“Quiero dar garantía de que se va a perseguir con todo el peso de la ley a los culpables, quienes sean, y que en Chile se respeta el Estado de derecho”.

Con esas palabras fue que el Presidente Gabriel Boric abordó el mega ataque incendiario que, la madrugada del domingo, afectó a la central hidroeléctrica Rucalhue, en la comuna de Quilaco, Región del Biobío.

El atentado fue catalogado como el más grave registrado en la macrozona sur, por lo que de inmediato las diferentes autoridades salieron a condenar lo ocurrido. Por primera vez desde que fue modificada, el Ejecutivo informó que invocaría la Ley Antiterrorista en la presentación de la respectiva querella.

Pero aunque desde La Moneda y el Ministerio Público se insistió en que se realizarán todas las pesquisas que sean necesarias para dar con los responsables, tanto en los pasillos de la Fiscalía como en el mundo político persisten dudas respecto del éxito que podrían tener las diligencias.

Esto, porque la indagación quedó bajo la dirección de la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, sobre quien pesan una serie de cuestionamientos a los pocos “éxitos” en materia investigativa, y en particular los que tienen que ver con violencia rural.

Conocedores del trabajo investigativo que se ha llevado adelante en la macrozona sur respecto de este tipo de delitos, aseguran que aquello deriva, principalmente, de que la persecutora se ha alejado de la máxima de que estos delitos deben ser perseguidos vía Fiscalía de Alta Complejidad, derivándolos a las fiscalía locales respectivas de acuerdo con el lugar en que ocurrieron los hechos.

Esto, comendan desde el interior del Ministerio Público, ha implicado que las causas quedan en manos de fiscales que muchas veces no tienen la experiencia ni la especialidad necesaria para perseguir casos tan complejos como el ocurrido el fin de semana recién pasado.

Por lo mismo, no son pocos los que sostienen que esta causa podría quedar por siempre en punto suspensivo, sin responsables.

Las dudas del Congreso

Quienes han seguido de cerca el desempeño de la fiscal Marcela Cartagena y los resultados del Ministerio Público en el Biobío son precisamente los diputados de esa zona, quienes coinciden en que hoy no tienen reales garantías de que esta nueva investigación llegue a buen puerto.

“Este es un hecho gravísimo que afecta la seguridad, la inversión, el desarrollo y la productividad en la Región del Biobío. Por eso es esencial que la Fiscalía Nacional o Regional designe un equipo especializado que pueda esclarecer rápidamente los hechos, identificar a los responsables y buscar las máximas sanciones penales y efectivas. Frente a uno de los atentados terroristas más graves en la historia de nuestro país, el ente persecutor no puede volver a repetir los errores que hemos conocido en anteriores causas”, manifestó al respecto la diputada Flor Weisse (UDI).

Desde la misma bancada, Sergio Bobadilla, indicó: “Existen suficientes antecedentes y un historial de desprolijidades en investigaciones anteriores que, por supuesto, nos generan legítimas dudas sobre la posibilidad de alcanzar resultados concretos y exitosos frente a este grave atentado que afectó a nuestra región. Lamentablemente, la Fiscalía Regional del Biobío, en gran parte por quien actualmente está a la cabeza, ha demostrado una falta de rigurosidad en distintas causas, lo que ha impedido hacer justicia por las víctimas al terminar sin responsables.

En el mismo tono, Joanna Pérez (DEM), también instó a que la causa sea derivada a otro persecutor. “Hoy debe ser designado a cargo aquel fiscal que tenga más experiencia y especial expertiz en materias de terrorismo y o crimen organizado”, dijo.

Consultado sobre el mismo punto, Leonidas Romero (IND), se sumó a los reproches, insistiendo en que “Marcela Cartagena no debería asumir la responsabilidad de ninguna investigación. Se me viene a la memoria que hace casi ocho años atrás le entregué una carpeta con antecedente sobre financiamiento ilegal de política, con nombres, rut, montos, y no estudió nada. Hemos conocido muchos casos como ese y ahora yo creo que tampoco vamos a tener respuesta, no se van a encontrar a los culpables ni menos se les va a sancionar”.

“He pedido reuniones al fiscal Ángel Valencia para plantear esto, pero el señor no se ha dignado en escucharme ni en recibirle. He pedido reunirme con él para entregar antecedente de lo que está ocurriendo en Biobío, pero no hay opciones y se insiste en mantener a la fiscal Cartagena”, agregó.

Pese a los reproches expresados por sus pares, el diputado Félix González (IND), confía en que se alcancen resultados. “Independiente de la labor de la fiscal regional, hay equipos de la fiscalía y policías, coordinados con otros servicios públicos, que han tenido resultados efectivos especialmente en la provincia de Arauco (...) En este caso en particular, confiamos en que se hará una investigación responsable y esperamos que no se criminalice a las organizaciones ambientales y ecologistas que los oponemos a la construcción de la central Rucalhue”.