La explosión del caso Convenios en 2023 no solo provocó un terremoto político, sino que también a nivel de las fiscalizaciones de parte de la Contraloría General de la República. Desde entonces el organismo encabezado por Dorothy Pérez comenzó a poner la lupa sobre las instituciones que realizaron convenios con fundaciones.

En ese contexto, el ente ubicado en Teatinos 56 llevó a cabo el año pasado una serie de fiscalizaciones a la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región del Ñuble, donde detectó irregularidades en los convenios alcanzados por una entidad del Ejecutivo con la Fundación ProCultura, la que también está siendo investigada por el Ministerio Público bajo sospecha de fraude al Fisco, malversación de caudales públicos, entre otros.

Esta no es primera vez que la ONG encabezada por el psiquiatra Alberto Larraín es cuestionada por la Contraloría a raíz de sus múltiples convenios con el gobierno central, así como también con los regionales.

Sin ir más lejos, también, Larraín y su organización están en el ojo de la Fiscalía, la que recientemente levantó el secreto a la investigación y que por estos días se encuentra analizando los escenarios judiciales de una de las causas más importantes del caso Convenios.

El ente persecutor investiga en diferentes regiones -agrupadas en la indagatoria del fiscal Patricio Cooper- las operaciones de la Fundación ProCultura, dados los múltiples, variados y millonarios convenios que alcanzó los últimos años y que van desde charlas culturales a pintura de fachadas de edificios.

Ñuble en la palestra

Una de las razones de la Contraloría para realizar la investigación administrativa de las cuentas y la forma en la que la Seremi de las Culturas de Ñuble realizó sus convenios, fue precisamente para verificar cómo estaba llevando a cabo estos procesos desde su instalación. En ese sentido, en un informe final recientemente emitido por el organismo encabezado por Pérez se incluye la revisión que se realizó el 2023 a la ONG de Larraín.

El convenio alcanzado por la Seremi con la fundación presenta -a grandes rasgos- tres grandes cuestionamientos, principalmente respecto a las rendiciones del proyecto realizado el 2021 y que se denomina “Archivo Fotográfico y Colorea tu Patrimonio”. Iniciativa que integraba el programa “Quiero mi Barrio”, que buscaba impulsar el patrimonio de ciertos barrios de la región.

Sobre el proyecto de Larraín en la región, según Contraloría, hubo una “falta de control y supervisión oportuna a la ejecución del convenio”, dado que se visitó solo una vez en terreno y el resto de las fiscalizaciones fueron a través de correos o por llamadas telefónicas.

Respecto a los recursos, la institución fiscalizadora también detectó que el proyecto tendría un costo total de $33.240.400, de los cuales $16.990.400 serían entregados por la Seremi y otros $16.2500.000 por la propia ONG.

Sin embargo, y pese a aquello, la Contraloría detectó que se constató que se rindieron gastos “asociados a combustible, peajes, estacionamiento, alojamiento, alimentación y pago de remuneraciones que equivalen a un 66% del total, y que, si bien estaban dentro de lo informado por la fundación, estos corresponden a gastos administrativos, por lo que no se enmarcarían en el objetivo del convenio que es, como se ha dicho, desarrollar el proyecto denominado ‘Archivo Fotográfico y Colorea tu Patrimonio’”.

En ese contexto, Contraloría también advirtió que se realizaron gastos diferentes a los que estaban contemplados inicialmente en el convenio, incluso antes de que se aprobara la modificación de este. Por ejemplo, se subió de $530.000 a $895.000 los gastos en traslado, alimentación, entre otros, antes de que fueran autorizados.

Las falencias administrativas

El contundente informe final de la Contraloría sobre la Seremi de las Culturas del Ñuble también agrega que en el proyecto llevado adelante por ProCultura hay ausencia de informes que dieran cuenta de los avances del programa. Específicamente se trata de cuatro documentos que debieron haber sido entregados desde junio a diciembre del 2021, a pesar del tiempo “se constató que no se entregaron los informes de avance de actividades del proyecto”.

En esa línea, además se detectó que otras rendiciones fueron entregadas de forma física y en la gran mayoría en su formato original -como se exige en estos convenios-. Sin embargo, otra veintena de documentos fueron entregados a la Seremi para rendir como una fotocopia.

¿Funcionarios fantasma?

Por otro lado, también se contempló que “seis personas prestaron servicios para el proyecto ‘Archivo Fotográfico y Colorea tu Patrimonio’, y solamente se adjuntaron dos contratos, lo que impide verificar el cumplimiento de las actividades y la pertinencia de los gastos rendidos”.

Junto con eso, igualmente existieron problemas a nivel laboral, como por ejemplo que se rindió el sueldo de un trabajador de la ONG por el mes de junio del 2021, pese a que el convenio empezaba tiempo después. La fiscalización arrojó igualmente que algunos funcionarios de la fundación recibieron dobles remuneraciones, toda vez que eran trabajadores activos de la entidad, pero también rindieron boletas de honorarios para el proyecto en Ñuble.

Por último, y sobre la rendición total, se constató que el monto rendido asciende a un total de $38.010.322, sin embargo, de la revisión de dicho expediente se evidenció que no existe certeza de cuáles fueron los gastos asociados al aporte efectuado por cada una de las partes”, es decir, Contraloría no pudo determinar cuánto fue realmente lo que entregó la Seremi y cuánto dinero destinó la fundación encabezada por el psiquiatra también investigado por la Fiscalía.