Los abogados intervinientes en el caso de ProCultura están expectantes a la espera de la formalización de esta arista del caso Convenios o Líos de Platas, y de la entrega de las carpetas de investigación que contienen los antecedentes que el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, ha reunido en lo meses que ha tenido la indagatoria a su cargo.

El secreto de la investigación se venció el pasado 7 de abril y, según fuentes consultadas por este medio, en las próximas semanas el Ministerio Público solicitará formalmente fecha para la audiencia donde se conocerá la manera en que la corporación liderada por el psiquiatra Alberto Larraín ejecutó los millonarios fondos que recibió. Se pesquisan fondos que superan los $ 6 mil millones y que mayoritariamente se les entregó durante el periodo de mandato del Presidente Gabriel Boric, de quien Larraín se jactaba de tener cercanía y llegada.

En dicha audiencia, recién de más de un año y medio de indagación, se conocerá cómo operaba ProCultura, los sueldos que recibían los altos funcionarios y si hubo o no un aumento desmedido de sus patrimonios, lo que configuraría el delito de enriquecimiento ilícito.

Arista emblema

Fue en junio de 2023, a días de que estallara el caso, que la entidad fundada en 2009 por Alberto Larraín y la fotógrafa Ilonka Csillag denunció ante el Ministerio Público que en la suscripción de convenios habían sido “engañados” por el Ministerio de Vivienda.

Sin embargo, no tardaron en salir a la luz eventuales irregularidades en traspasos que daban cuenta de que ProCultura, al igual que Democracia Viva -que constituyó el punto de partida de estas investigaciones-, también estaría implicada en eventuales delitos de fraude al Fisco en la Región de Antofagasta.

De hecho, al poco andar el Minvu puso término anticipado a convenios firmados con ProCultura en Antofagasta, Valparaíso y Biobío, y solicitó judicialmente la restitución de cerca de $ 609 millones. A mediados de julio, además, la UDI se querelló por malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y tráfico de influencias a raíz del acuerdo alcanzado entre la ONG y la Gobernación Regional, encabezada por Ricardo Díaz, para la limpieza y recuperación de fachadas en Antofagasta, por un total de $ 629 millones. Luego, además, se sumaron querellas de diputados del Partido Republicano en otras zonas y de los abogados Nubia Vivanco y Aldo Duque.

Así, en cuestión de meses, el caso se terminó convirtiendo en el más grande del caso Convenios, involucrando tratos firmados en siete regiones, millonarias transferencias y una lista de políticos que asoman como “sujetos de interés” para la indagación. Entre ello, el exjefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, y al menos seis gobernadores regionales oficialistas: Ricardo Díaz (Antofagasta), Rodrigo Mundaca (Valparaíso), Claudio Orrego (RM), Óscar Crisóstomo (Ñuble), Rodrigo Díaz (exgobernador del Biobío) y Jorge Flies (Magallanes).

La otrora primera dama Irina Karamanos también había sido mencionada durante el curso de las pesquisas, dado que un informe de la PDI advertía sobre traspasos que supuestamente había realizado a la ONG de Larraín, aunque esta semana sus abogados descartaron que la profesional fuera imputada. Fueron notificados por el Ministerio Público, como publicó CNN, de que Karamanos tenía rol de “testigo”.

La estrategia

Cuando se origina la arista ProCultura, las primeras diligencias las dirigió la Fiscalía Regional de Antofagasta, aunque tras una primera reagrupación dispuesta por el fiscal nacional Ángel Valencia, fue el hoy suspendido Carlos Palma, titular del Ministerio Público en Aysén, quien asumió la indagatoria.

En junio de 2024, cuando éste comenzó a ser investigado por sus conversaciones con el abogado Luis Hermosilla -imputado en el caso Audio-, Valencia traspasó la causa a Patricio Cooper, quien de acuerdo con intervinientes ha optado por mantener el máximo hermetismo posible en la indagatoria.

Quienes conocen del trabajo que fue realizando, aseguran que levantó antecedentes de los que había dado luces la Contraloría en sus auditorías bajo total reserva, y conformó un equipo especializado que diseñó una estrategia penal que permitió ir avanzando en las hebras investigativas que surgieron en las diferentes regiones bajo secreto.

Y es que la arista ProCultura tiene subdivisiones que el persecutor mantiene en carriles, hasta ahora, separados, lo que ha facilitado que no se filtren mayores antecedentes. Ha podido ir “superponiendo” la reserva de la indagatoria y, así, sostener el secreto por casi diez meses.

Cooper ha evitado reunirse con los abogados querellantes y dispuso de un correo electrónico para recibir solicitudes para acceder a la carpeta investigativa. De todas formas, sólo entregará antecedentes de manera presencial. Por el momento, según conocedores del caso, las pruebas obtenidas ya están en manos del Consejo de Defensa del Estado, organismo que debe estudiar los antecedentes para determinar las distintas acciones legales.

Si bien la fórmula del fiscal, en su minuto, generó dudas y críticas, e incluso se deslizó que pretendía dejar el caso al olvido, los reproches se diluyeron cuando un equipo de 30 detectives de la PDI hizo una serie de allanamientos en Santiago y Concepción, incluyendo el domicilio del propio Alberto Larraín y de quien fuera la representante legal, María Constanza Gómez, entre otros directivos.

Quienes están al tanto del trabajo de los equipos investigadores, además, comentan que tras la querella de Anglo American por estafa, ingresada en octubre, el persecutor también trazó líneas respecto de los fondos que ProCultura fue recibiendo de parte de privados, lo que también amplió los plazos. Habría sido en medio de esas gestiones, en todo caso, que se tomó conocimiento de que había al menos otras cuatro mineras habrían tenido las mismas dificultades con la entidad.

Considerando las distintas hebras del caso es que ahora, cuando se acerca la formalización, Cooper unificaría -aseguran fuentes consultadas- la investigación y materializará las imputaciones. Esto, evitaría formalizar cada arista por separado y pasar por diferentes juzgados de garantía. En una única formalización, que debería concretarse las próximas semanas, el Ministerio Público podrá establecer que los delitos tendrían carácter de reiterado, que hay patrones comunes, lo que facilitaría la petición de medidas cautelares.

Incumplimientos

El 17 de noviembre de 2023, ProCultura comunicó su cierre. Por medio de un comunicado aseguraron que el cese anticipado de los convenios que mantenían con organismos públicos había gatillado su crisis. Acusaron que el Estado incumplió sus compromisos y que se les quitó el apoyo. Fue el inicio, entonces, de la presentación de decenas de acciones judiciales por parte de terceros, quienes arremeten por la vía civil y laboral.

El Gobierno Regional de la RM es uno de esos actores y ante el 7° Juzgado Civil de Santiago reclaman la restitución de $ 1.015.283.548 no rendidos por el programa de prevención del suicidio, “Quédate”. Respecto del mismo, Aseguradora Porvenir (ASPOR) solicita ante el 8° Juzgado Civil que no se haga efectivo el cobro de la garantía que presentó la ONG comandada por Larraín para acceder a esos mismos fondos.

En concreto, reclaman “innominación de prohibición de cobro y pago de pólizas de garantía” presentadas por ProCultura ante el GORE RM como una suerte de “aval” del cumplimiento del contrato. Ya hubo un intento por cobrarla en noviembre de 2023, y su monto asciende a UF 31.125.

A las acciones se suma la Gobernación de Antofagasta, que busca el reintegro de fondos que superan los $ 300 millones por el mencionado convenio de recuperación de fachadas. Por su parte, el CDE mantiene una reclamación para reincorporar a las arcas fiscales $ 108.919.144 que otorgó el Serviu de Valparaíso a la fundación.

Desde la vereda de los privados, la productora gráfica Andros Limitada, quienes presentan facturas impagas por $ 41.925.276 por la impresión de libros para proyectos con mineras, sumó su demanda ante el 1° Juzgado Civil de la capital.

También lo hizo la consultora y productora Esquerré, que sostiene que se le adeudan más de $ 69 millones por actividades realizadas en la Región del Biobío. Así, en el portal del Poder Judicial igualmente se advierten, entre otras, acciones de Masaval, de Asesorías Inmobiliarias y Construcción Limitada, y también de la Fundación Círculo Polar.

Ninguno de ellos ha tenido respuesta de la ONG, como tampoco los trabajadores que hasta noviembre de 2023 dicen haber estado cumpliendo cada una de las tareas que se les encomendaba y a quienes se les prometió que sus finiquitos serían pagados.

Los exfuncionarios, contactados por este medio, insisten en que tanto Alberto Larraín como María Constanza Gómez se comprometieron a responderles y que pese a ello, eso nunca se cumplió.

“Hubo discursos, promesas y hasta llantos, para dar garantía de que se pagaría todo como correspondía. Prometieron hacer gestiones para que los trabajadores fueran internalizados por las empresas mandantes para que fueran contratados. Pero fueron sólo palabras que jamás se cumplieron. Fue una pantomima para que los trabajadores firmaran finiquitos sin fondos”, sostuvo el abogado Héctor Salazar, quien representa a 20 trabajadores de ProCultura que prestaron servicios para el programa de prevención del suicidio del Gore Metropolitano y en proyectos desarrollados por convenios con minera Candelaria en Tierra Amarilla.

Hay más de una veintena de acciones similares, aunque Salazar representa cuatro de ellas que se encuentran en distintas etapas. En uno de los casos, en primera instancia, se condenó a ProCultura por los dineros solicitados por finiquitos impagos y por despidos injustificados, aunque la misma rechazó lo referente a obligaciones del Gore al no acreditar la subcontratación. Eso impide que los trabajadores cobren los dineros a dicha entidad, pese a que fue la receptora final de los servicios. Por ello, recurrieron de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago y están a la espera de pronunciamiento.

En otro de los juicios por trabajadores que prestaron servicios al mismo Gore, siguen a la espera de un pronunciamiento. Y lo mismo ocurre en el caso de quienes formaban parte de los subcontratos para proyectos relacionados con la minera Candelaria en la Región de Atacama.

Evaluaciones

Uno de los querellantes que representa a la UDI, el abogado Pablo Toloza, plantea que, con el tiempo transcurrido y las diligencias hechas por Cooper, cree que el Ministerio Público tiene antecedentes más que suficientes “para solicitar la formalización de varios de los involucrados, por lo menos a la cúpula de la fundación, los cuales a nuestro entender por la extensión de los delitos y la prognosis de pena, debieran quedar en prisión preventiva. Y tampoco podemos descartar que se pueda solicitar el desafuero de algunos gobernadores”.

En línea, el diputado Andrés Longton (RN), quien presidió la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados por este caso, explica que “el caso más grande que le ha tocado conocer al país de fraude, donde creemos que con aparente complicidad política y aprovechando las faltas de control, se buscó adueñarse de recursos públicos de manera grotesca, recursos públicos que iban destinados a temas sociales. Esto va en la línea con las conclusiones de la comisión, por lo que esperamos que el avance del caso en la Fiscalía arroje resultados pronto”.