A raíz de los socavones producidos en las dunas de Reñaca, vecinos, organizaciones e inmobiliarias, así como abogados y servicios públicos, han iniciado una serie de arremetidas legales para determinar hechos y responsabilidades. Y recientemente uno de los recursos presentados le ha dado la razón a la alcaldesa de Viña del Mar, donde queda el campo dunar, en el primero de los varios rounds judiciales que se prometen.
El pasado 29 de septiembre las abogadas Nathaly Javia y Gabriela Rodríguez, junto a Antonio Villarreal, presentaron la primera acción cautelar a favor de los residentes de los cuatro edificios afectados por los deslizamientos (Kandinsky, torres A y B del Miramar Reñaca, y Santorini Norte), y del Restaurant Stella Maris, quienes fueron desalojados por medio de un decreto alcaldicio que, según se indica, sólo declaró “inhabitable en forma total” al edificio Kandinsky por no ofrecer condiciones de seguridad, “pero fue usado por las autoridades para proceder a la evacuación de personas para todos los habitantes de los edificios mencionados, careciendo este hecho de legalidad”, privando a los afectados “del legítimo ejercicio del derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes”.
Estas eran las primeras personas que acudían a la Corte de Apelaciones de Valparaíso acusando vulneración de garantías constitucionales mediante recurso de protección.
El recurso también apela a la Ley General de Urbanismo y Construcción, la que autoriza el decreto de inhabitabilidad “únicamente a daños que comprometan la estabilidad del edificio”, pero el escrito asegura que el edificio Kandinsky no presenta daños, “ya que la construcción está en perfecto estado y el problema del socavón es externa a ésta y menos aplicable, obviamente, a los demás edificios y local comercial”. El actuar del municipio, sigue, golpea “gravemente la integridad síquica de los afectados que se encuentran en una situación de total abandono y desprotección por parte de las autoridades”.
No obstante, el 2 de octubre el tribunal de alzada declaró inadmisible el recurso, estimando los ministros Rosa Aguirre y Leonardo Aravena (s) “que la pretensión esgrimida en el recurso de protección excede a la naturaleza y características de esta acción cautelar, no advirtiéndose la existencia de un acto ilegal y/o arbitrario que afecte algunas de las garantías que se reclaman conculcadas de parte de la recurrida y, por tanto, circunstancias que hagan procedente la tutela de urgencia exigida”.
La abogada Nathaly Javia señala a La Tercera que el fallo “está diciendo que no hay un acto ilegal y arbitrario para mí y para mi colega, pero no dice que no lo hay respecto de los afectados”. En otras palabras, asegura que “el recurso fue rechazado en forma, pero no en el fondo, porque como recurrentes no tenemos legitimidad activa para presentar este recurso, ya que no somos afectados; nosotros lo hicimos a favor de todas las personas que habitan ahí”.
En respuesta, las profesionales presentaron este miércoles un recurso de reposición “constituyendo patrocinio y poder en favor de algunos afectados”, dice Javia, quien agrega que el objetivo del recurso es “que la gente pueda volver a su hogar hasta que no se hayan emitido informes que respalden o un decreto que respalde esta acción de evacuar a la gente, porque no se ha determinado el riesgo de las personas, de estar en un lugar así, ya que los edificios están intactos. La situación, por ahora, es todavía externa a la construcción del edificio. La gente podría perfectamente estar viviendo ahí, a menos que un decreto así lo señale, y ese decreto tendría que venir acompañado de informes técnicos”.
Pero según se explicó desde la delegación presidencial, fue esa repartición pública la que dio la instrucción de desalojo de los recintos mencionados. Todo en base a informes técnicos y a la Ley del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).
Al respecto, Javia comenta que “nadie tuvo a la vista esa orden. No sabemos los fundamentos de su existencia. Le pido a los ministros de la Corte que por favor oficien a todo el mundo que haya tenido relación con esta orden, para saber qué documentos hay”.
Denuncia al Ministerio Público
En paralelo, la Fiscalía Regional de Valparaíso informó que el 21 de septiembre un vecino del edificio Miramar Reñaca denunció ante el Ministerio Público haber sido obligado a abandonar su departamento el pasado 11 de septiembre -día en que se registró el segundo socavón- y que a la fecha no ha podido regresar.
La Fiscalía dio orden de investigar a la Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y Medio Ambiente (Bidema) de la PDI. La causa quedó abierta “por otros hechos”, pues se buscará determinar si existe algún delito vinculado.
