Prisión preventiva para dos militares y un civil por tráfico de armas tras incautación de “lanzacohetes”: gobierno anuncia querella

La tarde de este viernes, dos militares activos y un civil quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva por el tráfico de armas que fue detectado en redes sociales donde vendían armamento de guerra.

El operativo lo concretó la Policía de Investigaciones (PDI) ayer, cuando a través de un agente revelador se había concretado la compra de un lanzacohetes, el que era ofrecido a través de Facebook, por un precio de $2.500.000. En la transacción simulada resultó detenido Juan José Sepúlveda, quien reveló que dicha arma había sido vendida por Carlos Parada Donoso, otro funcionario activo del Ejército con quien supuestamente había hecho un negocio en el cual cada uno ganaría un millón de pesos por la transacción.

Este último comentó que el armamento le fue entregado por un teniente del Ejército, lo que terminó con dos allanamientos más y con la incautación de tres lanzacohetes en total.

A raíz de lo anterior, desde la Fiscalía Nacional se informó que los dos funcionarios activos de la institución castrense quedaron en prisión preventiva, mientras que otros dos quedaron con arresto nocturno.

Cabe destacar, que desde el Ejército, aseguraron que los supuestos lanzacohetes corresponden a “envases de material en desuso, percutado y no activo”, explicando a La Tercera, que se trataría de una especie de “carcaza” ya utilizadas de los lanzacohetes modelos AT4.

Asimismo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, catalogó esta tarde la acción de los funcionarios militares como una “traición a la función pública” y anunció la presentación de una querella.

“Por supuesto que nos vamos a querellar”, dijo Monsalve y añadió que “la información de la que disponemos habla de un hecho gravísimo. Estamos hablando de armamento de guerra que era pertenencia de una de las instituciones de nuestras Fuerzas Armadas que fue robado y fue robado por funcionarios de las Fuerzas Armadas”.

“Es tan delicado el tema que es una verdadera traición a la función pública en quienes se deposita la confianza para defender la seguridad exterior del país”, enfatizó la autoridad.

Respecto a cómo se produjo la detección de este armamento, el subsecretario Monsalve destacó que “hay que valorar el proceso de investigación porque primero hay un levantamiento de información a partir de las redes sociales. Esto permite el inicia de una investigación y se usan técnicas que permiten identificar a las personas que estaban ofreciendo este armamento”.

“Esperamos que se apliquen las sanciones más severas”, dijo, asegurando que el trabajo del Ministerio Público y la PDI “tiene la evidencia suficiente”, para que sean así aplicadas en el marco de la Ley de Control de Armas.