La Corte de Apelaciones de Punta Arenas decretó el viernes la medida de prisión preventiva sobre el exdefensor penal público de Puerto Natales, Rigoberto Marín, por cuatro delitos de cohecho agravado.
El abogado había asumido esta función el 1 de julio de 2023 tras reemplazar a Fernanda Benavides. Los ilícitos los habría cometido en agosto y septiembre de ese año, según la información entregada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que agregó que se trataría del primer caso en que un defensor público se ve involucrado en un delito de cohecho en el país.
El 6 de diciembre, fue suspendido de sus funciones tras conocerse esta situación.
Luego, el 28 de febrero de 2024, se realizó su audiencia de formalización tras ser reprogramada. La Fiscalía Regional de Magallanes había solicitado la medida de prisión de prisión preventiva, la cual finalmente fue rechazada por el Tribunal de Garantía de Puerto Natales, que decretó arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y firma mensual en el Ministerio Público en Temuco. Por ello, la Fiscalía Regional decidió llevar el caso a la Corte de Apelaciones.
Conformidad por parte del fiscal regional
Respecto a la medida, el fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, manifestó su conformidad.
“Efectivamente se reformalizó por los delitos reiterados de cohecho, puesto que la investigación hasta el momento tiene acreditado que este imputado, en el ejercicio como defensor penal público, solicitaba coimas a los usuarios del sistema”, señaló.
“Es por eso que el Ministerio Público redobla sus esfuerzos para implementar y mantener una política de tolerancia cero en contra de la corrupción, puesto que este fenómeno, lenta pero seguramente va minando las bases de nuestro sistema democrático”, agregó sobre el caso.
