves autoridades de gobierno para avanzar, en conjunto con la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Chile, en un protocolo de acuerdo que permita progresos en materia de descentralización, tanto a nivel de coordinación como en asuntos de administración y financiamiento.

Así, tras una serie de conversaciones que en esta oportunidad estuvieron lideradas por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y el presidente de la citada asociación, el gobernador Ricardo Díaz, los personeros -entre quienes también estaban los subsecretarios de Interior, Manuel Monsalve, y de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez- firmaron un documento que incluye cuatro grandes temáticas: coordinación internivel y participación territorial, descentralización administrativa, descentralización fiscal y política nacional de descentralización.

Entre esos puntos, los representantes destacaron como un importante hito el que se fijara formalmente cuándo y cómo se dará el primer paso para terminar con la figura de los delegados presidenciales, lo cual forma parte de los compromisos de campaña del Presidente Gabriel Boric.

“La superación de la figura del delegado(a) presidencial como la conocemos actualmente es un compromiso que se cumplirá a través de la creación del Ministerio de Seguridad. Esa discusión implica un rediseño del Ministerio del Interior que incluirá una modificación de la expresión regional del mismo, así como la creación de una nueva autoridad que represente el Ministerio de Seguridad en ese nivel territorial. La nueva formulación permitirá dejar atrás el actual diseño de los delegados regionales, y se definirá de tal manera que asegure la adecuada coordinación y presencia del gobierno central en el territorio mientras al mismo tiempo se logra una mejor articulación con los gobernadores regionales”, se establece en el documento.

Se agrega, en el mismo sentido, que las indicaciones necesarias para avanzar en ese cambio, se introducirán al proyecto que crea el Ministerio de Seguridad en el mes de mayo.

Asimismo, se determinó que a través de proyectos de ley que serán ingresados durante el primer semestre, “se modificará el procedimiento de transferencia de competencias” a los gobernadores regionales, “de manera que conduzcan a diseñar transferencias de conjuntos de competencias y procesos”. Además, se indica, “se establecerá un proceso administrativo para la transferencia de servicios, de acuerdo a la distribución competencial que se defina en la Política Nacional de Descentralización (cuya elaboración concluye en junio)”.

En términos financieros, el acuerdo también contempla mayor participación de las gobernaciones en la discusión del Presupuesto de la Nación. Esto, a fin de resolver las discrepancias que pudieran producirse.

De igual forma, y considerando los cambios que ha experimentado la estructura presupuestaria de los Gobiernos Regionales posterior a la dictación del Decreto N°24, se contemplo como necesaria su revisión y modificación, para que esté acorde con la actual estructura presupuestaria y con sus glosas. Por lo mismo, se fijó como plazo para hacer los cambios el primer semestre de este año.

Para marzo de 2023, además, está contemplado que ingrese el proyecto respecto de rentas regionales, y se posiciona como elementos centrales el dotal de mayor flexibilidad y robustecer el actual sistema.

Teniendo en cuenta el compromiso del Presidente Boric respecto de terminar su mandato con menor poder central que cuando empezó, el acuerdo también incorpora el compromiso del Mandatario de convocar “a autoridades regionales, locales, y parlamentarios, así como a representantes de la academia y de la sociedad civil organizada vinculados al desarrollo territorial, a dialogar en torno a una propuesta de Política Nacional de Descentralización”.

Durante la jornada de diálogos, además, las autoridades presentes también avanzaron en aspectos referentes a mejorar las condiciones de seguridad en las regiones y la incidencia que tienen en la materia los gobernadores regionales.

De esta forma, tras una reunión en que cobraron especial protagonismo los subsecretarios de Interior, Manuel Monsalve, y de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, se acordaron cuatro puntos.

En primer lugar definieron que se requiere avanzar en una modificación a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales “para reconocer a través de un estándar jurídico la labor que realizan los gobiernos regionales en materia de prevención”. Esto significa, como indicaron, “dotarlos de facultades para el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas en materia de prevención”.

También, acordaron la creación de una nueva división de Prevención del Delito en las estructura de los gobiernos regionales. En tercer punto, definieron “fortalecer el trabajo y facultades de los gobiernos regionales para hacerse cargo de la atención a víctimas” y, en cuarto lugar, “mantener una coordinación más periódicas y fluidas para hacer seguimiento de compromisos y profundizar la vinculación de los gobiernos regionales en materia de seguridad”.